En su informe anual refleja preocupación por corrupción en juzgados. La ONU recomienda investigar a fondo a los involucrados en el grupo extorsivo desbaratado en noviembre de 2012 y que implica a funcionarios, jueces y fiscales. Cuestionan la justicia.
ONU afirma que caso extorsión socava la credibilidad de justicia
Desafíos. El organismo internacional pide a las autoridades realizar una investigación exhaustiva para erradicar la práctica de la extorsión en las instituciones públicas.
Página Siete / La Paz
La red de extorsión, que involucra a ex autoridades y fiscales, se constituye en una amenaza a la credibilidad del sistema judicial y del Ministerio Público, alerta un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La corrupción y la retardación en la administración de justicia son otros temas de preocupación para las Naciones Unidas, que ante la presencia de una red de extorsión, que operaba desde el Gobierno y el sistema judicial, determinó realizar un “monitoreo” del caso del estadounidense Jacob Ostreicher.
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El representante de las Naciones Unidas en Bolivia, Denis Racicot, afirmó ayer que este caso es “muy grave” y “afecta las estructuras del Estado y de la administración de justicia”.
Recordó que los temas observados en su informe 2012 también fueron mencionados en los documentos anuales anteriores. También dijo que pese a las acciones que asumieron las autoridades judiciales electas con relación a la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y el acceso a la justicia, no se lograron esas reformas a corto plazo.
La red de extorsión, que involucra a autoridades del Gobierno, fiscales y jueces, fue descubierta en noviembre del año pasado después de que hubo denuncias de cobros al estadounidense Ostreicher.
Por este caso hay al menos 13 detenidos en la cárcel de Palmasola, entre ellos los ex funcionarios gubernamentales y ex fiscales Boris Villegas, Denis Rodas, Fernando Rivera, Isabelino Gómez y Edward Mollinedo.
El Alto Comisionado recomendó a las autoridades del Ministerio Público y del sistema judicial una “investigación urgente y de fondo con el fin de identificar a los involucrados en la presunta red de extorsión en los poderes Ejecutivo y Judicial”.
Asimismo, recomendó a las autoridades gubernamentales realizar una “investigación exhaustiva y transparente que dé resultados” para erradicar casos de extorsión e irregularidades de las instituciones públicas.
El Gobierno afirmó que la red de extorsión no alcanzó a altas autoridades del Estado como denunciaron implicados en este caso. Por ejemplo se mencionó a la ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, y al embajador de Bolivia en las Naciones Unidas, Sacha Llorenti.
La oficina de la ONU en el país pidió acceder al cuaderno de investigaciones y visitó al fiscal del caso, también a los jueces y a otras autoridades.
En medio de estas observaciones, esa entidad advirtió de las limitaciones en el acceso a la administración de justicia, ya que no existe un incremento de jueces conforme a la presentación de procesos legales.
También observó la inexistencia de una política definida para reducir la retardación de justicia en las ciudades capitales de departamento y en El Alto, que alcanzaría en 2011 al 55%, mientras que en materia penal, al 71%.
ONU pide al Gobierno plan para investigar red extorsiva
Derechos humanos en Bolivia. Recomienda al Ministerio Público investigar a fondo a los involucrados en el grupo desbaratado en noviembre de 2012 y que implica a funcionarios, jueces y fiscales. Cuestionan la justicia.
Foto: El exfiscal del Distrito Isabelino Gómez es acusado de formar parte dela red.
EL DEBER
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (Oacnudh) solicitó al Gobierno y al Ministerio Público ejecutar un plan de acción, con el objetivo de investigar la red de corrupción que se descubrió en noviembre del año pasado y que operaba en instancias ministeriales, fiscales y del Órgano Judicial.
La recomendación se encuentra en el Informe 2012 de este organismo, sobre las actividades de su oficina en Bolivia, que fue presentado públicamente ayer en la ciudad de La Paz por el representante de la Oacnudh en Bolivia, Dennis Racicot, ante los periodistas, representantes del cuerpo diplomático e instancias de organizaciones sociales, en tres reuniones indistintas.
“Que el Ministerio Público realice una investigación urgente y de fondo, a fin de identificar a los involucrados en la presunta red de extorsión en los poderes Ejecutivo y Judicial, con miras a erradicar esta grave e ilegal práctica de las instituciones públicas”, dice en una de sus líneas.
Más adelante, la oficina de la ONU demanda que el Gobierno adopte un plan de acción para investigar la extendida práctica de corrupción en los sistemas judicial y penitenciario y tome medidas para prevenir estos actos en el futuro.
Además, sugiere al Ministerio Público disponer “cuanto antes la elaboración de un nuevo código de conducta y régimen disciplinario para fiscales”, a fin de prevenir la participación de integrantes del Ministerio Público en actividades de extorsión.
El 3 de junio de 2011, el estadounidense Jacob Ostreicher fue detenido por presunta legitimación ilícita de capitales. Denunció haber sido víctima de extorsión por parte de funcionarios del Ministerio de Gobierno, que representaban a esa institución en el proceso en su contra. En noviembre, fue destapada por el Gobierno una red de extorsión que involucraba a funcionarios del Órgano Ejecutivo y Judicial.
Al finalizar el año, siete de estas personas habían sido detenidas por estos hechos, entre ello, el exfuncionario del ministro de la Presidencia José Manuel Antezana; los funcionarios del Ministerio de Gobierno, Dennis Rodas, Fernando Rivera y Boris Villegas; y el fiscal Isabelino Gómez.
Están involucrados también la abogada María del Rosario Espada, el exfuncionario de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Ramiro Ordóñez, y hay otras siete personas involucradas en el caso.
“La existencia de una red de extorsión dentro del poder (Órgano) Judicial constituye una seria amenaza a la credibilidad de la administración de justicia en el país. El presidente Morales se comprometió a que la investigación en curso se realice de manera exhaustiva e identifique a todos”, dijo Racicot, durante la presentación del informe 2012.
Transparencia valora
El Ministerio de Transparencia, por su parte, valoró que en un acápite del informe de Derechos Humanos de la ONU se resalte los esfuerzos que ha hecho el Gobierno para luchar contra la corrupción.
“En el marco del capítulo referido a la administración de justicia y lucha contra la impunidad, el informe general sobre la situación de los Derechos Humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia, correspondiente a la gestión 2012, destaca que el Gobierno boliviano persistió en sus esfuerzos para combatir la corrupción, pese a que los funcionarios públicos involucrados en tales esfuerzos, particularmente en el Ministerio de Transparencia, y sus familiares, hayan enfrentado frecuentes amenazas de muerte u otras presiones”, recuerda.
Según datos oficiales relativos al periodo 2007 de esta cartera de Estado que dirige su titular, Nardi Suxo, hasta septiembre de 2012 se dictaron 62 sentencias por delitos vinculados con corrupción contra funcionarios y exfuncionarios, incluyendo siete en 2012.
Un comunicado del ministerio establece que, en ese marco, “esta cartera de Estado ratifica su compromiso con el mandato presidencial de ‘cero tolerancia a la corrupción’, impulsando acciones concretas con resultados contundentes, tanto en materia de prevención como en la búsqueda de la sanción de los hechos de corrupción, pese a las amenazas constantes y a la intencionalidad de desprestigiar, de manera permanente, el trabajo incansable contra el flagelo de la corrupción, en bien de los bolivianos y bolivianas”.
Derechos adquiridos
Además, el Informe 2012 destaca que el año pasado se apreciaron avances en cuanto al goce de los derechos económicos, sociales y culturales, gracias en gran parte a los programas de transferencia monetaria y otros programas sociales.
En particular, el documento expresa que los índices de pobreza y de pobreza extrema siguieron disminuyendo paulatinamente, así como la deserción escolar. Bolivia completó la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
“También se registraron avances en las políticas públicas para prevenir y sancionar la prevalente práctica de racismo”, señala el documento.
“Se aprobaron importantes leyes a favor de los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad y de los refugiados, y en contra de la trata y tráfico de personas. Asimismo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional el delito de desacato”, resume la Oacnudh
Racicot recomienda continuar en la CIDH
El representante de la oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Denis Racicot, abogó ayer para que Bolivia permanezca como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tiene nexos con la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Deseo que Bolivia se quede para fortalecer el sistema regional de derechos humanos”, dijo Racicot a los periodistas tras presentar el Informe 2012 sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia.
El diplomático recordó el rol que cumplió el sistema interamericano de derechos humanos sobre el accionar de las dictaduras militares en el Cono Sur donde hubo muchas víctimas, especialmente en Argentina y Chile.
La posibilidad de que Bolivia se retire de la CIDH fue anunciada el lunes por el presidente Evo Morales, después de que la comisión iniciara el viernes, en Washington, las audiencias para atender una demanda en contra del Estado boliviano interpuesta por los indígenas del Tipnis.
A la audiencia asistieron los dirigentes Adolfo Chávez y Fernando Vargas, por los demandantes, mientras que en representación del Gobierno acudió el ministro Carlos Romero, que llegó acompañado de los originarios Melva Hurtado, Gumercindo Pradel y Carlos Fabricano. /ANF
Opiniones enfrentadas
“El informe de la ONU destaca que el Gobierno persistió en sus esfuerzos para combatir la corrupción, pese a que los funcionarios y sus familiares hayan recibido amenazas”.
Nardi Suxo / Ministra de transparencia
“Será importante respetar el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia y también llegar a resultados para sentar el camino a la credibilidad del sistema judicial”.
Dennis Racicot / Representante de Oacnudh