Un “gabinete jurídico” operaba en Bolivia desde el 2007, según una carta de Boris Villegas, exfuncionario del Ministerio de Gobierno, actualmente detenido e imputado por el caso extorsión.
Villegas acusa a ministros de controlar y manipular la justicia
Casos. El sindicado por el caso extorsión deslindó responsabilidad directa sobre las decisiones que asumió en temas de seguridad del Estado y dijo que cumplió órdenes.
Página Siete / La Paz
Foto: Las dos carillas de la carta enviada por el exfuncionario del Gobierno acusado de pertenecer a la red de extorsión.
Boris Villegas, exfuncionario del Ministerio de Gobierno involucrado con la red de extorsión, acusó a ministros y autoridades de conformar, desde 2007, un “gabinete jurídico” para controlar y manipular el Poder Judicial y el Ministerio Público para sostener políticamente al Ejecutivo.
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Dicha instancia estaba conformada por los ministros Nardi Suxo (Transparencia), Rubén Saavedra (Defensa), Sacha Llorenti y Wilfredo Chávez (quienes se desempeñaron en anteriores oportunidades como titulares de Gobierno), y el diputado Héctor Arce (quien se desempeñó como presidente de Diputados hasta 2011).
Así lo revela Villegas en una carta dirigida a la opinión pública y que fue difundida por diversos medios. Los aludidos no se pronunciaron públicamente.
Este “‘gabinete’ controlaba y manipulaba el Poder Judicial y el Ministerio Público para lograr los objetivos de sostenibilidad del Gobierno”, según la misiva.
Villegas es uno de los involucrados con la red formada por funcionarios de los ministerios de Gobierno y Presidencia y que habría cometido diversos delitos de extorsión. Los involucrados estuvieron a cargo de casos importantes para la seguridad nacional.
El involucrado junto a Denis Rodas (quien está en la carceleta de Warnes) y Fernando Rivera (Montero) supuestamente presionaban a jueces y fiscales.
El caso estalló en 2012 debido a la situación del estadounidense Jacob Ostreicher, quien estuvo detenido sin sentencia por 18 meses en el penal de Palmasola.
El sindicado, detenido en la cárcel de Palmasola, deslindó responsabilidad directa sobre las decisiones que se asumieron en el tratamiento de los diferentes temas políticos calificados como seguridad del Estado, ya que él, aseguró, habría actuado acatando las órdenes de todos los ministros de Gobierno de turno desde 2007 y del “gabinete jurídico”.
El 29 de junio, Villegas declaró al fiscal que Sacha Llorenti, actual embajador de Bolivia ante la ONU, había orquestado la salida de Ernesto Suárez de la Gobernación de Beni. Además, Juan Ramón Quintana, titular de Ademaf en ese entonces y actual ministro de la Presidencia, y otras personas habrían participado en estas acciones.
Además se orquestó el traslado del dirigente cívico beniano Alberto Melgar desde el penal de Trinidad a Santa Cruz.
La oposición cree que estas revelaciones pueden poner en riesgo la vida de los tres testigos de todos los casos, por lo que la senadora de Convergencia Nacional Carmen Eva Gonzales planteó al Senado conformar una comisión especial para investigar las denuncias de Villegas en particular.
La senadora Sandra Soriano desestimó esta posibilidad y descalificó las denuncias del acusado por considerar que sólo lo hace para deslindar sus responsabilidades.
Pide protección de testigos
El exfuncionario del Ministerio de Gobierno Boris Villegas, involucrado en la red de extorsión, pidió a las autoridades y entidades defensoras de los derechos humanos a que resguarden su seguridad con el programa de protección de testigos, ante la posibilidad de represalias en su contra.
A través de una carta escrita el 2 de julio pidió al Ministerio Público, Defensor del Pueblo, a la Asamblea Legislativa y a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos “me protejan bajo el programa de protección de testigos”, que está señalado en la Ley 260, las instituciones del Estado pueden proteger a las personas que por colaborar con la justicia corren peligro y pueden sufrir daños.
La información con la que cuenta Villegas está vinculada a varios temas de la conflictividad política y social del país, porque los ministros de Gobierno de turno le habrían encomendado trabajos de seguridad del Estado.
Para la oposición Villegas, Denis Rodas y Fernando Rivera debieran ser considerados como “testigos clave” en el proceso de investigación de los diversos casos como Chaparina, terrorismo, Caranavi, entre otros.