Juan Francisco Gonzales Urgel
Probablemente la Disposición Transitoria Primera (inciso ii) de la actual Constitución Política del Estado Plurinacional que dice textualmente: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”, es ampliamente conocida por los bolivianos y bolivianas que observan incómodos los intentos del Presidente Evo Morales por ver legitimada su re reelección para un nuevo período constitucional. Pocos recordarán probablemente que dicha disposición -realizada por el Congreso en octubre de 2008- aprobada en el referendo constitucional del 15 de enero 2009, modificaba lo sancionado por la Asamblea Constituyente en 2007: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución no serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”.Una “maniobra envolvente” –Vice Presidente dixit– pretende zanjar el asunto al interpretar mañosamente que la CPE sería aplicable recién a partir del 22 de enero de 2010, con la renovación de los poderes públicos. Lo cual equivale a decir que desde 7 de febrero de 2009 hasta el 22 de enero de 2010, el país estuvo flotando en un limbo constitucional donde todo acto administrativo de las autoridades podría ser juzgado como nulo, pues la Disposición Final de la actual CPE reza que ésta “(…) entrará en vigencia el día de su publicación en la Gaceta Oficial.” indicando al mismo tiempo, la aplicación de su eficacia normativa.Ahora, los afanes reeleccionistas de Morales han elevado la materia a consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, junto a las facturas de lealtad, habida cuenta de que los tribunos fueron elegidos por el gobierno a través de su brazo legislador en la Asamblea Plurinacional y “legitimados” por votación popular que logró menos del 30% de aprobación de los votantes.Materia tan importante debería ser resuelta en el marco del Artículo 7 de la CPE: “La soberanía reside en el pueblo boliviano (…) es inalienable e imprescriptible”, y el Artículo 11, inciso II.) “La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley: 1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa…”. Esta es la misma soberanía a la que se acudió en el referendo constitucional del 15 de enero de 2009.Como puede verse, no existen “maniobras envolventes” si todo se hace en el marco de la Constitución que costó vidas humanas, meses de tensión social, cuantiosos recursos económicos y sobre todo, un ambiente de división entre los bolivianos que pareciera seguir flotando a medida en que las ambiciones de perpetuación en el poder pasan por encima de las leyes, o las corrompen para servirse de ellas.Los que se van y los que se quedan“Triste suerte la de nuestra América…”, decía el desaparecido escritor y humanista venezolano Arturo Uslar Pietri, “…sus grandes hombres murieron jóvenes como Bolívar, como Sucre, como Martí. Sus dictadores, longevos…” La reflexión viene a cuento por la determinación de Benedicto XVI -el principal hombre de la Iglesia Católica en el mundo- quien en acto de suprema responsabilidad, ha decidido retirarse para dejar su lugar a otro Papa con mayor fuerza para enfrentar los desafíos contemporáneos de la Iglesia. Entretanto, Rafael Correa busca la re elección en Ecuador, Hugo Chávez sacrificó el resto de su salud y la salud económica, social y política de sus ciudadanos en una tercera reelección cuyos beneficios ejercen sus albaceas políticos. Ortega va por el mismo camino en Nicaragua, y Evo Morales busca lo suyo a pesar de la Constitución boliviana. Cristina Kirchner con seguridad, no resistirá la tentación.En la hora de las sombras largasLos recientes acontecimientos que vive el país han desempolvado, con razón, los pedidos recurrentes de mayores y más estrictas penas contra violadores y asesinos de mujeres. La figura del feminicidio vuelve a la palestra reforzada porque el más paradigmático de estos hechos fue perpetrado por un miembro de la Policía Nacional, integrante de una fuerza de élite (UTARC) que sirviera al gobierno plurinacional para acometer contra los supuestos “terroristas” comandados por Rózsa. La reciente víctima, Hanalí Haycho –una periodista- había reportado 5 denuncias previas por malos tratos sin ser escuchada por las autoridades. Dos camaradas del victimario, el Capitán Walter Andrade y Marilyn Vargas Villca, también miembros de la UTARC, y probados confidentes del gobierno en el caso Rózsa, gozan de sendos exilios dorados en alguna legación extranjera cobijados por la ALBA. Ya las aguas habían arrastrado consigo la masacre de El Porvenir, y revolcado los abusos de Chaparina. Ya las redes de extorsión que ejercían violencia desde el Ministerio de Gobierno se habían acallado, misteriosamente arropadas por un “silencio procesal” cargado de sospechas, cuando surgieron las voces de nuevas víctimas a pesar de los intentos por mantener las cosas bajo siete llaves. Pero se había sedimentado la sensación de que la violencia provenía de victimarios -de una u otra forma- portadores de algún tipo de autoridad.Como individuos estamos expuestos a modelos de violencia en sus diversas manifestaciones. El hogar, la familia, las tradiciones, pueden ser portadoras de hábitos violentos, pero la vida en sociedad nos corrige. Las sociedades contemporáneas parecen percibir la violencia con mayor sensibilidad pues la información de que se dispone hace consciente al individuo sobre sus derechos, al ejercicio de sus libertades, y no sólo a defender la vida como acción instintiva. Si ésta percepción no es acompañada por las autoridades, por las instituciones del Estado, la violencia pasa a la actitud permanente y arraiga como cultura. La violencia a menudo está estrechamente vinculada con el poder, con la potestad de imponer la voluntad sobre los demás por la fuerza. No es casualidad que donde existen regímenes autoritarios la violencia se manifieste desde el Estado con el uso desproporcionado y abusivo de la fuerza, o que la misma sociedad irrumpe y rebase esta capacidad de contención, ya sea traducida en inseguridad ciudadana, o en violencia callejera y doméstica.Como ejemplo, en 2012 Venezuela registró 21.800 muertes violentas producto de la inseguridad ciudadana –más de 59 por día- y recientemente la Fundación Nueva Democracia, en estudio realizado durante septiembre 2011 y septiembre 2012, contabilizó 733 violaciones de los derechos humanos en Bolivia –casi tres por día, sólo en materia de derechos civiles y políticos- sin contar los casos de Leopoldo Fernández, el asilo político al que fuera obligado Roger Pinto, los 39 imputados por el caso Rózsa, los muertos de La Calancha, Huanuni, Hotel las Américas, ni los abusos perpetrados en Chaparina. No hay datos oficiales de Cuba pues la revolución abolió, hace 54 años, todos los derechos que podían ser violados por la dictadura. Evo Morales prometió convertir Bolivia en un país similar a suiza en 10 años. Ya pasan siete, ¿apostamos a los tres restantes?