Hugo Andrés Hinojosa Peláez*
La intervención del Estado en la actividad económica de un país es uno de los temas clásicos de estudio o de discusión cuando se habla de la política económica o de un régimen político en una sociedad determinada.
En tal sentido, la Doctrina Social de la Iglesia Católica, tiene una enseñanza muy clara enunciada desde los orígenes de la formulación moderna, que reconoce el derecho que tiene el Estado a intervenir en la actividad económica del país. Al mismo tiempo, reconoce también que no debe existir un intervencionismo excesivo del Estado que sofoque la libertad de las personas, sino que deben ser cuidadosamente limitadas.
La novena carta encíclica de S.S. Juan Pablo II “Centesimus Annus”, nos señala que la acción del Estado y de los otros poderes públicos debe conformarse al principio de subsidiariedad y crear situaciones favorables al libre ejercicio de la actividad económica, cada acción debe inspirarse también en el principio de solidaridad y establecer los límites de esta autonomía para proteger siempre a la parte más débil.
La solidaridad sin subsidiariedad, puede degenerar de hecho fácilmente en asistencialismo o clientelismo, pero la subsidiariedad sin solidaridad corre el riesgo de alimentar formas de localismo egoísta. Para respetar estos dos principios fundamentales la intervención del Estado en el ámbito económico, no debe ser ni invasiva ni ausente, sino conmensurada a las reales exigencias de la sociedad en base a reglas claras. Entendiendo que el Estado está conformado por el gobierno, la población y el territorio, en un momento determinado el Estado es el gobierno, que ni siquiera puede hablar de políticas de Estado. El gobierno simplemente es el ámbito de conquista de un partido en un sector determinado.
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Asimismo, se tiene que equilibrar en la práctica el juego de estos dos principios para que sean efectivamente aplicados. Se debe utilizar el Principio de Subsidiariedad para que el estado no invada estas libertades y el Principio de Solidaridad para que el Estado asista a las partes más débiles del “todo social” en las situaciones más difíciles que se le presente al individuo. En Bolivia nos hace mucha falta tener la perspectiva del Principio del Bien Común siempre clara y vigente como finalidad de la acción del Estado. Uno de los paradigmas más comunes que hemos vivido a lo largo de la historia en nuestro país, tanto durante los gobiernos de Izquierda así como los de Derecha, absolutamente corresponde a una visión que nos propone soluciones a través del Estado y no así desde otro punto de vista como por ejemplo el mercado. Desde el punto de vista económico, durante muchos años en nuestro país, hemos vivido desde el razonamiento que las soluciones a nuestros problemas sean resueltos necesariamente por el Estado, ocasionando la dependencia del individuo hacia un Estado paternalista y autoritario.
*Abogado