La Ministra Nardi Suxo dice que hay ‘consorcios’ de jueces, fiscales y policías que actúan en Bolivia.
Desaparecieron $us 45.000 del caso extorsión
Presuntos vínculos con policías. Un policía de El Alto recibía soborno para no investigar el robo del dinero.
El suboficial de la Policía René Alcoba (al medio) es acusado de extorsionar a dos ladrones en El Alto
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La fiscal anticorrupción, Fabiana Azero, que investiga un presunto delito de extorsión que involucra a policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto, anunció que dentro del proceso indagará en qué lugar están ocultos los $us 45.000 del atraco por el que dos delincuentes están siendo investigados y del que querían liberarse pagando a los uniformados.
“En el caso que se investiga en El Alto, son cuatro vehículos retenidos, donde dijeron que estaban los $us 45.000, además de joyas. Pero esa es una consulta que hay que trasladar a los fiscales que conocen el proceso. Solicitaremos un informe a los fiscales que están a cargo de la investigación para determinar si existe alguna irregularidad”, dijo Azero.
El 19 de septiembre, la fiscal aprehendió en un operativo policial al suboficial René Alcoba, jefe de la División Propiedades de la Felcc, además de Boris Ramos, abogado de los supuestos delincuentes y prófugos Johnny Ticona y Andrés Mamani, al momento que pagaban $us 1.000 y Bs 20.800 para que la Policía deje de indagar el robo calificado de ‘agravado’ que sucedió en el mes de abril.
Por esta presunta extorsión, el viernes por la noche, el juez 5º de Instrucción en lo Penal, Ricardo Maldonado, ordenó la detención preventiva de Alcoba en la cárcel de San Pedro, mientras que el abogado Ramos y los presuntos delincuentes Ticona y Mamani fueron enviados a Chonchocoro.
La fiscal anunció que el caso, que llegó a sus manos como directora de la oficina anticorrupción, deberá ser sorteado a un fiscal de materia
ANTECEDENTES
Renuncia en la Felcc
El comandante de la Felcc de El Alto, Ramiro Magne, renunció el viernes para facilitar la investigación por extorsión.
Nuevo comandante
Juan Sanjinez fue designado nuevo comandante de la Felcc de El Alto y se comprometió a trabajar para disminuir la delincuencia en la ciudad.
Denuncia de extorsión
La cabo Vilma Sánchez, que denunció la extorsión policial, dijo que estaba siendo presionada por sus superiores.
Operativo
Alcoba fue aprehendido después de un operativo, cuando Sánchez entregaba una bolsa de dinero, producto de la extorsión a dos supuestos delincuentes.
Nardi Suxo: Hay ‘consorcios’ de jueces, fiscales y policías que actúan
Considera necesaria una reestructuración de esa institución, a través de una mesa de trabajo. Cree que en las acciones ilegales de policías; en algunos casos, hay grupos de abogados y autoridades judiciales que interactúan.
Transparencia. La ministra Nardi Suxo en la entrevista con La Razón.
La Razón / La Paz
La Ministra de Transparencia habló sobre la Policía Boliviana y sobre las denuncias de corrupción que tiene en contra de 38 efectivos. Considera necesaria una reestructuración de esa institución, a través de una mesa de trabajo. Cree que en las acciones ilegales de policías, en algunos casos, hay grupos de abogados y autoridades judiciales que interactúan.
— ¿Cuántas denuncias tiene en contra de efectivos policiales?
— Hemos presentado al Ministerio Público aproximadamente 38 denuncias. Acá en el Ministerio (de Transparencia) están en procesamiento otras que no fueron remitidas a la Fiscalía, porque esperamos la respuesta de las autoridades policiales. También hacemos un cruce de información con otras entidades.
— ¿Qué tipo de denuncias?
— Las denuncias son por hechos de corrupción, cohecho, enriquecimiento ilícito y otras que tienen que ver con incumplimiento de deberes. Hay un gran número de denuncias en Covipol (Consejo de Vivienda del Policía), en Musepol (Mutual de Seguros del Policia) y en Unipol (Universidad Policial), además de otras unidades policiales. Dentro de esas tenemos otra en Seguridad Física, donde ya hay sentencia.
Hay un retraso considerable en el procesamiento de estas denuncias que, si bien tienen imputaciones y en algunas hay acusaciones formales, aún hay casos que están en etapa investigativa y eso nos preocupa, porque se supone que tienen que ser como cualquier litigio, donde se tiene que procesar cumpliendo los plazos procesales, tanto para investigación como también para la acusación.
— ¿De qué rango son los policías denunciados?
— Tenemos a 12 coroneles, dos generales y luego capitanes, tenientes, sargentos y policías, son 38 denunciados. Algunos son excomandantes o directores de entidades policiales. De estas denuncias tenemos el hecho de que hay cuatro (procesos) con imputación formal, nueve con acusación y uno con sentencia.
— ¿Cómo planteó las denuncias y ante quién?
— Hemos presentado formalmente las denuncias acompañadas de todas las pruebas que hemos podido obtener. Nosotros cuando presentamos una denuncia, lo hacemos cuando tenemos una valoración técnico-jurídica de la misma. Si vemos que hay indicios de corrupción, lo presentamos y lo hacemos conocer al Ministerio Público.
Todas las denuncias que hemos presentado tienen pruebas, incluso hay algunas denuncias que tienen que ver con policías de los que no se tiene mayor información. (En estos casos) lo que hemos hecho es remitir a conocimiento del Ministerio de Gobierno para que, a través de su Unidad de Transparencia, puedan procesar las mismas. Cuando se dice que no hay suficientes indicios, que se tiene que llevar un proceso de investigación, me parece que no se toma en cuenta de que presentamos documentos.
— ¿Hay más denunciados?
— Tenemos otro número de denuncias que estamos procesando, está todavía en proceso. Muchas serán remitidas al Ministerio Público, otras también serán rechazadas o archivadas, porque no encontramos suficientes elementos. Pero sí es un número bastante considerable.
— ¿Cómo llegan a identificar los actos irregulares?
— Nos basamos en los informes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que además es parte del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción. Esta información, además, es cruzada con Derechos Reales, (la Unidad Operativa de) Tránsito y la Alcaldía.
Muchas veces los bienes de estas personas se registran a su nombre y otras (están) a nombre de sus familiares, (pero) no tiene relación con sus ingresos mensuales, por lo que a eso decimos enriquecimiento ilícito. Sin una justificación, un excomandante puede adquirir cinco vehículos de 50.000 dólares cada uno en un mes, eso llama la atención.
— ¿Hay una red de corrupción dentro de la Policía?
— Creo que no podría decir eso, ya que eso se verá en la investigación, pero lo que sí está claro es que hay acciones de policías que enlodan a la institución.
— ¿Hay otros grupos inmiscuidos en estas acciones?
— Lo que se mostró es que también hay consorcios de abogados y, algunas veces, con jueces, fiscales y policías que actúan de esta manera. Yo considero que esto amerita una investigación profunda y que se vaya al fondo de la problemática.
— ¿Cree que es necesaria una reestructuración de la Policía?
— Lo que se requiere es una reestructuración total de la Policía, hay que empezar incluso por la Academia (Nacional de Policías – Anapol), ver sus ejes temáticos en cada materia que pasan, hay que hacer un examen del currículum de cada persona, pensando en cargos que ocuparán.
Otro tema importante es revisar y ver qué pasa con la División de Investigación interna de la Policía, porque hay varios policías que son sancionados, pero muchos regresan a sus funciones sin cumplir su sanción. También hay que tener cuidado en el tema de la asignación de nuevos destinos, debido a que eso es recurrente en denuncias de que les cobran dinero para asignarles sus destinos correspondientes.
— ¿Cómo reestructurar la Policía Boliviana?
— Habrá que hacer una mesa de trabajo integral con la Policía y ver dónde están los principales focos del mal manejo policial y, de ahí, se verá qué es lo que se puede hacer. Incluso el ministro (Ramón) Quintana hizo una reforma, habrá que ver ésa y otras.