Informe. Derechos Humanos de Bolivia y el Gobierno tienen distintas versiones sobre el origen de la pugna armada emergente de la erradicación de coca en Apolo.
Apolo: fiscal no valida informe del Gobierno
Viceministro afirma que no hay dudas sobre la hipótesis gubernamental; DDHH dice que no hubo emboscada.
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, presenta fotografías de las fábricas de cocaína halladas en Apolo, en rueda de prensa, ayer. – Apg Agencia
LOS TIEMPOS.- El fiscal José Villarroel, que integra la comisión que investiga los sucesos violentos ocurridos en Apolo, contradijo ayer las aseveraciones del viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, sobre presuntos vínculos de algunos cocaleros de la localidad paceña con extranjeros, quienes habrían entregado armas y la táctica para emboscar a la patrulla de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Villarroel dijo desconocer si gente de otro país estuvo involucrada.
Pérez aseguró que “no quedaba ni una sola duda” sobre la hipótesis de que en Apolo hubo una emboscada organizada por personas vinculadas al narcotráfico y que las pruebas constaban en el cuaderno de investigaciones de la Fiscalía.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En coincidencia con Villarroel, el fiscal del Distrito de La Paz, José Ponce, evitó referirse a las aseveraciones del viceministro.
“Estamos en pleno proceso de investigación y no vamos a especular sobre lo sucedido. Esperemos los resultados”, expresó el fiscal.
Consultado sobre la presunta presencia de extranjeros y la existencia de fábricas de cocaína, Ponce pidió a los periodistas preguntarle eso al viceministro, “yo me aboco a los datos”, sostuvo, al reiterar que el caso está en plena investigación, se están recopilando las evidencias y cuando se presente la acusación, seguro que se tendrán los elementos suficientes para emitir una conclusión.
El viceministro Pérez, en conferencia de prensa, aseveró ayer que algunos de los participantes de la emboscada contra efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta en Apolo se reunieron con ciudadanos peruanos en la localidad de San Fermín donde habrían recibido armas y recomendaciones tácticas.
Informó que se encontraron fábricas de cocaína en la provincia Franz Tamayo y mostró fotos de implementos para la elaboración de droga. Según el Viceministro, estas fábricas estarían dispuestas al modo “colombiano”.
“En resumen queremos dejar en claro de que no nos queda ni una sola duda acerca de la primera hipótesis que habíamos desarrollado de parte del Ministerio de Gobierno en función a los informes que nos pasó la FTC y de igual manera los equipos especializados que se trasladaron a la localidad de Apolo y a sus alrededores”.
El 19 de octubre un contingente de la FTC, según el Gobierno, fue emboscado por comunarios de Apolo dejando el saldo fatal de cuatro muertos, tres uniformados y un médico, y casi una treintena de heridos. Estos hechos habrían sido organizados por personas vinculadas al narcotráfico quienes impedían la erradicación de cultivos excedentarios de la hoja de coca en Apolo.
Denuncian abusos
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) por su parte, tras realizar una inspección y recabar informes de los habitantes de las comunidades cercanas a la población de Apolo, pidió a las instancias investigadoras indagar a los efectivos militares y policiales de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), para establecer si existió violencia de estas instancias contra los comunarios después de la presunta emboscada.
La presidenta de esta instancia defensora de los derechos humanos, Yolanda Herrera presentó el informe recabado en la provincia Franz Tamayo en base a los testimonios de los comunarios quienes por temor a represalias escaparon principalmente de la comunidad Miraflores donde se habrían registrado los hechos violentos el pasado 19 de octubre.
“Mucha gente hace referencia de que de ninguna manera se ha tratado de una emboscada que habrían sido otros los factores y las formas en las que se habrían dado los hechos luctuosos en Apolo. Pedimos se investigue el actuar de los militares y la policía que incursionaron en la zona porque todos los testimonios que brindan información es preocupante”, manifestó Herrera.
La activista de derechos humanos también pidió no inculpar solamente a los comunarios productores de la hoja de coca de Apolo sino investigar integralmente los hechos de violencia ocurridos después del sábado 19 de octubre.
Los informes recabados en Apolo serán entregados a la representante de Derechos Humanos de La Paz para que analice los mismos y puedan también ingresar hasta la zona de los hechos para recabar mayores datos sobre la presunta emboscada y la violencia registrada en contra los comunarios.
En coincidencia con la Asamblea de Derechos Humanos, el párraco de Apolo, informó ayer que ante los abusos cometidos por los uniformados y los sucesos del 19 de octubre, muchos niños que se quedaron sin sus padres y mujeres se refugiaron en la parroquia y se resisten a retornar a sus hogares porque temen ser detenidos.
UE lanza proyecto de reducción
Lima | Afp
La Unión Europea puso en marcha ayer en Lima, un proyecto para reducir la demanda de drogas ilícitas en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, al que destinará 6,1 millones de euros ($us 8,1 millones ), dijo la embajadora comunitaria, Irene Horejs.
“Este es un proyecto innovador, que la Unión Europea considera muy importante en su relación con los países andinos”, dijo la diplomática de nacionalidad austríaca en presencia de delegados de los cuatro países durante una ceremonia realizada en Lima.
El Proyecto de Apoyo a la Reducción de la Demanda de Drogas Ilícitas en la Comunidad Andina (Predem, en español), tendrá una duración de 4 años y 6 meses y se concentra en estos cuatro países. En la cita se conformó el comité consultivo del proyecto, que integran representantes del Ministerio del Interior de Ecuador, de la Cancillería colombiana, de la Agencia Antidrogas de Bolivia (Conaltid) y de la Agencia Peruana Antidrogas (Devida).
“Es un eje nuevo, una mirada que sirve ver como el consumo afecta a las sociedades (en desarrollo). Queremos darle visibilidad a este tema”, acotó Horejs.
Legisladores
El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Cejas (MAS), informó ayer que comisión legislativa conformada para coadyuvar en las investigaciones sobre lo sucedido en Apolo, en la localidad de Miraflores, inició su misión recabando información y testimonio de los jefes e integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
El asambleísta precisó que la comisión legislativa está integrada por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Ever Moya, el presidente de la Comisión de Gobierno y Fuerzas Armadas, Carlos Aparicio, además por los miembros de la opositora Convergencia Nacional (CN), Pedro Medrano y Apolinar Ribera.
El diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM) Fabián Yaksic denunció ayer que no permitieron que sea parte de la comisión y que viaje con está hasta Apolo.
RECHAZAN ESTUDIO DE COCA DE LA UE
Cocaleros del trópico piden respetar 20 mil Ha
Los cocaleros del trópico de Cochabamba rechazan el estudio integral sobre la hoja de coca que fue realizado en 2010 con financiamiento de la Unión Europea, según el cual la demanda legal del arbusto no superaría las seis mil hectáreas. “Los cocaleros vamos a hacer respetar las 20 mil hectáreas de coca a nivel nacional que el Gobierno nacional pretende legalizar”, aseguró Edgar Torres, asambleísta departamental del Trópico de Cochabamba por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
“No confiamos en el informe de la Unión Europea (…) como productores de coca, quisiéramos que se haga otro estudio claro y transparente (..) en Bolivia tienen que existir 20 mil hectáreas de coca, 12 mil en los Yungas, siete mil en el trópico y mil en las zonas tradicionales, eso vamos hacer respetar como productores de la hoja de coca”, dijo Torres.
La entrega del estudio integral sobre el consumo de la hoja de coca financiado por la UE fue postergado en reiteradas ocasiones, según Torres es posible que se lo difunda a “fines de año o principios de 2014”.
“Para mí no se hizo un buen estudio, ahora más que nunca, quién no pijchea coca. Antes, nadie pijcheaba, ahora pichean todos, universitarios, transportistas, hasta en el extranjero, por eso, si está reduciendo para mí es poco confiable el estudio”, dijo Torres.
El asambleísta reconoció que “parte de la hoja de coca del Chapare va destinada al narcotráfico”, “estamos conscientes que una parte va destinada al narcotráfico, estamos muy conscientes de eso, pero eso no es una batalla sólo de nosotros sino del mundo”, dijo. Torres dijo que buscarán reunirse con sus pares de los yungas de La Paz y de Vandiola para asumir una defensa conjunta de las 20 mil hectáreas.
El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, en reunión con las Seis Federaciones del Trópico, el lunes pasado en Villa Tunari, instruyó la aceleración del proceso de registro biométrico de los 40 mil catos de hoja de coca que existen en trópico de Cochabamba.
Según Torres, existe un avance del 50 por ciento en el registro biométrico, es decir que en dos años se registraron 25 mil catos de los 40 mil que existen en el trópico. Los cocaleros se comprometieron intensificar el empadronamiento como también garantizar el control social, para evitar “sobrepasar las siete mil hectáreas”, dijo Torres.
La APDHB y el Gobierno discrepan en el caso Apolo
Informe. Tienen distintas versiones sobre el origen de la pugna armada.
Control. Policías resguardan a mujeres y niños de Miraflores (Apolo), el martes 22. Eduardo Schwartzberg.
La Razón / La Paz
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y el Gobierno discrepan en cómo empezó el conflicto armado en Apolo, el 19 de octubre, donde murieron cuatro personas. La primera dice que uniformados allanaron casas, el segundo ratifica que fue una emboscada.
“Creemos que se dijo sólo una parte de la verdad y nos preocupa que los dirigentes y campesinos estén siendo perseguidos y no haya una investigación sobre el actuar de los policías y militares. En ese sentido, creemos que hay una desproporcionalidad en las pesquisas que se dan”, reclamó Yolanda Herrera, titular de la APDHB, en una conferencia de prensa.
Explicó que tras un proceso de investigación y entrevistas con los dirigentes y mujeres de las comunidades apoleñas de Miraflores y Copacabana se concluyó que la incursión de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) creó un alto nivel de riesgo en ambas comunidades.
El sábado 19, efectivos de la FTC ingresaron a Miraflores y Copacabana para erradicar coca excedentaria. Según el Gobierno fueron emboscados y producto de ello perdieron la vida el subteniente de Ejército Óscar Gironda, el suboficial naval Willy Yujra, el policía Reynaldo Quispe y el médico Michael Olivares.
“Los testimonios indican que fueron intervenidas las viviendas a las 05.00, con la rotura de ventanas y puertas. Llevaron a mujeres y niños a la puerta del colegio, donde sufrieron castigos y vejámenes degradantes, por lo que hubo una reacción de los hombres, por eso pedimos una investigación imparcial”, indicó Herrera.
Al respecto, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, aseguró que la información que se maneja en el Ejecutivo no es una “especulación antojadiza” y que él estaba en el lugar desde el primer momento, luego de los hechos suscitados en Apolo.
Asimismo confirmó la información contenida en la imputación fiscal, en sentido de que la emboscada a la incursión de la FTC fue planificada un día antes, con estrategias militares, ya que arrojaron piedras en el camino y ocultaron armas en posibles recorridos de los uniformados.
“Primero encontró una resistencia con palos y piedras, pero los efectivos, eludiendo esto, se dirigen al lugar donde se debe erradicar y ahí se produce la emboscada. Estaban con pasamontañas, no nos inventamos los cuatro muertos y los heridos”, dijo Pérez.
La autoridad gubernamental afirmó que no existió ningún enfrentamiento, ya que si se hubiera dado ese caso, existirían muchos más muertos, puesto que los efectivos de la FTC están entrenados para disparar.
La presidenta de la APDHB informó que continuarán con las investigaciones del caso, por lo que pidió a su repartición de La Paz una comisión interinstitucional para indagar más sobre los hechos luctuosos ocurridos en Apolo el 19 de octubre.
La abogada de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Claudia Lecoña, sostuvo que hay aspectos irregulares en la imputación en contra de los 21 aprehendidos por este caso. “Hay detenciones ilegales porque se los detuvo a los sindicados a las 06.30, hora que esta fuera de los horarios en los que trabajan los del Ministerio Público, lo que no es legal. Luego no hay una individualización de cada una de las personas que participaron en los hechos y pese a que tienen derecho a la presunción a la inocencia, ya se los culpó”.
Vínculo con actividades ilícitas
Informe
El viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, ratificó que no hay ninguna duda acerca de la primera hipótesis sustentada por su despacho, en sentido de que existen personas vinculadas al narcotráfico que impedían la erradicación de coca ilegal.
Narcotraficantes tenían fábricas móviles
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, informó que en comunidades del municipio de Apolo existían seis fábricas móviles de droga, tipo colombianas, lo que confirmaría que algunos pobladores se oponían a la erradicación de coca porque tenían vínculos con el narcotráfico.
En su informe explicó que existían cuatro narcofábricas que estaban abandonadas, pero esto por la presencia de los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los sectores de Ilipana, Yuyos, Calabatea y Correos del municipio de Apolo.
“En la comunidad Apacheta, a nueve kilómetros de Apolo, se procedió a la destrucción e incineración de una fábrica móvil de pasta base de cocaína, tipo colombiana activa. Se encontró un recipiente celeste con 15 litros de droga líquida, equivalente a 567,22 gramos de cocaína”, detalló Pérez. En la misma región se procedió a la destrucción de otra fábrica a seis kilómetros de Apolo de similares características.Pérez reiteró que serían algunos comunarios del lugar vinculados a los hechos de narcotráfico y tendrían relación con peruanos miembros de grupos irregulares.