Iván Arias Durán
Primero dejemos bien claro: soy un convencido de la profundización de las autonomías ya sean municipales o departamentales sin que me salgan ronchas de miedo ante la perspectiva de la federalización. A pesar de todo y sobre todo defenderé todo lo que sea avanzar por construir un país con más y mejores autonomías. Sin embargo, esta apuesta de vida no me vuelve obtuso y ciego de un proceso que si no es auto reflexivo corre el riesgo de corroerse y quedar solo en costras. Por eso me pregunto, con las actuales autoridades que tenemos al mando de las autonomías, ¿es posible pensar en avances y profundizaciones autonómicas?
Según la actual CPE define que autonomía es “la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas”.
A algunos actores de la autonomía les encanta llenarse la boca con gritos y pedidos de autonomía, pero en la práctica hacen muy poco para ganársela y consolidarla. Veamos algunos elementos. La autonomía no solo tiene que ver con la capacidad de recibir y administrar las transferencias del papá Estado sino de generar sus propios ingresos. Del 100% de los municipios apenas el 15% genera ingresos propios, mientras que el resto vive de la manga del Estado central. La mayoría de las gobernaciones cual mansos súbditos del Medioevo han permitido placida y dócilmente que el centralismo les cercene su capacidad de generar recursos propios.
La pereza fiscal de los municipios y gobernaciones es tal que se constituye en una de las razones por la cual, en vez de ser autoridades autónomas se convierten en simples y dóciles empleados del poder central que los alimenta. De esta manera en vez de abocarse a generar economía local, se movilizan para lamerle al Estado central migajas de dinero que les permita ganar el cielo con limosnas ajenas. Desde lo económico son autónomos de pacotilla, porque renuncian a su capacidad de pensar y aplicar el desarrollo local y regional desde la visión de la glocalización que los pondría en el siglo XXI.
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Desde el desarrollo de su capacidad legislativa prefieren hacerse lo locos y no le ponen interés a la profundización de la normativa local. Del 100% de los municipios, apenas el 5% tiene terminada sus cartas orgánicas a ser presentadas al tribunal constitucional. De los nueve departamentos ninguno tiene acabados sus estatutos. Tanto concejales como asambleístas ganan salarios de pedir pegas y de chantajear a sus respectivos poderes ejecutivos antes que cumplir a cabalidad sus labores de fiscalización y legislación. En algunos municipios y departamentos se han dado a la tarea de sacar leyes como si de cocinar pipocas se tratara. Algunos concejos municipales y asambleas departamentales son el adorno de un poder que al igual que el Congreso Nacional se han convertido en gana panes por levantar la mano ante los designios de sus respectivos poderes Ejecutivos.
Por eso no hay que sorprenderse que alcaldes, dizque autónomos, cual tigres de papel, salgan a defender el programa Evo cumple, pues, están ratificando que prefieren hincarse antes que ser dignos luchadores por la autonomía. La autonomía ha cedido a la obediencia ciega. Culpa del Presidente? No, de los que se lo hincan ante sus designios. El general Banzer, al igual que el actual gobierno, el año 2000, quería que los 1.500 millones de dólares de los recursos del perdón de la deuda (HPIC) pasaran a su administración directa, a la chequera de su despacho, para él tener la posibilidad de viajar por todo el país preguntando a la gente lo que querían y él, como gran donador eficiente, pasándose por el forro los poderes locales y duplicando esfuerzos, hacerlo directamente o mediante los municipios o prefecturas.
Sin embargo, municipalistas y gestores autonómicos se le plantaron y no le permitieron semejante retroceso a sus épocas de dictador. De esa manera, a través del Dialogo Nacional 2000, que él mismo aceptó, se estableció que esos recursos deberían pasar a los municipios y ser administrados por ellos para el fortalecimiento de las capacidades locales, para impulsar el desarrollo económico, la salud y educación en las zonas más deprimidas. Por supuesto eran otros tiempos en que, más allá de potenciar al caudillo de turno, buscábamos potenciar la institucionalidad estatal y social que es la única garantía de construir un país que se respete.