Tras investigación in situ Amnistía Internacional en su informe 2012 revela las restricciones gubernamentales contra los medios privados, al puntualizar los juicios contra tres periódicos. Menciona el uso indebido de la justicia para perseguir a políticos opositores.
En Bolivia usan la justicia para perseguir opositores
Según Amnistía Internacional.
El Diario, La Paz
Amnistía Internacional está preocupada por la falta de transparencia del proceso de reparación a víctimas y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional presentó su informe sobre los derechos humanos en 159 países durante el año 2012, en el acápite referido a Bolivia señala que "Se recibieron denuncias de uso indebido del poder judicial, contra personas que se oponían al Gobierno o lo criticaban", además que los retrasos en la administración de justicia "derivaron en impunidad".
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Amnistía Internacional también está preocupada por la falta de transparencia y el carácter injusto del proceso de reparación a víctimas y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, ya que de 6.200 personas solicitantes, sólo 1.700 reunían requisitos para ser beneficiarias. Estas personas aún protestan en carpas instaladas frente al Ministerio de Justicia.
En el caso de la masacre de Pando, ese organismo internacional señala que prosiguieron, aunque con retrasos, las actuaciones judiciales relativas a la masacre de Pando de 2008, en la que murieron 19 personas, en su mayoría campesinos y otras 53 resultaron heridas.
En cuanto al caso Terrorismo I, señala que al concluir el año no se habían investigado las denuncias de ausencia del debido proceso ni los homicidios de tres hombres muertos en 2009 (Eduardo Rósza Flores, Arpad Magyarosi y Michael Martin Dwyer)
Con relación al Tipnis, para Amnistía Internacional aún no se respeta el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a dar su consentimiento libre, previo e informado en los proyectos de desarrollo que les afectasen, esto sobre la intención gubernamental de construir una carretera en esa reserva forestal.
"En julio, el Gobierno decidió continuar con la consulta pese a que sólo había llegado a un acuerdo con algunas de las comunidades indígenas. En octubre, antes de concluir la consulta, comenzó la construcción del primer tramo de carretera por fuera del parque y territorio indígena", se dice en el documento que lamenta que al finalizar 2012 no se había procesado a ninguno de los policías responsables de ejercer fuerza excesiva durante las protestas pacíficas de 2011 contra la construcción de la carretera.
Mallku Khota fue otro tema abordado porque hubo violentos disturbios entre las comunidades locales y la policía. "En diciembre continuaban los conflictos entre detractores y partidarios del proyecto", añade el informe sobre el 2012.
En lo que concierne a libertad de expresión, Amnistía Internacional considera su preocupación, porque se restrinja desproporcionalmente la libertad de expresión, esto porque en agosto se presentaron querellas contra dos periódicos y una agencia de noticias nacional presuntamente por incitar al racismo y la discriminación. "El Gobierno alegó que los tres medios de comunicación habían tergiversado los comentarios del presidente Evo Morales sobre la conducta de la población del este del país y que lo habían mostrado como racista".
Desproporcionada acción contra libertad de prensa
Investigación in situ revela las restricciones gubernamentales contra los medios privados, al puntualizar los juicios contra tres, entre ellos EL DIARIO. Menciona el uso indebido de la justicia para perseguir a políticos opositores.
La organización mundial con sede en Londres, Inglaterra, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por las desproporcionadas restricciones que ejerce el gobierno del presidente Evo Morales, contra los medios de comunicación privados, al puntualizar que tres medios de comunicación enfrentan querellas judiciales por difundir, presuntamente, incitaciones al racismo y la discriminación.
La organización mundial que durante el 2012 ha realizado una investigación in situ, sobre diferentes temas vinculados con la violencia promovida desde esferas del gobierno, así como, hechos violentos en los cuales, las violaciones a los derechos humanos y la judicialización de la política, se convirtieron en mecanismos concretos para el ejercicio del poder con características verticales.
Con referencia a la libertad de expresión, Amnistía Internacional, realizó un análisis sobre los hechos que determinaron los procesos judiciales contra tres medios de comunicación, que incluye a EL DIARIO, exteriorizó su preocupación por las restricciones desproporcionadas contra el ejercicio de esos derechos, además de hacer hincapié en el atentado que sufrió el periodista Fernando Vidal, quien resultó gravemente herido cuando cuatro enmascarados le prendieron fuego cuando emitía su programa radial en la ciudad de Yacuiba.
Esta organización presentó su informe correspondiente al año 2012, de una investigación realizada en 159 países de todo el mundo, con un acápite específico que hace relación a Bolivia, y en el cual, dice que “se recibieron denuncias de uso indebido del poder judicial contra personas que se oponían al Gobierno o lo criticaban”, además que los retrasos en la administración de justicia “derivaron en impunidad”.
Amnistía Internacional también está preocupada por la falta de transparencia y el carácter injusto del proceso de reparación a víctimas y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, ya que de 6.200 personas solicitantes, sólo 1.700 reunían requisitos para ser beneficiarias. Estas personas aún protestan en carpas instaladas frente al Ministerio de Justicia.
Con referencia a la masacre de Pando, ese organismo señala que prosiguieron, aunque con retrasos, las actuaciones judiciales relativas a la masacre de Pando de 2008, en la que murieron 19 personas, en su mayoría campesinos, y otras 53 resultaron heridas. También investigaron los temas judicializados, de los casos Terrorismo I, Tipnis y otros. El Diario.