Al completar casi un año de asilo en la embajada brasileña en La Paz, el senador boliviano Roger Pinto Molina pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) que obligue a Itamaraty a resolver su situación.Su abogado en Brasil, Fernando Tibúrcio, presentó el viernes pasado un habeas corpus extraterritorial,documento clasificado como el primero en su tipo en la Justicia del país.La parte demandada es la presidenta Dilma Rousseff, por tener, según el abogado, la competencia de conducir las relaciones con los Estados extranjeros.El senador de 53 años, uno de los líderes de la oposición al gobierno de Evo Morales, dice ser objeto de persecución después de denunciar a autoridades de su país por supuestos vínculos con el narcotráfico.Pinto recibió asilo brasileño en junio del año pasado, 11 días después de pedir, sorpresivamente, un encuentro con el embajador Marcel Biato.Bolivia negó el salvoconducto para que deje su país, sobre la justificación de que el senador tiene una serie de procesos judiciales.Para Tibúrcio, el gobierno brasileño actúa con “inercia”. “A Itamaraty le viene haciendo driblings la cancillería boliviana”, escribió.El Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de la asesoría de prensa, dice que no se manifestará sobre el caso, para no entorpecer las negociaciones bilaterales.PlazoEl habeas corpus pide un plazo de hasta seis meses para que el gobierno federal resuelva la situación, buscando apoyo de la OEA (Organización de Estados Americanos) o haciendo valer pactos internacionales.Otra posibilidad es que el STF determine la concesión de un vehículo diplomático para que Pinto deje el país, solución que podría tener el amparo de la Convención de Viena, que garantiza la inviolabilidad de las representaciones extranjeras. Más no hay consenso en el derecho internacional sobre si un vehículo goza de los mismos derechos que una embajada.Los gobiernos de los dos países anunciaron, en marzo, la creación de una comisión para resolver la cuestión. Hubo dos reuniones: el día 1 de abril, en Sao Paulo, y a inicios del mes, en Cochabamba. Itamaraty no informó qué se discutió ni quiénes participaron.Vida reclusaPinto vive en un espacio de cerca de 20 metros cuadrados en el primer piso de la embajada, lejos de los funcionarios del local.Sólo entran personas autorizadas. Hasta marzo había cierta flexibilidad: él recibía a colegas de oposición, amigos y pastores.Desde entonces, Itamaraty limitó el acceso exclusivamente a un abogado, un asistente y familiares.Los parientes se restringen a una hija, Denise (23), y a una prima del senador. La mujer, otra hija, dos nietos y su suegra se mudaron a Acre en la época en que Pinto entró en la embajada, diciendo tener miedo de las amenazas.Están en Brasilea (Acre), separada por un puente de la boliviana Cobija.En 2012, cuando Pinto completaba cien días asilado, Denise dijo a Folha que la familia esperaba estar reunida nuevamente para Navidad. Pasaron las festividades sin ninguna respuesta. El cumpleaños de Pinto, el 23 de abril, fue conmemorado al lado de su hija en un computador con Skype, medio para una reunión a distancia.El senador también tiene acceso a una tablet y un televisor. Cuando está solo, lee libros y hace ejercicios en una bicicleta ergonómica.Sin poder tomar sol, usa medicamentos para reponer vitaminas. El aire libre es visto por una gran ventana, con vista a una plaza del centro de La Paz, en una de las principales avenidas de la ciudad. Tres comidas diarias son servidas por la embajada. El baño se lo “prestan” dos fusileros navales que hacen la seguridad en el predio.Itamaraty informó, por la Ley de Acceso a la Información, que la estadía sólo le costó al país 463 dólares (cerca de 925 reales), para reparaciones en la sala que Pinto ocupa.Incluso los muebles de la sala fueron donados por amigos y familiares y los gastos “de energía y agua son poco significativos”.AnálisisBrasil no parece dispuesto a pelear con el gobierno de EvoPatricia Campos Mello El año pasado, en poco más de 20 días, la entonces secretaria de Estado de EEUU, Hilary Clinton, consiguió negociar la salida del disidente ciego Chen Guangcheng de China, sin rompimiento con Pekín. Él se había refugiado en la embajada americana. Después de días frenéticos de negociación, Guangcheng se embarcó en un avión rumbo a los Estados Unidos.Nadie diría que EEUU y China son aliados y tienen una relación sin fricciones. En cambio, Brasil y Bolivia comparten varios foros: son miembros y aliados en la Unasur, y los bolivianos negocian la adhesión plena al Mercosur.Sin embargo, el gobierno no consigue -o no quiere- resolver el caso del senador Roger Pinto.El gobierno de Evo Morales se rehúsa a dar el salvoconducto para el senador.Fue constituido un grupo de discusión para el caso, pero la situación está bien lejos de ser resuelta, según personas envueltas en las negociaciones.“Es increíble que el gobierno de Bolivia esté despreciando a Brasil al no conceder el salvoconducto”, dijo el senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES). “Estamos acompañando al grupo de trabajo (de negociación sobre el asilo del senador), pero las cosas no se mueven”.La Unasur fue rápida para condenar la negativa del Reino Unido en dar el salvoconducto a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks asilado en la embajada de Ecuador en Londres.¿Y en cuanto a Roger Pinto? Un silencio ensordecedor.“No hay salida indolora, cuanto más posterguemos esto, peor va a ser”, dice una autoridad de gobierno envuelta en las negociaciones.Según esa autoridad, entre políticos de oposición y sus familiares, hay cerca de cien refugiados bolivianos actualmente en Brasil.“El lado duro del liderazgo regional requiere que se digan las cosas desagradables también. No es sólo para demostrar benevolencia con los vecinos”, afirma. Pero la presidenta Dilma Rousseff no parece dispuesta a comprar ese pleito con el presidente Evo Morales.Y deja al Ministerio de Relaciones Exteriores de manos atadas.Folha de Sao Paulo – BrasilTraducción: ejuLink a la nota original en portugués