En secreto. Un diario brasileño afirmó ayer que Bolivia dejará salir al senador, pero sin la obligación de darle el salvoconducto, y garantizará su seguridad física. Las negociaciones son secretas.
Buscan salida “discreta” a Brasil para Roger Pinto
Los Tiempos y Agencias
El senador Roger Pinto, en la embajada de Brasil en La Paz. Foto Apg.
Brasil | O estado de Sao Paulo. El acuerdo, negociado en secreto entre los ministerios de relaciones exteriores de Bolivia y Brasil, permite al Gobierno boliviano mantener la palabra de no entregar el senador oficialmente, pero soluciona un impasse diplomático desde mayo de 2012. Pesan contra Pinto más de 20 denuncias de corrupción, todas negadas por el senador.
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Opositor a Morales, Pinto asegura ser perseguido por sus opiniones políticas y por haber acusado a miembros del Gobierno de participar en el narcotráfico.
El acuerdo para que pueda salir de Bolivia y obtener asilo definitivo en Brasil prevé que el senador responda a algunas de las denuncias hechas en Bolivia, sin embargo, el Ministerio de relaciones exteriores de Brasil no dio detalles de las negociaciones.
El avance en el caso Pinto se produce después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil decidió negociar con la cancillería boliviana directamente en Brasilia.
En una visita oficial a Brasil, el ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, pidió la salida del Embajador brasileño en La Paz, Marcel Biato. Irritada por las acciones del diplomático, quien fue responsable de la recepción de la solicitud de asilo de Pinto, la administración de Morales se excusó a negociar con Biato, quien está siendo trasladado a la embajada en Suecia.
El abogado del senador Pinto en Brasil, Fernando Tibúrcio, criticó duramente el jueves las acciones del Gobierno brasileño, especialmente la retirada de Biato de La Paz, alegando que su cliente será “desatendido”.
“La información que tengo es que el Embajador quería quedarse. Este cambio es un linchamiento público de un diplomático”, dijo Tibúrcio al salir de una audiencia en la Comisión de relaciones exteriores del senado brasileño con Patriota.
Tibúrcio reclama especialmente por las restricciones impuestas a Pinto para el uso de teléfono, Internet y visitas de parte de la cancillería brasileña. El control se determinó para evitar que las acciones de Pinto puedan interpretarse como actividad política, que está prohibida por la Convención de Caracas sobre asilo político.
“Al asilado no le está permitido participar en actividades que se interpreten como acciones políticas. Pero puedo asegurarles que estamos haciendo todo lo posible para garantizar su salud”, dijo Patriota al ser interrogado por senadores.
Durante la audiencia, Patriota evitó dar detalles a los senadores sobre las negociaciones porque son confidenciales. “Brasil garantiza que Pinto sólo abandonará La Paz con total seguridad y no serán admitidas soluciones a medias o que ponen en riesgo la integridad física del senador”.
Antecedentes
* El 28 de mayo de 2012 Roger Pinto, senador de Convergencia Nacional (CN), se asiló en la legación diplomática en La Paz, desde entonces no sale de una oficina que fue improvisada para acoger al político.
* A Pinto le fueron restringidas las visitas y sólo tres personas están autorizadas para entrevistarse con él: su hija, que lo visita cada vez que puede trasladarse a La Paz, pues reside en Cobija; un chofer mensajero que le lleva ropa y alimentos, y su abogado.
* Pinto tiene pendientes 20 procesos judiciales, todos interpuestos por el Gobierno en las jurisdicciones de Pando, La Paz, Santa Cruz y Sucre.
* Se lee en página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil: El Gobierno brasileño decidió conceder asilo al ciudadano boliviano Roger Pinto Molina, a la luz de las normas y de la práctica del Derecho Internacional Latinoamericano, y basado en la Constitución Federal.
* El 12 de junio de 2012, refiriéndose a Roger Pinto, el presidente Evo Morales dijo que quienes buscan el “asilo político” en democracia “son los corruptos que le temen a la justicia”.
* El 16 de julio de 2012, la prensa informó que el entonces fiscal general, Mario Uribe, amenazaba con enjuiciar a las autoridades que den un salvoconducto a Pinto.
*13 meses después del asilo, ahora se habla de una “negociación confidencial”.