La diputada “librepensante” Rebeca Delgado (MAS) denunció ayer la violación a los derechos humanos de los dirigentes indígenas Fernando Vargas y Adolfo Chávez, a quienes visitó en la sede de la subcentral Tipnis, en Trinidad, Beni, donde se encuentran refugiados hace más de dos meses para no ser detenidos por la Policía en ejecución de la aprehensión expedida por la Fiscalía.
Delgado denuncia que la justicia no es igual para todos
Después de visitar a líderes indígenas. Tribunal Constitucional aún no definió si justicia ordinaria resolverá caso Pradel.
APG. Diputada Delgado se reunió con dirigentes del TIPNIS.
Página Siete / La Paz
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La diputada llamada "librepensante” del MAS Rebeca Delgado denunció ayer en Trinidad (Beni) que la justicia no se aplica de forma equitativa, porque para algunos casos las autoridades judiciales emiten orden de aprehensión de oficio y destinan hasta cuatro fiscales cuando se trata de "atacar” a miembros de la oposición.
"La justicia no es igual para todos los bolivianos. El mandamiento de aprehensión contra los indígenas (del TIPNIS) lo hicieron de oficio y todos los fiscales deberían de actuar de la misma forma por ejemplo con Flora Aguilar”, indicó Delgado al lamentar que la Fiscalía frente al intento de toma de los ambientes del Conamaq en La Paz no designó a ningún fiscal.
Delgado viajó a Trinidad, Beni, para verificar la situación de los indígenas Adolfo Chávez, Fernando Vargas y Pedro Nuni, que se encuentran en una vigilia porque tienen mandamientos de aprehensión por no asistir a declarar a la Fiscalía sobre una supuesta agresión contra el dirigente afín al MAS Gumercindo Pradel, ocurrida el 22 de junio en una comunidad del TIPNIS.
La diputada anunció que remitirá un informe a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa sobre la situación de Chávez, Vargas y Nuni y solicitará al Tribunal Constitucional un informe para que detalle las razones del porqué no resolvió el conflicto de competencias planteado por los dirigentes indígenas del TIPNIS el pasado 29 de agosto.
La entidad jurídica debe definir si la denuncia presentada por Pradel debe ser atendida por la justicia ordinaria o por la justicia indígena, como solicitan los dirigentes que están encerrados en la subcentral TIPNIS, desde hace más de dos meses.
En una anterior declaración, Vargas denunció que el Gobierno de Evo Morales pone fiscales para investigar el caso del indígena cocalero Gumercindo Pradel, que en junio fue "chicoteado” por pobladores del TIPNIS por convocar a una reunión de forma inorgánica, pero para otros casos como el de Chaparina "la justicia ni se pronuncia”.
En ese sentido, Delgado pidió a los fiscales denuncien y exijan a quienes los presionan que los dejen investigar en el marco de la Constitución Política.
Delgado denuncia vulneración de derechos
LA DIPUTADA SE REUNIÓ CON LOS DIRIGENTES INDÍGENAS
Trinidad |ANF.- La diputada Rebeca Delgado (MAS) denunció ayer la violación a los derechos humanos de los dirigentes indígenas Fernando Vargas y Adolfo Chávez, a quienes visitó en la sede de la subcentral Tipnis, en Trinidad, Beni, donde se encuentran refugiados hace más de dos meses para no ser detenidos por la Policía en ejecución de la aprehensión expedida por la Fiscalía.
Delgado, además de verificar la situación en la que se encuentran los dirigentes indígenas, se presentó en la Fiscalía de Beni para conocer los actuados dentro de este caso y corroboró que existen acciones políticas en el proceso.
“Aquí hay violación de derechos humanos (…). Hay presiones, se siente, además, he visto los actuados y todos, mientras existan acciones políticas que para casos de requisas de maletas hay cuatro fiscales, para casos como Gumercindo Pradel hay comisión de tres, para casos del Conamaq no hay ni un solo fiscal, nos estamos dando cuenta que se está moviendo político-partidariamente”, denunció Delgado según la Cadena A.
Los dirigentes indígenas están siendo investigados por tentativa de homicidio a denuncia del dirigente del Conisur Gumercindo Pradel, a quien por decisión de la comunidad le propinaron azotes en castigo, en el marco de la justicia comunitaria, el pasado 20 de junio en la comunidad de San Pablo del Tipnis.
De acuerdo a Delgado, cuando existe un conflicto de competencias, es el Tribunal Constitucional la instancia que debe dirimir si este caso es investigado por la justicia indígena originaria campesina o por un juez de la vía ordinaria. (Los Tiempos).