A dos años del caso Chaparina, el Defensor del Pueblo de Bolivia, pide la suspensión del embajador ante la ONU y exministro de Gobierno Sacha Llorenti, para que responda sobre el tema; en tanto la Fiscalía de La Paz se excusó de incluir al exministro en la investigación.
Defensor pide suspender al embajador Sacha Llorenti
Chaparina. Dávila le dice que actúa como un ‘portavoz’ del MSM.
La Razón / La Paz
A dos años de la represión en Chaparina y con el proceso judicial aún en curso, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió a la Cancillería que suspenda al embajador ante la ONU y exministro de Gobierno Sacha Llorenti, para que dé información sobre el caso.
En respuesta, a nombre del Gobierno, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, rechazó la posición de Villena y calificó a la misma de política. “Hay que reconocer que el Defensor del Pueblo está vinculado y actúa como un portavoz del Movimiento Sin Miedo. Desde esa perspectiva, las opiniones que lanza son criterios totalmente políticos”, afirmó la autoridad a radio Panamericana.
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Villena, a través de un documento titulado “Dos años de impunidad”, recomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores que suspenda a Llorenti para que explique al país “su participación, conocimiento y autorización en las acciones de infiltración, intervención y posterior traslado de los indígenas del TIPNIS, durante las horas posteriores a las acciones de Chaparina”, en Beni.
El caso busca determinar responsabilidades en cuanto a la orden para la intervención policial a la VIII Marcha Indígena, el 25 de septiembre de 2011. Con la movilización, que partió de Trinidad con rumbo a la ciudad de La Paz, los originarios se oponían a la apertura de una carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
El excomandante de la Policía Óscar Muñoz Colodro está en detención domiciliaria desde noviembre de 2011, mientras que el exviceministro de Régimen Interior Marcos Farfán se halla imputado. En agosto de 2012, la Fiscalía excluyó del proceso a Llorenti.
Al ser consultado sobre este tema, en Santa Cruz de la Sierra, el vicepresidente Álvaro García lamentó ayer que la investigación no avance. Expresó su malestar porque hasta ahora no se haya emitido una sentencia “no sólo en este proceso, sino también en otros”, por lo que cuestionó la administración de justicia. También invocó a las autoridades judiciales a que dicten una condena a quien corresponda por la intervención policial en Chaparina.
Villena, además, solicitó al Ministerio Público que reconsidere y revierta la decisión de excluir de la investigación a Llorenti, “quien tenía plena autoridad sobre la Policía Boliviana (y) era responsable de la seguridad interna durante los luctuosos sucesos”.
El Defensor del Pueblo también pidió a la Fiscalía General del Estado que amplíe las pesquisas a todo el personal policial y civil que participó directa o indirectamente en la represión y en el posterior traslado de los marchistas.
Policía niega que exista un informe confidencial
Un reporte de la Policía Boliviana asegura que no recibió ningún informe confidencial sobre el operativo de intervención a la VIII Marcha Indígena en 2011, según reveló ayer la fiscal Patricia Santos, que encabeza la comisión que realiza las pesquisas.
“El Comando de la Policía ha emitido una certificación donde se hace conocer que dicha información confidencial no ha sido recepcionada”, declaró Santos a la red Uno. Esta posición coincide con la del excomandante Jorge Santiesteban, quien dijo que desconocía la existencia de ese documento.
El 14 de agosto, representantes del Movimiento Sin Miedo (MSM) publicaron un informe sobre la intervención en Chaparina, que supuestamente llevaba la firma del entonces inspector de la Policía, Edwin Foronda. Según los voceros del MSM, el texto muestra que el exministro de Gobierno Sacha Llorenti ordenó la represión.
Entretanto, víctimas y activistas de derechos humanos marcharon ayer en protesta en La Paz, Santa Cruz y en la localidad de Chaparina (Beni), con el fin de pedir que se castigue a los responsables del operativo policial.
Fiscalía paceña evita someter a investigación a Sacha Llorenti
AGRESIÓN A LOS INDÍGENAS DEL TIPNIS.
El Ministerio Público de La Paz y la fiscal Venegas se excusaron de incluir al exministro de Gobierno en el caso Chaparina. El fiscal general dice que la investigación está por concluir.
El atrio de la catedral cruceña fue el escenario de protesta de los que piden justicia para los indígenas. Foto: Fuad Landívar.
EL DEBER, Santa Cruz
Hace más de un año que se espera que la Fiscalía de Distrito de La Paz se pronuncie respecto al pedido de rechazo de la resolución que excluyó al exministro de Gobierno Sacha Llorenti del caso Chaparina. El fiscal de Distrito y su fiscal suplente se desentendieron de esta decisión que debió resolverse rápidamente. El caso debe pasar a la Fiscalía de Oruro, pero ha sido devuelta a la comisión que investiga y aún no se pronuncia.
“El fiscal departamental José Ponce debió definir la exclusión o no de Llorenti en el caso; él se excusó como también la fiscal suplente, Rosario Venegas, por lo que el caso tiene que remitirse a la Fiscalía de Oruro. Pero son tres veces que se ha devuelto la causa a la comisión de fiscales. Nos quieren engañar diciendo que hay avances en la investigación”, lamentó ayer la abogada del caso Chaparina, Ayda Camacho.
Según Waldo Albarracín, otro defensor de las víctimas de la represión de la octava marcha indígena, si ambos fiscales se han excusado por la agresión que sufrieron los indígenas el 25 de septiembre de 2011 es porque nadie quiere cumplir con su responsabilidad. “A eso le llamamos impunidad. La Fiscalía está demostrando una vez más que es una instancia paragubernamental”, tildó el exdefensor del Pueblo.
Ayer, en La Paz, el fiscal general, Ramiro Guerrero, declaró que las investigaciones están a punto de concluir, por lo que la comisión redactará un informe final del caso. Guerrero no aclaró tampoco si incluirá a Llorenti en el informe.
Los fiscales de la comisión no se pronunciaron ayer, pese a las protestas que protagonizaron indígenas de tierras bajas y altas y activistas de derechos humanos que recordaron ayer, en algunos departamentos del país, dos años de la intervención policial sin que hasta ahora el Ministerio Público, que investiga la represión, haya encontrado a los culpables de la violencia.
En La Paz, un grupo de unas 50 personas llegaron hasta las oficinas de Naciones Unidas para presentar una carta en la que piden la expulsión del embajador Sacha Llorenti para que asuma su defensa.
En Cochabamba, un grupo protestó frente a la Gobernación departamental, donde entregaron el ‘masquín de oro’ al presidente Evo Morales y a Llorenti, en alusión burlona, a las cintas adhesivas que utilizó la Policía el día de la represión para reducir a los marchistas.
Las víctimas, en su mayoría provenientes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), recordaron a sus fallecidos durante la marcha y agradecieron a quienes los apoyaron. Rafael Quispe, exdirigente de la Conamaq, lamentó “los dos años de impunidad”. “Está claro que quien dio la orden de la represión fue Llorenti, pero hasta ahora no hay una imputación formal”, dijo.
El vicepresidente Álvaro García Linera señaló ayer en Santa Cruz que aguardaba que la justicia saque sus conclusiones” cuanto antes
Villena pide destituir a Llorenti de su cargo
Rolando Villena, defensor del Pueblo, pidió al Gobierno que suspenda a Sacha Llorenti del cargo de embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas para que responda por la represión de Chaparina.
“Recomendamos a la Cancillería que suspenda de sus funciones a Sacha Llorenti para que explique en nuestro país su participación, conocimiento y autorización en las acciones de infiltración e intervención contra los indígenas del Tipnis”, manifestó Villena en un comunicado público.
Lamentó que el proceso iniciado no haya tenido ningún avance hasta el momento. Pidió también a la Fiscalía que amplíe la investigación a todo el personal policial y civil que tuvo participación.
El entorno
Acto de desagravio
Indígenas del Tipnis realizaron un acto de desagravio por la represión policial en Chaparina.
Conclusión
El fiscal general cree que pronto acabará la investigación.
Cuestionario
El presidente Evo Morales aún no respondió el cuestionario para que desvele quién ordenó la represión.
Decisión de la Comisión
La comisión decidirá si incluye a Llorenti, según Guerrero.