Ingrid Wichtendahl
“…mas no dejo que me impongan yugos;
yo llamo a los muertos mis amigos;
y a los vivos mis verdugos.”
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(Juan de Dios Peza)
La sentencia del Tribunal Constitucional que avala la candidatura para un tercer mandato del presidente Morales violentando groseramente la palabra escrita en la Constitución Política del Estado significa el acabose de la justicia boliviana y la consiguiente situación de indefensión de todos y cada uno de los ciudadanos que quedaríamos a merced de la tiranía de la injusticia.
Simón Bolívar llamaba a la justicia la reina de las virtudes republicanas y sostén de la igualdad y la libertad de los ciudadanos. Para Aristóteles era la virtud perfecta. Si hoy los bolivianos aceptamos la defectuosa interpretación de la ley que hace el Tribunal Constitucional estaríamos hipotecando nuestra libertad, seguridad y patrimonio ya que si éste se atreve a conculcar el derecho colectivo de todos los bolivianos, mal podríamos esperar que respete los derechos individuales de uno de nosotros.
Si ahora aceptamos que el Tribunal Constitucional –pateando la semántica, la razón y ni que decir de la doctrina del Derecho– nos imponga que blanco es negro; mañana, tal como les sucede a los venezolanos con su descarada autoridad judicial, que pisotea a su regalada gana la ley, tendremos que aguantar sumisos que se nos imponga el yugo de la ignorancia, la misma que como decía Galileo “es la madre de la maldad y de todos los demás vicios”.
Como siempre la reacción de la llamada clase política, local y nacional, ha sido mediocre. Cada político yendo por su lado con el reclamo estéril y la cantaleta de la demanda internacional que nunca resuelve nada. Así las cosas, es fácil inferir que sería muy riesgoso que el pueblo se atenga a sus representantes políticos y más bien debe tomar iniciativas en resguardo de sus derechos y garantías.
En este sentido, empezando por casa, se impone que los políticos locales hagan una profunda reflexión de las circunstancias políticas actuales e imiten tan sólo un poco la grandeza de espíritu del Papa Benedicto XVI que viéndose limitado para enfrentar a plenitud el desafío inmenso de conducir la Iglesia católica dio paso a la elección de un nuevo liderazgo. Que dejen de lado los afanes partidarios de perpetuarse y pelear la hegemonía del poder local y demuestren grandeza y altruismo en pro del interés superior de Santa Cruz para permitir re articular el movimiento cívico cruceño libre de colores y ambiciones personales y de grupo, para que vuelva a aglutinarse vigoroso en torno al bien común, el respeto a la ley, la libertad, la justicia y una verdadera autonomía.
Hoy se hace necesario que los ideólogos de la causa autonómica: Sergio Antelo, Carlos Dabdoub y Juan Carlos Urenda –éste último dada su formación, artífice y estratega de todo el proceso autonómico— sean quienes lideren la restauración del movimiento social más grande en la historia del país que acompañó la causa autonomista cruceña y contó con una base social de más de 500 mil ciudadanos. Su primera misión sería diseñar el método y la estrategia para que la sociedad organizada rechace la arbitraria sentencia del Tribunal Constitucional y se instaure el respeto a la ley y al Derecho.
Santa Cruz necesita renovar paradigmas, recuperar su fe perdida, curar sus heridas. Necesita ocuparse de cultivar el talento de sus jóvenes, de crear con ellos una nueva cultura política. Requiere construir desarrollo humano para darse seguridad, salud y educación. En síntesis, Santa Cruz precisa construir su presente y planificar su futuro sin caudillos, corruptos, ni aplazados.