El Gobierno advirtió este lunes con iniciar procesos penales contra los dirigentes panificadores de La Paz y El Alto que impidieron el libre expendio del pan de batalla en esta jornada. Aseguró que con ese accionar se atenta contra la soberanía alimentaria de los ciudadanos, hecho que podría ser sancionado con hasta tres años de cárcel.
“Vamos a aplicar la normativa 303 porque esa tiene reclusión de uno a tres años y seremos implacables con quienes chantajearon a las bases y vulneraron la soberanía y seguridad alimentaría de la población de El Alto y La Paz”, advirtió la Ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales.
La autoridad gubernamental informó que la noche del domingo se realizó la elaboración del pan con normalidad pero que la dirigencia del sector panificador a través de amenazas “graves” amedrentó a las bases de ese sector para impedir el libre expendio del producto.
Además manifestó que ante las irregularidades cometidas por los dirigentes ya no se entregará la subvención de la harina tomando por medio de los panificadores, sino de manera directa a los panificadores de base. Morales no descartó incrementar el número de quintales de harina, previa evaluación del tamaño de los hornos, toda vez que si se entregaría de manera indiscriminada 4 quintales por panificador, mucho de ese producto sería destinado al mercado negro.
Este lunes las ciudades de La Paz y El Alto amanecieron con escasez del pan de batalla ya que los panificadores habrían determinado un paro de 48 horas en demanda de cuatro quintales de harina por día a cada horno para garantizar el precio del pan en de 0.40 centavos, según el dirigente del sector, Víctor Núñez.
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Fuente: PAT.
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