En una presentación ante la Justicia Federal del Brasil, el senador boliviano Roger Pinto declaró ayer que el cerco gubernamental a la embajada brasilera en La Paz, donde estuvo recluido por más de un año, incluía a francotiradores apostados frente al edificio.
En un testimonio donde el legislador reafirmó el riesgo que corría su vida de continuar en la legación diplomática, Pinto recordó el permanente acoso en alrededores del lugar por parte de “aliados del presidente Evo Morales”, quienes amenazaban con ingresar por la fuerza en la embajada para atrapar al opositor asilado.
“Todos los días eran difíciles, insoportables, iguales”, dijo el senador, agregando que debe su vida a Eduardo Saboia, el encargado de negocios de la embajada brasilera que lo sacó del territorio boliviano.
Pinto también señaló que el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, había pagado tiempo atrás a un sicario para matarlo, algo que ya fue denunciado en el 2009 por el propio contratado para el “trabajo”.
Por su parte, Ophir Cavalvante, de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), opinó que el senador no tenía otra opción que salir, “so pena de languidecer hasta la muerte en el cautiverio”.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
¿Estuvo en riesgo la vida del legislador por el dispositivo montando en torno a la embajada?
Lo cierto es que las denuncias de Pinto sobre vínculos de altos funcionarios de gobierno con el narcotráfico parecen haber preocupado sobremanera al régimen de Evo Morales…