Una revelación a 11 meses del refugio del senador Roger Pinto, opositor al gobierno de Evo Morales. Entre lo judicial y lo político: crónica y cronología del caso.
Brasil mandó un emisario que fracasó en intento de sacar a Pinto
Una fuente cercana a la Embajada de Brasil y otras revelaciones y evidencias demuestran que en el vecino país crece el interés por resolver de una vez el caso del político asilado.
Página Siete, La Paz
El senador Pinto saluda a una vigilia que se hizo a su favor. APG
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La última semana de febrero Brasil envió a Bolivia a un “negociador” que tenía la misión de lograr el salvoconducto para el senador Roger Pinto y dar así curso pleno al asilo que ese país le concedió al opositor en junio de 2012.
Según contó a Ideas una persona cercana a la embajada de ese país en La Paz, donde Pinto está refugiado desde el 29 de mayo del año pasado, Clemente Baena Soares de Lima, encargado de esa tarea, llegó de forma reservada y mantuvo en su estadía un “bajo perfil”. El diplomático logró reunirse con altas autoridades del Gobierno y con el propio Pinto.
Este dato último fue corroborado por una persona allegada al senador, quien, no obstante, no dio mayores detalles. Pero sobre el propósito del emisario, el informante resume que “el objetivo de Baena era conseguir el salvoconducto”.
Baena, “alto miembro” de Itamaraty e hijo de un notable ex canciller de Brasil es director del Departamento de América del Sur II. Tiene una amplia carrera diplomática y entre las instancias en que se desempeñó está la Organización de Estados Americanos.
Consultado respecto a este informe, Adrián Oliva -uno de los diputados de Convergencia Nacional que sigue el tema- afirmó que entre las autoridades que llegaron de parte del Ejecutivo de Brasil por el caso Pinto, conoció de la presencia de “una persona que fue encomendada específicamente para ver este tema”, y ve que es “probable de que estemos hablando de la misma persona”, aunque evitó entrar en mayores “especulaciones” y no quiso confirmar si se trató o no de Baena.
Baena seguía en Bolivia a principios de abril, justo cuando llegó el canciller brasileño Antonio Patriota. La idea, según la fuente reservada, era retomar su misión original pero los esfuerzos del emisario tampoco tuvieron éxito.
En su estadía, Patriota se reunió con el canciller boliviano David Choquehuanca y con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en Cochabamba, cita en la que fue notoria la ausencia del embajador brasileño en Bolivia, Marcel Biato.
Se desconoce qué se trató en esa reunión, pero debió ser algo álgido, pues el diputado Luis Felipe Dorado –correligionario de Pinto- afirma que después de ese encuentro no se le permitió a Pinto recibir más visitas que las de sus familiares cercanos y su abogado; es más, cuenta que de inmediato Biato dejó inexplicablemente el país.
¿Más hechos que contribuyan a acrecentar la incógnita sobre este caso y sobre las relaciones bilaterales Bolivia-Brasil?
A fines de marzo, Ricardo Ferraço, presidente del Consejo de Asuntos Exteriores del Legislativo de Brasil, visitó a los 12 hinchas del club Corinthians que están detenidos en Oruro acusados por la muerte de un aficionado de San José durante el partido del 20 de febrero entre ambos equipos.
Entonces Ferraço también visitó a Pinto y, aunque en La Paz no trascendió nada, a su retorno a Brasil sostuvo que los brasileños detenidos son “son objeto de negociación política” de parte del Gobierno de Bolivia y sobre el caso Pinto.
En ese contexto, el 4 de abril el Senado de Brasil interpeló al canciller Patriota. En el acto, éste admitió que su despacho realizaba gestiones “confidenciales” en torno al asunto y, según el diputado Dorado, esa autoridad también “quedó” en que Biato retornaría a Bolivia.
Oliva, por su parte, contó que el 18 de ese mes el ministro brasileño de Justicia, José Eduardo Cardoso, llegó en busca de reunirse con el presidente Evo Morales. Ante la imposibilidad, le ofrecieron reunirse con el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, pero esa cita tampoco se concretó.
Respecto a lo de Biato, Oliva señaló que Patriota ante el Legislativo de su país “ha tratado de minimizar la ausencia del embajador Biato y de negar cualquier situación o fricción que se hubiera generado en Bolivia respecto al manejo de la administración de la embajada”, algo que en el fondo “demuestra que sí han existido problemas”.
Finalmente, la pasada semana Biato regresó a La Paz con un respaldo “fuerte” del Parlamento brasileño y de “los actores de Itamaraty”, según afirma a Ideas el informante.
Por otro lado, fuente reservada indicó que incluso el embajador boliviano en Brasil, Jerjes Justiniano fue convocado por el congreso de ese país para tratar sobre el tema, pero esta versión no pudo ser corroborada con autoridades bolivianas.
Pero ¿por qué los legisladores brasileños han tomado mayor protagonismo en este caso que pareció no interesarles durante varios meses?
Dorado afirma que debido a que a nivel de los gobiernos no se está avanzando, los legisladores de Brasil decidieron “actuar directamente”, tomando en cuenta que no es saludable para la imagen brasileña que no se consolide una decisión política suya, como fue asilar a un político de otro país.
Oliva reafirma: “su protagonismo (de los legisladores brasileños), que ha ido creciendo, se explica porque estamos a punto de llegar a un año del asilo y hasta el momento no hay respuestas claras”.
Para conocer la postura y versión del Ejecutivo, este medio intentó contactar, por vía telefónica, al vicecanciller Juan Carlos Alurralde, pero hasta el cierre de esta nota no se tuvo éxito.
Carlos Aparicio, diputado del MAS, sostuvo que si el oficialismo otorga el salvoconducto a Pinto, que está siendo procesado por la justicia por’., “sería algo funesto”, porque “cualquier delincuente” pediría asilo a la Embajada de Brasil.
Mientras que la presidenta de la Comisión de Política Internacional de Diputados, Erica Claure, sostuvo que no es correcto que Pinto esté “privado de libertad”, sin que el Ejecutivo dé la autorización de su salida, algo que va en contra de lo que la Constitución establece sobre que “la libertad es uno de los valores más preciados”.
Pablo Peralta
“Clemente Baena Soares de Lima, encargado de esa tarea, llegó de forma reservada y mantuvo en su estadía un ‘bajo perfil’”.
Punto de vista
Karen Longaric
Diplomática
El Gobierno queda mal en su negativa de otorgar el salvoconducto al senador Pinto. Pero por lo visto no le interesa mucho cuidar una imagen como país respetuoso de los derechos humanos. Parece que le tiene sin cuidado aquello, tanto respecto a la opinión pública nacional, como internacional. En ese sentido, habrá que tener paciencia en este caso y esperar que el Gobierno reflexione y se dé cuenta que con esa actitud obcecada de no otorgar el salvoconducto está poniendo en riesgo a una de las instituciones más importantes que tiene América Latina y habrá que esperar también que Brasil sea consecuente.
Brasil es un país demócrata, con una gran trayectoria en este tema y que ha respetado esta institución, y esperamos que siga respetándola y que siga sosteniendo el asilo que ha otorgado.
Julieta Montaño
Abogada especialista en DDHH
El Estado boliviano está fallando a sus compromisos de conceder asilo a aquellas personas que se consideren perseguidas políticas, porque efectivamente hasta ahora no se ha establecido que exista una razón de delito común, que justifique la persecución al senador Pinto. Incluso muchas de las denuncias que él hizo y que dieron lugar a los procesos que se le han abierto más bien se van como confirmando a través de los hechos que se suceden en el país.
Entonces, Bolivia está obligada a dar el permiso para que salga del país.
Evidentemente Brasil sin ese permiso no puede sacarlo al señor Pinto y seguramente en algún momento la defensa del señor Pinto tendrá que recurrir ante organismos internacionales por violación a los derechos fundamentales del señor Pinto, porque se le está privando del derecho a la libertad, del derecho a la locomoción, que por mucho que se a una embajada, él está privado de su libertad.
Entre lo judicial y lo político: crónica y cronología del caso
Incidencias, versiones y repercusiones.
Página Siete, La Paz
Por Abecor
Cuando Brasil otorgó asilo al senador Roger Pinto, éste tenía pendientes 20 procesos judiciales, todos interpuestos por el oficialismo, en las jurisdicciones de Pando, La Paz, Santa Cruz y Sucre.
“A cada denuncia que hice por corrupción o narcotráfico se me abrió un proceso penal por desacato, sedición o difamación, entre otros”, sostuvo el legislador en una carta que difundió a los medios el 29 de mayo de 2012 a través del diputado Adrián Oliva.
Fue precisamente ese día que Pinto se apersonó a la Embajada de Brasil de la que se negó a salir, tras presentar el requerimiento de asilo.
Han pasado ya 11 meses y aunque el 8 de junio de ese año Brasil oficializó la otorgación del asilo, con el tiempo el tema dejó de ser mediático. No obstante, está claro que la negativa del Gobierno a emitir el salvoconducto que Pinto necesita para no ser detenido mientras se traslade al vecino país, es un hecho que atenta contra las buenas relaciones bilaterales.
“El Gobierno brasileño decidió conceder asilo al ciudadano boliviano Roger Pinto Molina, a la luz de las normas y de la práctica del Derecho Internacional Latinoamericano, y basado en el artículo 4, inciso X de la Constitución Federal”, se lee en la web de Itamaraty.
En su primera intervención sobre el asunto, el 12 de junio de 2012, el presidente Evo Morales declaró que quienes buscan el “asilo político” en democracia “son los corruptos que le temen a la justicia”.
Este posicionamiento fue corroborado y reiterado por distintas autoridades del Ejecutivo y Legislativo, quienes luego de conocer la decisión, lamentaron que Brasil procediera de esa forma.
Derivados de este tema, surgieron otros debates e incluso el Movimiento Al Socialismo aceptó debatir la nulidad de la figura legal del desacato -casi la mayoría de los delitos que se le imputan a Pinto se correspondía a ésta-, que finalmente fue eliminada en noviembre de 2012.
El 14 de junio, el canciller David Choquehuanca consideró que aún era posible que Brasil revoque el asilo político al senador Pinto. “Todo es posible, nosotros tuvimos un caso de los paraguayos que se les otorgó refugio en Bolivia y una vez que el Presidente de Paraguay (…) entregó información fundada al presidente Morales, se revocó este refugio”, argumentó la autoridad.
El 16 de julio de 2012, la prensa difundió que el entonces fiscal general, Mario Uribe, amenazaba con enjuiciar a las autoridades que den un salvoconducto a Pinto.
Días después, el embajador de Brasil en Bolivia, Marcel Biato, pidió al Ejecutivo “zanjar” el tema del asilo político. La ministra de Comunicación Amanda Dávila deploró las palabras del diplomático y calificó el asilo a Pinto como una “decisión acelerada”.
En ese mismo mes se conoció otra carta que hizo pública Pinto, en la que le dice a Morales que “abusa del poder”, y que si bien el Ejecutivo puede negarle el salvoconducto, no impediría que sea “auténticamente libre”. Desde entonces el legislador no se volvió a pronunciar de forma pública.
“Lo que sí está claro es que éste es un tema que está demorando en su resolución. El Gobierno boliviano no está contribuyendo. Hay un exceso de soberbia, lo que es lamentable”.
Adrián Oliva, diputado de Convergencia Nacional
“No es el Gobierno el que está persiguiendo a Pinto, es el Órgano Judicial, con toda su independencia. Nosotros como Ejecutivo y Legislativo respetamos la independencia de los órganos”.
Carlos Aparicio, diputado del Movimiento Al Socialismo