Cuando la Gobernación encontró las irregularidades y pidió explicaciones al Comité de Vigilancia, entonces presidido por Johnny Morales, éste devolvió 70 mil bolivianos, supuestamente mal descargados por la secretaria de esa institución y referidos a los gastos telefónicos observados.
Trabajo. Una obra en El Alto, que debe ser fiscalizada por el Comité de Vigilancia. Foto: Miguel Rivas
La Razón / El Alto, Bolivia
La Unidad de Gestión y Evaluación Financiera de la Gobernación de La Paz detectó movimientos económicos sin justificación en el Comité de Vigilancia de El Alto que alcanzan a 234 mil bolivianos, por lo que determinó congelar sus cuentas.
Esta unidad observó el informe presentado por el Comité de Vigilancia del primer semestre de 2012. Son dos puntos los irregulares. Primero, un gasto considerado excesivo de 157 mil bolivianos en llamadas telefónicas, y segundo facturas presentadas con montos sin especificar en qué fueron utilizados. La cifra en cuestión llega a 77 mil bolivianos, detalló el encargado de Manejo, Administración y Jurisdicción de Control de la Gobernación, Felman Hidalgo.
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Cuando la Gobernación encontró las irregularidades y pidió explicaciones al Comité de Vigilancia, entonces presidido por Johnny Morales, éste devolvió 70 mil bolivianos, supuestamente mal descargados por la secretaria de esa institución y referidos a los gastos telefónicos observados.
Pero la investigación acerca del dinero cuestionado continúa hasta la fecha, los fondos de esa organización de control siguen congelados y esta entidad aún no entregó sus descargos, los cuales son aguardados por la Gobernación para una posible rehabilitación de fondos, según Hidalgo. Aunque el cuestionado Morales aseguró que se presentaron los informes. Pero la Gobernación dice lo contrario.
Esta organización de vecinos creada para fiscalizar las acciones y el presupuesto de la Alcaldía recibe anualmente un millón de bolivianos, unos 88 mil bolivianos mensuales. Este dinero no puede ser utilizado dispendiosamente, sino en actividades definidas de manera específica como combustible, capacitaciones, llamadas telefónicas, inspecciones, inauguraciones, reuniones y otras actividades propias de la fiscalización.
A las dos observaciones al manejo financiero, se sumó el proceso judicial por malversación de fondos seguido por el Comité de Vigilancia a su expresidente, de la gestión 2008, Néstor Estaca, para que la Gobernación decida solicitar a la Alcaldía la suspensión de las cuentas de esta entidad.
El proceso judicial en contra de Estaca continúa y fue motivado por un daño económico de 114 mil bolivianos, que supuestamente extrajo de forma irregular este exrepresentante.
De la gestión 2012, 432 mil bolivianos fueron detenidos por las autoridades. Los fondos de 2013 tampoco están siendo erogados al Comité. En 2010, esta entidad también tuvo el mismo problema y en los dos semestres, es decir que en ninguno hubo una presentación de informes. En 2011 los descargos fueron aceptados y no se tuvo problemas.
La oficial Mayor Administrativa Financiera de la Alcaldía, Beatriz Aruquipa, manifestó que las cuentas seguirán en statu quo mientras no haya un pronunciamiento de la Gobernación.
Sustento legal de la retención
Decreto
Según el Decreto Supremo (DS) 28966 Fondo de Control Social son causales de suspensión de recursos de fondos cuando no se presentan los descargos en los plazos establecidos y cuando se evidencia conflictos entre representantes del comité.