El principal mecanismo gubernamental para remover autoridades opositoras ha muerto jurídicamente, luego de que el Tribunal Constitucional declarase la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley Marco de Autonomía, que establecían la suspensión de funcionarios a simple acusación del fiscal.De esta manera, la guillotina del MAS se desarma y cae al suelo hecha pedazos, y aunque sabemos que el oficialismo intentará otras vías para seguir tumbando autoridades no alineadas con su partido, lo cierto es que ya nada será lo mismo.Hay quienes opinan que en todo esto hay una jugada maquiavélica, tendiente a generar confianza ciudadana hacia el Tribunal Constitucional, que luego procederá -con ese crédito- a declarar la constitucionalidad de la postulación de Evo Morales a una nueva reelección.Sin descartar por completo esta posibilidad (en el país de las “maniobras envolventes”), nos resulta evidente que existe una genuina crisis del antes férreo control del gobierno sobre la justicia, ya que ésta parece haber cobrado vuelos de independencia luego del caso Ostreicher, que significó la caída en desgracia de los operadores ministeriales encargados de manipular o forzar al sistema judicial. Ahora, el debate se centrará en qué sucede con los alcaldes, gobernadores y concejales removidos mediante la mencionada ley. Desde el oficialismo se alega que la no retroactividad de la sentencia del Tribunal sólo implica que la norma no pueda aplicarse a nuevos casos, sin que se revise la situación de los ya suspendidos.Se trata de una interpretación falaz, ya que, si bien nada podrá devolverle el tiempo fuera del cargo a estos funcionarios electivos, tampoco puede pretenderse que la ley-guillotina siga en acción para ellos. Ergo, deben ser restituidos de inmediato en sus funciones, terminando con los polémicos interinatos…[email protected]