Oficialismo minimiza fotografías y pide cerrar caso por denuncias contra el fiscal Marcelo Soza. En tanto, el caso Rozsa retoma vigencia por vulneración de DDHH.
Oposición presume nexos entre asesores de Morales y “la red”
En las nuevas imágenes presentadas por Gonzáles aparecen Miguel Toranzo Claure, miembro de Abogados por el Cambio; Cory Balcazar de Achá, detenida en Palmasola por el caso extorsión; Eusebio Gironda, asesor del primer mandatario y exministro de Trabajo de Jaime Paz Zamora.
La senadora de Convergencia Nacional (CN), Carmen Eva Gonzales, presentó nuevas fotografías que denotan una presunta relación entre los abogados de la denominada red de extorsión que operaba desde el Ejecutivo con asesores legales que llegan incluso hasta el presidente Evo Morales. Si bien las tomas muestran por ejemplo a Cori Balcázar, una de las implicadas en el escándalo de la citada red, junto a Eusebio Gironda, hombre cercano al primer mandatario éstas no serían pruebas según el oficialismo.
Al respecto, el diputado de Convergencia Nacional (CN), Tomás Monasterios, aseveró que esta es una prueba clara de la manipulación de la justicia, toda vez que las imágenes comprometen a personas que se sientan en la misma mesa que el presidente Evo Morales y trabajan con él día a día.
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“Si tienen sangre en la cara no podrían salir a desconocer, a decir que este asesor no tenía vínculos con el presidente, sería realmente vergonzoso seguir la línea y tratar de tapar esta lamentable realidad”, apuntó.
Dijo que es el momento preciso para pedir que el Ministerio Público actúe de acuerdo con la ley toda vez que se debe cortar de raíz que calificó como presunto tráfico de influencias. “Debo pedir vehementemente al Ministerio Público de que se una vez hagan caso estricto de lo que manda la ley, nosotros creemos que no puede seguir siendo un instrumento para seguir tapando la impunidad y seguir protegiendo privilegiados del Palacio Quemado”, señaló.
Por su parte, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Galo Bonifaz señaló que el afán de la senadora Gonzáles sólo es producto de un “show político”, toda vez que los videos o fotografías no son prueba aplicada en términos judiciales y sugirió que el Ministerio Público debería archivar el caso.
“Lo que está haciendo es un show político, porque cualquier video o fotografía no representa una prueba para un proceso, como ella quiere. ¿De qué delito le está acusando al señor Soza?, no hay un delito, los delitos son específicos, entonces lamentamos que la Senadora utilice los medios de comunicación para confundir a la opinión pública, eso no representa ningún indicio para iniciar un proceso de investigación; es más, la Fiscalía, en este caso el fiscal Quenta, ya debería archivar este caso porque cuando se la cita a la senadora no aporta con los elementos que ella supuestamente dice tener, todo es confuso, una estrategia política de seguir defendiendo a los delincuentes, a los que han maltratado a los indígenas, no tiene mucha relevancia para nosotros si hablamos jurídicamente”, dijo.
En ese contexto, la diputada Alejandra Prado (CN), hizo pública la carta que envió el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales de la Oficina del Alto Comisionado para DDHH de Naciones Unidas, Christof Heyns, al gobierno de Evo Morales pidiendo la investigación del caso Rozsa.
La carta, fechada el 6 de septiembre del 2012, solicita al presidente Morales una investigación exhaustiva a los hechos ocurridos en el hotel Las Américas de Santa Cruz sobre el asesinato de Michael Dwyer, ciudadano irlandés, Arpad Magyarosi, ciudadano húngaro y Eduardo Rózsa Flores, ciudadano boliviano-húngaro.
Prado afirmó que la carta señala un plazo de 60 días para que el Gobierno boliviano entregue al Alto Comisionado de Naciones Unidas las investigaciones del caso Rozsa, investigación, dijo, que a la fecha no se tiene conocimiento de que se haya realizado.