Lío indígena. Caso Pradel causa conflicto jurisdiccional


Fiscalía con llamativa celeridad, ordena detener a dirigentes indígenas Chávez, Nuni y Vargas por no declarar, tras ser acusados de golpear al oficialista Gumercindo Pradel. Los aludidos dijeron que el azote está reconocido por la Constitución y por ello no acudieron a la cita judicial.

Caso Pradel causa conflicto jurisdiccional

image Los Tiempos, Bolivia

Fernando Vargas, presidente del Tipnis. – Efe Agencia



El Fiscal de Beni expidió ayer órdenes de aprehensión contra los dirigentes indígenas Fernando Vargas, Adolfo Chávez y Pedro Nuni, debido a que no se presentaron a declarar por las supuestas agresiones al dirigente del Conisur, Gumercindo Pradel, en la localidad de San Pablo el mes pasado.

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Según los dirigentes indígenas, el fiscal a cargo del caso emitió el mandamiento sin tomar en cuenta el memorial que presentaron, en el que justifican su inasistencia a la citación y plantean la incompetencia de la justicia ordinaria en este caso. Arguyen que se trata de un hecho que está en el marco de la justicia comunitaria.

Pradel fue castigado con “azotes” por decisión de los corregidores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) por ir en contra de las comunidades de este territorio.

Según los dirigentes indígenas denunciados, los corregidores determinaron los azotes contra Pradel como castigo en base a sus usos y costumbres, reconocidos por la justicia comunitaria y la Constitución.

En ese marco, de acuerdo al abogado defensor de Chávez y Vargas, Guido Melgar, no le corresponde a la justicia ordinaria conocer los hechos y menos sindicar los mismos como tentativa de homicidio y agresiones graves.

Para que se resuelva este conflicto de competencias, dijo que presentaron ayer el memorial a la Fiscalía de Beni, razón por la cual sus defendidos ayer no prestaron declaraciones y no lo harán hasta que las autoridades competentes se pronuncien sobre el pedido de incompetencia.

En junio pasado, el cacique del Conisur, Gumercindo Pradel, fue sometido a la justicia comunitaria de los corregidores del Tipnis reunidos en Cabildo. Fue amonestado públicamente por prestarse a las manipulaciones del Gobierno y a la destrucción del área protegida con la construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

Luego de recibir chicotazos, Pradel firmó un Acta de Compromiso según la cual nunca más volverá a meterse en el Territorio Comunitario de Origen (TCO) para accionar contra las subcentrales indígenas locales.

El área de influencia del Conisur está afuera de la TCO Tipnis, en la zona colonizada.

En ese encuentro, se produjo un enfrentamiento, a causa del que María Elena Flores Roca, que tenía un embarazo de dos meses, habría perdido a su bebé. Por este hecho, se presentó contra Chávez y Vargas otra denuncia, por feminicidio.

Vargas, Nuni y Chávez se replegaron ayer a la sede indígena en Trinidad, y los corregidores del Tipnis convocaron a un encuentro para defender a sus dirigentes ante su posible aprehensión para que respondan a las dos denuncias.

ADMIRAN LA “CELERIDAD” DE LA FISCALÍA

• El responsable de la Secretaría de Pueblos Indígenas de la Gobernación del Beni, Pedro Nuni, manifestó ayer que admiraba la celeridad con que la Fiscalía expidió los mandamientos de aprehensión en su contra y del presidente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas, y el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez.

Anotó que esas acciones son una prueba más de cómo se maneja la justicia y a quiénes responden los fiscales, porque no se ve esa misma celeridad en el esclarecimiento de la represión a la marcha indígena en Chaparina.

“No nos presentamos porque presentamos un recurso esta mañana, un recurso de incompetencia (de la justicia ordinaria), dado de que todo lo que ocurrió en San Pablo corresponde a la jurisdicción indígena, por tanto hemos mandado un recurso ante el juez correspondiente y ante el Tribunal Supremo de Justicia para que pueda responder ante este recurso”, indicó.

• La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), afín al Gobierno y dirigida por Melva Hurtado, por su parte pidió ampliar en contra del gobernador de Beni, Carmelo Lens, por presunta complicidad, la demanda legal instaurada en contra de Adolfo Chávez, por la presunta agresión a corregidores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

Representantes de los pueblos indígenas que respaldan a Hurtado aprobaron ayer una resolución en la que además condenan “los hechos criminales, violentos protagonizados por personajes por demás nefastos del movimiento indígena” a los que expulsaron y declararon personas no gratas, entre ellos, Adolfo Chávez, Lázaro Taccó, Pedro Nuny, Fernando Vargas y Miriam.

La Fiscalía ordena detención de tres dirigentes del TIPNIS

La orden de apremio se debe a que no se presentaron a una audiencia.

TRINIDAD. Acusados de dar golpiza a Gumercindo Pradel, dirigente afín al Gobierno, dijeron que el azote está reconocido por la Constitución y por ello no acudieron a la cita.

Agencias y Página Siete

La Fiscalía ordenó ayer un mandamiento de apremio contra los dirigentes indígenas defensores del TIPNIS, Adolfo Chávez, Fernando Vargas y Pedro Nuni, debido a que no asistieron a una audiencia judicial por supuesta golpiza al dirigente del Consejo Indígena del Sur (Conisur) y afín al Gobierno, Gumercindo Pradel, el 22 de junio.

En Trinidad (Beni), los fiscales Carlos Peláez y Carlos Aponte emitieron el mandamiento de apremio contra los tres dirigentes, que protagonizaron la VIII y IX marchas en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), por “tentativa de homicidios y feminicidio” después de los hechos ocurridos en San Pablo de Isiboro.

Según los indígenas acusados, Pradel recibió el 22 de junio azotes por apoyar la construcción de la carretera por el corazón del TIPNIS. El abogado de los indígenas denunciados, Guido Melgar, interpuso una apelación ante fiscal y el juez asignados al caso para que se pueda dejar sin efecto esta demanda ya que la justicia comunitaria está establecida en la Constitución y rechazó que la inasistencia haya sido injustificada.

El abogado de Pradel, en declaraciones a radio Fides, afirmó que “no se han presentado a la audiencia que fueron citados y de acuerdo al Código de Procedimiento Penal el señor fiscal ha emitido el mandamiento de aprehensión correspondiente”.

Pradel afirmó que “no puede ser que los hermanos después de agredirme se estén dando a la fuga; por culpa de ellos estoy mal de salud, me siento mal del pulmón y del riñón derecho. Están malacostumbrados y merecen que se haga justicia, que se vayan a la cárcel. Eso es lo que buscamos”.

Nuni pidió a los citados fiscales que más bien libren mandamiento contra el exministro y actual embajador ante la OEA, Sacha Llorenti, porque sería el principal responsable de la violenta intervención policial en Chaparina (Beni) en 2011 a la VIII marcha en defensa del TIPNIS.

Añadió que ninguno de los dirigentes sindicados por lo ocurrido en San Pablo de Isiboro recibió la orden de apremio y que anoche sostenían una reunión de emergencia en la sede de la Subcentral Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, que se encuentra en la ciudad de Trinidad, para definir las medidas que asumirán frente a este hecho.