Ronald Balderrama*
Recordatorio
El viernes 17 de octubre, el vicepresidente del Gobierno del MNR, Carlos Mesa, juró como presidente en reemplazo de Sánchez de Lozada, quien huyó a Estados Unidos dejando a un país enlutado, pero con la esperanza de construir un nuevo Estado y una nueva sociedad.
Mesa asumió el mando con la llamada agenda de octubre: nacionalización del gas, Asamblea Constituyente y nuevo Estado. Sin embargo, su falta de decisión para inclinarse por los marginados y querer mantener equilibrios en un momento que daba para jugarse, le costó el mando. Fue asfixiado por los dos extremos: por un lado, la extrema derecha que había sido desplazada del poder, y la extrema izquierda que exigía el nacimiento del nuevo Estado cuanto antes. Para peor, Mesa tenía Palacio, pero no el poder. Asumió el gobierno con el Congreso donde predominaban los diputados y senadores cuyos partidos habían sido expulsados por las masas movilizadas.
Dato histórico
En el año 2000 el conflicto social que vive Bolivia sufre una importante transformación con la guerra del agua en Cochabamba y los grandes bloqueos campesinos en Chapare y el altiplano central. La “Guerra del Agua” puso después de muchos años en la vitrina de los ojos de la sociedad la fuerza de los movimientos sociales. Mientras en Europa, Estados Unidos, y otros países industrializados aparecía el movimiento antiglobalización como una expresión inicial contra las políticas neoliberales, los campesinos bolivianos protagonizaban la movilización más enérgica contra estas políticas.
Los conflictos que emergen a inicios de una nueva década y un nuevo siglo vislumbrarán un duro cuestionamiento al Estado y a la forma de administración pública de recursos que los partidos políticos tradicionales manejaron en beneficio de élites y de grupos minoritarios y no así en bien de toda la sociedad boliviana.
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Concepción del término conflicto
Relación entre dos o más partes (individuos o grupos) que tienen o consideran que tienen objetivos incompatibles (Fischer). Es un proceso que surge de desacuerdos sobre las metas a alcanzar o los métodos que se van a emplear para cumplir dichas metas. Se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado o está a punto de afectar de alguna manera sus intereses y una de ellas, o las dos, amenaza(n) con ejercer o ejerce(n) coerciones (Kriesberg).
La guerra del gas
En octubre de 2003 se produce la “Guerra del Gas” debido a la intención del entonces presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, de comercializar y vender gas a Chile, cuando este país no resuelve el pedido del país de devolverle la salida al mar que perdió en la Guerra del Pacífico de 1879. Como “Goni” no quiso desistir de esta medida, se produjo una revuelta popular en la ciudad de El Alto, liderada por la Federación de Juntas de Vecinos, Fejuve – El Alto, y la COR (Central Obrera Regional). Llegaron hasta La Paz y El Alto un sin número de cocaleros, campesinos y mineros de todo el país junto a sus sindicatos y federaciones.
En la ciudad de El Alto hubo bloqueos con piedras y zanjas en calles y arterias que conectan a países vecinos como Perú y Chile. El Ejército salió a las calles y realizó una masacre contra civiles dejando como saldo más de 60 muertos y 400 heridos. Esto agudizó el conflicto, en la zona de Senkata se produjo el mayor enfrentamiento.
Violaciones a los derechos humanos
Los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos en Bolivia no son plenamente respetados ni por el Estado ni por los mismos ciudadanos. Desde 1982 las agresiones civiles y violaciones políticas pudieron haber declinado, sin embargo la crisis de octubre del 2003 estuvo marcada por grandes violaciones de los derechos a la vida perpetrados por las fuerzas armadas contra los civiles. Los derechos de la mayoría de la población indígena continúan siendo violados debido a la histórica intolerancia y racismo en ausencia de una inclusiva y pluralista definición de nación.
La informalidad del control civil ha conducido a la manipulación de las fuerzas armadas por parte de los políticos por medios tales como: impunidad por abusos a los derechos humanos, tolerancia a la corrupción y a actividades ilegales y ofrecimiento de concesiones ilegales (como terrenos y bienes raíces). El Defensor del Pueblo recibió entre 1999 y el 2003, 132 quejas contra personal militar. Más del 70% de las quejas tenía que ver con el derecho a la integridad física.
La histórica e inconclusa emisión de condena a los culpables
El 30 de agosto del 2011 el presidente del Tribunal de Sentencia, Ángel Irusta, emitió la sentencia dictada por unanimidad, de 15 años y 6 meses de cárcel para el general Juan Véliz Herrera, ex Comandante General del Ejército y para el general Roberto Claros Flores, ex Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, acusados de ser los autores mediatos del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta.
Otra condena de 11 años de prisión fue impuesta al Almirante Luis Alberto Aranda Granados, ex Comandante General de la Fuerza Naval y Oswaldo Quiroga Mendoza, ex Comandante General de la Fuerza Aérea por los mismos delitos que sus camaradas, en tanto que Gonzalo Mercado Rocabado recibió una pena de 10 años.
Los ex ministros Adalberto Kuajara (Trabajo) y Erick Reyes Villa (Desarrollo Sostenible) recibieron una condena de tres años, cada uno. El resto de los ex ministros de Sánchez de Lozada huyeron del país y hoy se encuentran en Estados Unidos y Perú, mientras que los familiares de los muertos y heridos de “Octubre Negro” esperan que Sánchez de Lozada sea extraditado de EEUU para que sea juzgado en el país.
Lo que acontece en la actualidad
El presidente Evo Morales afirmó que la celebración del 17 de octubre como Día de la Dignidad Nacional responde a la salida del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada del país. El Mandatario considera que con este hecho Bolivia se liberó del modelo neoliberal.
Morales reveló que la iniciativa surgió con anterioridad, producto de un encuentro que sostuvo con dirigentes en El Alto. “Hace un año o dos tuvimos algunos encuentros con dirigentes, ex -dirigentes y veníamos comentando, que, como se escapó Goni en esta fecha, ésta se debe declarar Día de la Dignidad Nacional”, afirmó el Jefe de Estado.
El 17 de octubre de 2003, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada presentó ante el Congreso Nacional (hoy Asamblea Legislativa) su renuncia por escrito, ante la fuerte presión social que exigía su dimisión por las políticas económicas que pretendía establecer. Horas después huyó rumbo a Estados Unidos, donde radica actualmente. Al respecto, el presidente Morales recordó: “A partir de este momento se produce la liberación del pueblo boliviano de un modelo neoliberal”.
Rechazo al día de la dignidad
La dirigencia de la Asociación de Víctimas de Octubre de 2003 expresó su rechazo a la declaratoria de esta fecha como el Día de la Dignidad. “A diez años recién quieren acordarse con un ‘Día de la Dignidad’, que para nosotros no es de importancia”, manifestó a la emisora Erbol la representante de la organización, Lisbeth Callante.
Dirigentes de los damnificados de Octubre de 2003 consideran que más allá de homenajes, el Gobierno debe garantizar fuentes de trabajo y atención en salud.
La iniciativa del gobierno de Evo Morales, de declarar mediante ley el 17 de octubre como Día de la Dignidad Nacional, no es bien recibida por las víctimas y familiares de Octubre 2003, pues consideran que los homenajes no son suficientes para resarcir los daños que les ocasionaron los sucesos de aquel año.
“Este hecho de declarar Día de la Dignidad, a nosotros no nos ayuda en nada, tal vez le darán un título más a la ciudad de El Alto pero no lo vemos de esa forma, no es importante para nosotros”, afirmó Juan Patricio Quispe, presidente de la Asociación de Víctimas de la Guerra del Gas de Bolivia.
Según Freddy Ávalos, abogado de las víctimas de Octubre 2003, las personas a quienes representa no están de acuerdo con realizar actos para declarar el Día de la Dignidad. “El día digno para las víctimas será cuando Gonzalo Sánchez de Lozada y toda su cúpula que están en Estados Unidos sean extraditados al país”, manifestó.
Opinión
En El Alto durante la crisis de octubre del 2003 la participación de las mujeres fue muy importante para las movilizaciones masivas, su participación y estrategias fueron cruciales para la resistencia ante la fuerza armada.
La decisión de los tribunales militares de Bolivia de ejercer su jurisdicción en casos de violaciones de derechos humanos ha sido un obstáculo importante desde hace varios años. Son varios los casos en que el Ejército ha impedido que miembros de las fuerzas armadas declaren ante tribunales de la jurisdicción penal ordinaria y han insistido en que las causas sean juzgadas por tribunales militares. Generalmente estos procesos terminan invariablemente en absoluciones.
El tema de extraditar a Goni a sido lastimosamente una historia sin resolver y sin voluntad política para hacerlo, se debe de recordar que el MAS lleva ocho años de gestión gubernamental y no ha movido un sólo dedo para poder dar justicia a las víctimas de octubre, lo cual si es penoso, ya que la desesperación por mantenerse en el poder en aquella fecha fue el desborde de hechos tan trágicos que nuestra democracia jamás debería de permitir.
Hay muchos elementos para poder argumentar que sí existió un plan para derrocar a Goni, pero la manera en que actuaron los partidos tradicionales no se justifica de ninguna manera, hubo genocidio y lo realizó el Estado, los muertos están ahí, y los ejecutores de las ordenes libres gozando los privilegios que el poder les otorgo.
Muchos se pueden vanagloriar de que el MNR (histórico) realizó muchos cambios en el Estado boliviano, pero igual que muchos gobiernos y partidos políticos, lleva muertos en su haber, en muchos casos por el abuso de poder, y ni siquiera en famoso MAS y su proceso de cambio pudo mantener las cifras en cero, este gobierno al igual que los anteriores lleva altos índices de fallecidos en democracia, y si se cuenta el exagerado abuso de poder que hoy se ejerce en contra de los que disienten pues argumentamos que nuestra democracia va en retroceso.
Paz en la tumba de los mártires y caídos en democracia, si en vida no se hizo justicia pues el destino lo hará, el poder no es eterno, y la vida es muy corta como para pensar que uno estará eternamente vivo o como algunos dicen se quedaran en el poder eternamente.
Estimado lector: ¿Cree usted que Gonzalo Sánchez de Lozada pagará algún día las atrocidades que cometió, o que quedará impune hasta su muerte?
*Politólogo