Edith Tóásó, hermana de Elöd, acusado de terrorismo en Bolivia por el caso Rózsa, llevó una denuncia a entidades de derechos humanos en EEUU. El oficialismo niega que exista la tortura en el país.
Tóásó se queja en la CIDH y la ONU exige ley contra la tortura
Naciones Unidas expresa preocupación por abusos denunciados y por falta de una ley. La hermana de un acusado del caso Rózsa busca apoyo en EEUU. El MAS niega que exista la tortura en el país.
La hermana del detenido pide la libertad de Elod afuera de la sede de las Naciones Unidas. Foto: Edit Tóásó.
EL DEBER, Santa Cruz
Edit Tóásó acabó ayer una gira por EEUU, a donde fue en busca de apoyo para su hermano, Elod Tóásó, acusado de terrorismo en Bolivia por el caso Rózsa. Edit presentó quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y ante Naciones Unidas por tortura y detención indebida. La denuncia fue presentada el mismo día en que el Comité contra la Tortura de la ONU emitió un informe exigiendo al Estado boliviano que “debe tipificar sin demora el delito de tortura conforme a las leyes internacionales”.
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En Bolivia, algunos parlamentarios del MAS, como la senadora Amalia Antonio, niegan que se practique la tortura en el país, mientras la presión contra el Estado por denuncias de violación a los derechos humanos se campea en el ámbito internacional. Los casos hablan de represión policial y abuso en cuarteles.
Presión
Por un lado, la ONU conmina a Bolivia, por segunda vez, a homologar su Código Penal con el art. 1 de la Convención Contra la Tortura. Por otra parte, asegura que le “preocupan las demoras habidas en la instrucción y en el examen de la causa penal en la mayoría de los casos de malos tratos, tortura, uso excesivo de la fuerza y muertes en custodia”.
En el desarrollo del caso terrorismo, el húngaro Tóásó, uno de los sobrevivientes de la balacera del hotel Las Américas, denunció haber sido víctima de tortura en un interrogatorio posterior al operativo en el que murieron Eduardo Rózsa, Michael Dwyer y Árpád Magyarosi, en abril de 2009. El boliviano-croata Mario Tadic testificó haber sufrido los mismos ultrajes.
A través de Internet, Edit Tóásó informó de su nueva visita a Nueva York (sede de la ONU) y a Washington (sede de la CIDH), instancias donde las familias Tóásó, Dwyer y Magyarosi presentaron denuncias, explica el abogado Sergio Ribera, representante de la familia Tóásó.
Las dos versiones del MAS
Consultada por el pedido de una ley contra la tortura, la senadora Antonio sostuvo que la CPE contempla un figura contra ese delito, pero que se trabajó en una propuesta para adecuar la legislación con la convención.
Por su lado, el senador René Martínez (MAS) aseguró que es suficiente el contenido de la Carta Magna para garantizar protección al ciudadano en contra de vejaciones, abusos y detenciones indebidas. Para Martínez la recomendación de la ONU es genérica y en el país la tortura no es habitual.
El abogado de Tóásó asegura que se han presentado suficientes pruebas para demostrar que su defendido sufrió una violenta golpiza durante el interrogatorio posterior a la balacera del hotel.
En marzo, el subteniente Ceoli Espinal Prieto falleció a causa de golpes durante un entrenamiento en la Escuela de Cóndores de Sanandita. Un año antes, el subteniente Gróver Poma Guanto murió en el mismo recinto. Sumadas las dos causas hay un antecedente de denuncias de torturas en la instrucción militar en los cuarteles del país
Internan a Castedo y denuncian intimidación
El procesado Ronald Castedo fue internado en la clínica Foianini para ser sometido a una intervención.
Su abogado, Herman Fríes, confirmó que el hombre tuvo que internarse la noche del jueves aquejado de serios problemas. Informó de que Castedo está estable pero que los médicos realizan estudios para someterlo a una cirugía. Teniendo en cuenta que el lunes a las 15:30 está fijado el reinicio del juicio por terrorismo la defensa de Castedo no descarta una suspensión, pero los médicos tienen la última palabra.
Mientras tanto el procesado Ignacio Villa Vargas, que está preso en Palmasola, denunció a través de su abogado, Guido Colque, actos de persecución considerados como amedrentamiento.
Dijo que el 25 de este mes alrededor de las 20:00 el hijo de Ignacio Villa, un universitario, fue testigo de la intimidación. El joven vio que a su casa llegaron dos motorizados y de una vagoneta descendieron hombres con corte de policías o militares.
El abogado denunció que se trata de un amedrentamiento porque Villa Vargas tiene previsto declarar. Lo que quieren es cambiar su declaración”, dijo el jurista.
Las Recomendaciones
1 El Estado debe garantizar que se investigue a los miembros de las FFAA sospechosos de cometer actos de malos tratos o tortura contra personal militar, se enjuicie a los autores de esos actos en la jurisdicción ordinaria, y de ser declarados culpables, que sean castigados.
2 Velar por que los presuntos autores de actos de tortura o malos tratos sean suspendidos de sus funciones de forma inmediata y durante toda la investigación.
3 Garantizar que las personas detenidas cuenten desde el inicio de la privación de libertad, con todas las salvaguardias legales fundamentales.