H. C. F. Mansilla*
Lo que distingue al régimen populista boliviano (en el poder desde enero de 2006) es la firme continuidad con respecto a las tradiciones políticas anteriores: el secretismo, la discrecionalidad y la vasta corrupción de la administración pública. El partido gubernamental (Movimiento al Socialismo, MAS) reproduce viejas usanzas autoritarias, paternalistas y prebendalistas, transladando, por ejemplo, el clásico conflicto por puestos y espacios de poder desde una esfera abierta y pública ─ la competencia entre partidos y grupos políticos ─ hasta un ámbito reservado y cerrado: el interior del partido gubernamental, que no ha conocido ningún rasgo de democracia interna. Hasta hoy el MAS no se ha dotado de una ideología propia; la jefatura no permite un debate intelectual-ideológico en el seno del partido. En la praxis diaria los segmentos elitarios compiten dentro del MAS por la hegemonía política y el apoyo del aparato estatal, pero se trata de una pugna recatada y cautelosa, propia de los hábitos de las antiguas clases privilegiadas, pugna que ahora está en manos de los sectores ligados a la economía informal (y a la delictiva), que por ello no pueden estar interesados en una actuación transparente y basada en criterios racionales de largo plazo.
El carácter conservador del régimen aflora en el tradicional desinterés por los derechos de terceros y en la preeminencia desmedida que se atribuye a la astucia y la picardía. La política aparece entonces como la actividad primordial de intereses sectoriales en lucha sorda, sin que exista una genuina preocupación por el bien común, salvo en la retórica destinada a los ingenuos. El partido populista en el poder, prosiguiendo las convenciones más enraizadas de la sociedad boliviana, se ha convertido en el gran distribuidor de fondos, puestos y prestigio. Como afirma Fernando Molina, el control de los canales de acceso al aparato estatal le ha brindado "su enorme capacidad de cooptación y deglución" de personalidades, partidos, grupos y, obviamente, ideales. Este orden, caracterizado por el sigilo, la arbitrariedad y el favoritismo, no puede promover el Estado de derecho y la previsibilidad de las acciones gubernamentales.
En Bolivia la herencia cultural favorable al caudillismo está con plena salud. El líder providencial aparece como la solución adecuada, por ser fácilmente comprensible para los sectores con niveles educativos menores. Como asevera Fernando Molina, el caudillo está por encima de la laboriosa construcción de consensos, del debate pluralista y de las minucias de la vida institucional. La sociedad convencional confía más en el líder providencial que en el trabajo continuado y complejo de las instituciones.
Lo problemático reside en el hecho de que el caudillo, el iluminado, el señalado por la historia, no conoce limitaciones a su actuación y perpetúa el legado rutinario de arbitrariedad e imprevisibilidad en la esfera pública. La praxis cotidiana del caudillismo conlleva la desatención del Estado de derecho, el entorpecimiento del control racional y público de las actuaciones gubernamentales y la declinación del debate abierto y pluralista de opciones políticas.
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El resultado es el surgimiento de una élite gobernante convencional y poco razonable: el reino de los más fuertes y más astutos. La consecuencia ineludible es la constitución de un estrato elitario que, en el fondo, preserva el antiguo ámbito de la inmovilidad, la intransparencia y la arbitrariedad. Bajo el manto de la reforma radical se reproducen así las rutinas más enraizadas del orden tradicional. En suma: en el ejercicio del poder los dirigentes populistas, que comienzan luchando por los derechos de los excluidos de la historia, se transforman en los miembros de una nueva élite de privilegiados, que a menudo exhiben rasgos despóticos y casi siempre terminan muy alejados del pueblo llano. Mediante la utilización astuta y egoísta de los recursos fiscales y de la protección que brinda a los suyos el gobierno populista, este estrato de militantes privilegiados mantiene viva la tradición de las clases altas que viven del aparato estatal, poseen una influencia decisiva sobre las políticas públicas y no tienen ninguna responsabilidad ante el conjunto de la sociedad. Nihil novi sub sole.
*Filósofo y escritor