Tensión en el norte de La Paz. El presidente de los productores de coca, Gregorio Cari, negó que estén armados, pero dijo que no permitirán la erradicación, en tanto el gobierno envió 100 agentes a Apolo para precautelar la seguridad de los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que realizan tareas de erradicación en esa región.
Apolo: policías refuerzan tareas de erradicación
POR AMENAZA DE COCALEROS.
Los Tiempos
La Policía envió 100 agentes a Apolo para precautelar la seguridad de los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que realizan tareas de erradicación en esa región, ante la amenaza de los cocaleros que, según denunció el Viceministro de Defensa Social, están armados.
El presidente de los productores de coca, Gregorio Cari, negó que estén armados, pero dijo que no permitirán la erradicación.
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El Ministerio de Gobierno presentó ayer ante Ministerio Público una denuncia formal en contra del asambleísta Departamental de La Paz del Movimiento Sin Miedo (MSM) Víctor León y el dirigente de los productores de Apolo, Gregorio Cari, por amenazas a la integridad física.
“Ya hemos iniciado las acciones legales y ya fueron enviados los 100 efectivos para garantizar la seguridad de los efectivos”, informó ayer el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, quien estuvo en Cochabamba para la presentación del Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas en Bolivia.
El jueves pasado, Cáceres denunció que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) fue amenazada por gente armada que está fomentando al narcotráfico en la zona de Apolo.
Cáceres anunció ayer que en los próximos días se iniciará la erradicación de las 30 hectáreas de coca clasificadas por su Viceministerio como cultivos ilegales en áreas tradicionales.
Dijo que el Grupo Especial de Control de Coca (GECC) y los policías antinarcóticos reportaron que el 25 por ciento de la hoja de coca cultivada fuera del cordón tradicional de Apolo va al narcotráfico para la elaboración de pasta base de cocaína.
Precisó que existen “nuevos productores de coca” en Apolo, cuyos cultivos no son tradicionales “por tanto la FTP, por más que exista amenazas a la integridad física de los efectivos, va a continuar con el objetivo de eliminar toda esa coca ilegal”, dijo.
Según Cáceres, las 30 hectáreas de coca son cultivos que datan después de la promulgación de la Ley 1008, en 1988. “Las nuevas plantaciones de la hoja de coca después de 1988 no son reconocidas como ancestrales aunque estén en áreas tradicionales”, dijo.
Según datos del Viceministerio de Defensa Social en Apolo, existen 300 hectáreas, de las cuales 30 hectáreas –el 10 por ciento– son ilegales. “Es un reducido grupo”, anotó Cáceres.
En vigilia
En respuesta a las denuncias y anuncios del Viceministro, el dirigente de los cocaleros de Apolo reiteró que no aceptarán la erradicación de la coca en su sector, razón por la cual los pobladores de esa región se encuentran en vigilia.
“Estamos en los puentes y en los cerros, pero no armados, sólo tenemos palos, hondas, flechas y colmenas de abejas porque no aceptaremos que los de las FTC (Fuerza de Tarea Conjunta) ingresen”, dijo.
Los habitantes de 26 comunidades, entre ellas Copacabana, Miraflores, Concepción, Santa Bárbara y Santa Catalina, están dentro del área delimitada de producción legal, afirmó Cari.
Anunció, además, el bloqueo de caminos y adelantó la posibilidad de presentar un amparo constitucional para que se declare a Apolo como zona tradicional de cultivo de hoja de coca.
Dos helicópteros
Cáceres anunció –para julio del próximo año– la entrega, por parte del Gobierno central a su dirección, de dos helicópteros Puma, los que permitirán a los efectivos de la FTC el trabajo en zonas inaccesibles por tierra.
Los helicópteros que fueron adquiridos con la colaboración del Gobierno de Francia, tendrán una capacidad para transportar a unos 35 efectivos cada uno.
“Podremos entrar a todo los rincones y lugares inaccesibles. En el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, suspendimos las actividades por la inexigibilidad de sus terrenos”, sostuvo.
Reducción del consumo
El Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas en Bolivia, presentado ayer en Cochabamba, resume las acciones que el Gobierno asumirá para reducir la vulnerabilidad al consumo de alcohol y otras drogas en la población boliviana, focalizando en grupos de mayor riesgo, asegura el tratamiento, la rehabilitación y la reintegración familiar, social y laboral de las personas afectadas.
El documento contiene un estado de la situación de prevención, tratamiento y reintegración que recoge la trayectoria histórica y resultados alcanzados en los últimos 15 años en el país.
Según el documento, el Gobierno pondrá énfasis en cinco ejes temáticos: la prevención, las poblaciones altamente vulnerables, el tratamiento y la rehabilitación, la reintegración y el desarrollo institucional. La aplicación del plan ya tiene garantizado el 25 por ciento de los recursos, el Gobierno viene gestionando a través de ONG y cooperaciones extranjeras el restante 75 por ciento.
“Si bien no es alto el consumo de drogas en el país, en los últimos años se han intensificado en los colegios y las universidades”, dijo el viceministro de Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, a tiempo de comentar sobre el documento.
Investigaciones a Cutipa
El fiscal Róger Velásquez anunció que se amplió la investigación en contra de otras personas por el desvío de coca confiscada y venta irregular de licencias de comercialización en la Dirección de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin).
“Es un número elevado de personas a las que se ampliaron las investigaciones, hice la ampliación de las pesquisas e informé al juez de instrucción sobre esta determinación, por lo que elaboraremos un cronograma para que los investigados vengan a declarar (en este proceso)”, señaló Velásquez sin dar a conocer los nombres de los investigados.
Andrés Zúñiga –abogado del exjefe de Digcoin Luis Cutipa, detenido en la cárcel de Patacamaya, acusado de desviar cerca de 45 toneladas de coca y hacer cobros irregulares por la renovación de licencias de comercialización– informó que su defendido insistirá en su inocencia, porque la coca decomisada fue donada a las organizaciones sociales para diversos actos, como constan en las actas de donación presentados hasta 2013.
Dijo que han identificado por lo menos cinco agravios en la sustentación de la acusación, por lo que se pretende revocar la determinación del arresto preventivo.
16 toneladas
La Policía antidroga del país confiscó, en lo que va del año, casi 16 toneladas de cocaína, 72 toneladas de marihuana y detuvo a 3.823 personas acusadas de tráfico de drogas, de las que 309 son extranjeras, informó el viceministro de Sustancias Controladas, Felipe Cáceres.
Entre los extranjeros detenidos hay 89 colombianos, 52 peruanos, 46 brasileños, 33 argentinos, 17 chilenos y 10 españoles.
Además, la Fuerza de Tarea Conjunta, que opera con militares y policías, destruyó 9.048 hectáreas ilegales de coca en todo el país.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Bolivia tenía 25.300 hectáreas de coca en 2012.
El Gobierno demandará a los cocaleros de Apolo
El Gobierno argumenta que amenazan la labor de los efectivos en la zona
La Razón
La Paz. El viceministro Felipe Cáceres y el comandante de la FTC, Milton Navia, en conferencia de prensa. La Razón.
El Ministerio de Gobierno presentará en las próximas horas una demanda, ante la Fiscalía, en contra de los productores de coca ilegal que amenazan a los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en la región de Apolo, en La Paz, informó ayer el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.
La autoridad señaló que la FTC y la fuerza antinarcóticos entregaron la documentación correspondiente al ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien demandará a los cocaleros por “amenazas a la integridad física de los uniformados“.
Cáceres afirmó que se busca sancionar a los que atenten contra la integridad de los uniformados y para ello Inteligencia trabaja en la identificación de los instigadores. Uno de ellos es “la cabeza principal Gregorio Cari”. “Este señor y un asambleísta del Movimiento Sin Miedo de Apolo (Víctor León) son los que lastimosamente están haciendo la resistencia al cumplimiento de la ley”.
Explicó que Cari cambió de actitud porque “cuando era vicepresidente de los productores legales firmó un convenio para permitir que la FTC ingrese a la zona, para delimitar el área tradicional, un catastro y el registro biométrico”.