Representantes de la Fundación Nueva Democracia denunciaron que en Bolivia existe persecución política. El ministro Romero negó este extremo y vinculó al acusador con la oposición.
CIDH pide información sobre independencia de la justicia
Oposición denunció violación de derechos fundamentales. Representantes de la Fundación Nueva Democracia denunciaron que en Bolivia existe persecución política. El ministro Carlos Romero negó este extremo.
CID. Cuéllar y Salame exponen sus argumentos en la CIDH, ayer.
Página Siete y agencias
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó ayer a la Fundación Nueva Democracia y al Estado boliviano "complementar” con más información sobre la independencia del Órgano Judicial, en la audiencia en el marco del 149 periodo de sesiones que celebró en ese organismo en Washington.
Rubén Darío Cuéllar y Silvia Salame, en representación de la Fundación Nueva Democracia (FND), peticionaria en la CIDH, denunciaron que en el país existe un "secuestro del Órgano Judicial por parte del Órgano Ejecutivo, detenciones arbitrarias y crímenes extrajudiciales”, según la agencia EFE.
Además aseguraron que se violaron derechos como la suspensión de autoridades democráticamente elegidas, persecución judicial, discriminación, suspensión de autoridades judiciales por motivos políticos.
"Se trata de una situación bastante compleja, por lo que solicitaría a los peticionarios y al Estado complementar las intervenciones”, indicó la comisión, al formular varias preguntas que, según dijo uno de los comisionados, servirán para tener una percepción más objetiva de lo que sucede en Bolivia.
A su turno, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en representación del Estado, dijo que el año 2008 sus interlocutores, "los políticos que tengo al frente, decidieron desmembrar el país” sólo porque se oponían al proceso de transformaciones que inició el gobierno de Evo Morales.
Romero exigió que se demuestre "un solo caso de ejecución extrajudicial” como se denunció, así como que el presupuesto del Ministerio de Defensa es 1.500 veces mayor al del Órgano Judicial.
Mientras que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, rechazó las acusaciones sobre un supuesto sometimiento de la justicia al poder político y aseguró que existen todos los mecanismos para garantizar el debido proceso y la defensa de los acusados.
En la audiencia también estuvo el embajador de Bolivia ante la OEA, Diego Pari.
Salame también dejó sentado que durante el gobierno de Morales se ejerció presión para lograr fallos en función de los objetivos del Órgano Ejecutivo y demandó que las sentencias del TCP sean oportunas y claras.
"Quieren afectar la imagen del país”
Oficialistas y opositores cruzaron criterios respecto de la denuncia de violación de los derechos fundamentales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
La senadora Sandra Soriano (MAS) acusó a la oposición de pretender con estas denuncias "afectar la imagen del país ante la comunidad internacional”. "Lo cierto es que no existe persecución, sino procesos judiciales por corrupción”, afirmó la asambleísta.
Mientras tanto, el diputado Tomás Monasterios (CN) celebró que la Fundación Nueva Democracia acuda a la CIDH para interponer los casos de persecución judicial del Gobierno por motivos políticos.
"Es una mala imagen para el país”, dijo el parlamentario y apuntó al presidente Evo Morales como el responsable de los hechos de supuesta persecución.
Añadió que el Gobierno está preocupado porque sabe que las resoluciones de la CIDH tienen carácter vinculante a un Estado que está violando derechos.
La OEA exige informe escrito de persecuciones en Bolivia
Comisión Interamericana de derechos humanos. La Fundación Nueva Democracia denunció ante la CIDH la violación de la independencia judicial. El ministro Romero vinculó al acusador con Podemos.
El embajador en la OEA, Diego Pari, y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dieron los descargos. Foto: Archivo.
EL DEBER, Bolivia
El atropello a los derechos políticos y la falta de independencia de la justicia en Bolivia fueron denunciados ayer por la fundación Nueva Democracia ante delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la segunda audiencia del año en la que es acusado el Estado boliviano ante esa instancia de la OEA.
Tras los alegatos y descargos presentados por el Ministerio de Gobierno y la Corte Suprema de Justicia, la CIDH pidió a los denunciantes presentar los casos por escrito y debidamente respaldados.
Rubén Darío Cuéllar, representante de la fundación y exconstituyente por Podemos (2006-2008), y la expresidenta del Tribunal Constitucional Silvia Salame presentaron los juicios a opositores como demostración de abusos cometidos por el poder político y el judicial en el país, tales como el caso de supuesto terrorismo, la represión policial a la octava marcha indígena y el enjuiciamiento a sus dirigentes, y los procesos al senador Róger Pinto y al recientemente fallecido exdirector del Servicio Nacional de Caminos José María Bakovic.
Respuesta oficial
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, que encabezó la representación del Estado boliviano, desestimó las acusaciones e identificó a la fundación denunciante con un ‘grupo político conservador’ ligado a Podemos. Aseguró que los casos denunciados como persecución política a opositores y autoridades judiciales se ventilan ante la justicia por delitos.
Romero, acompañado del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, afirmó que el caso de terrorrismo se basa en que hubo una “célula terrorista que pretendía producir un magnicidio y dividir al país”, y que la mayoría de los presuntos perseguidos políticos son personas investigadas por irregularidades.
Audiencia en Washington
Entre las 14:00 y las 15:00 de ayer, la CIDH, con sede en Washington, recibió el caso boliviano en su 149.º periodo de sesiones, donde la fundación Nueva Democracia expuso en 20 minutos denuncias por hechos que ponen en duda la independencia de la justicia en Bolivia. El Gobierno y el Poder Judicial usaron otros 20 minutos para su descargo y los delegados de la CIDH cerraron la hora con el pedido de documentar las acusaciones por escrito.
En marzo, dirigentes de la octava y novena marcha indígena, entre ellos el presidente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas, acusaron al Gobierno por la violación de los pueblos indígenas de Bolivia, de modo que la de ayer fue la segunda audiencia presentada en 2013 por denuncias contra el Estado boliviano
Gobiernos y la CIDH
Evo amenazó con retirarse
En más de una ocasión, el presidente Evo Morales advirtió que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos debía cambiar o Bolivia se retiraría.
DENUNCIAS CONTRA LA DICTADURA
Las familias Ibsen y Trujillo demandaron al Estado boliviano ante la CIDH y la Corte IDH por la desaparición de sus familiares durante la dictadura de Hugo Banzer. El Estado perdió el proceso.
Venezuela, fuera de la CIDH
El Gobierno de Nicolás Maduro concretó el retiro de la CIDH que había sido propuesto por su antecesor, Hugo Chávez. El Gobierno de Ecuador evalúa su caso.
CIDH indaga independencia de la justicia
TRAS AUDIENCIA SOBRE BOLIVIA.
Washington | EFE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó ayer más información para analizar la situación de la independencia judicial y el respeto de la separación de poderes en Bolivia, ante las denuncias de persecución política, tras escuchar a peticionarios y representantes del Estado boliviano en una tensa audiencia dentro del 149 periodo de sesiones que celebra el organismo.
Rubén Darío Cuéllar y Silvia Salame, representantes de la Fundación Nueva Democracia, aseguraron que en el país existe un “secuestro del sistema judicial por parte del órgano ejecutivo, detenciones arbitrarias y crímenes extrajudiciales”, entre otras violaciones de los derechos humanos, según reporte de la agencia Efe desde Washington.
Cuéllar añadió además “violaciones insistentes a los derechos políticos, la aplicación retroactiva de las leyes penales, la persecución a jueces independientes, la vulneración al derecho a la doble instancia en juicios de responsabilidad y las constantes violaciones a la libertad de expresión”.
Por su parte, Salame aclaró que sus denuncias no se realizan contra el sistema judicial boliviano en sí mismo, sino que con ellas buscan “que se respete al órgano judicial” y su independencia, y evitar así que se vulneren los derechos de los bolivianos.
“A lo largo de los últimos cinco o seis años de gestión del actual Gobierno se han ido introduciendo una serie de presiones para lograr fallos en función de los objetivos del ejecutivo”, reclamó Salame, exmagistrada del Tribunal Constitucional del país.
Durante el turno del Estado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó a sus interlocutores de “políticos que se camuflan en la defensa de los derechos humanos” y aseguró que los peticionarios “tienen un concepto restringido de lo que hoy es la democracia en Bolivia”.
“Hemos experimentado profundas transformaciones estructurales, que no solamente han permitido incorporar a sujetos excluidos, como indígenas y mujeres, sino que ha permitido la redistribución del poder político hacia las regiones”, dijo Romero.
Los miembros de la Fundación Nueva Democracia aludieron a casos de destituciones públicas improcedentes e incluso aseguraron haber contabilizado desde septiembre de 2011 un total de 60 ejecuciones extrajudiciales.
El ministro de Gobierno retó a los peticionarios a que demostraran uno solo de esos fallecimientos y les acusó de tener una visión “darwinista” de la democracia boliviana.
Ante el intercambio de acusaciones y el tiempo, el comisionado colombiano Rodrigo Escobar Gil solicitó información por escrito que aclare los mecanismos de funcionamiento del Tribunal Constitucional de Bolivia y, respecto a las destituciones denunciadas por los peticionarios, pidió que se detallara si estas habían sido llevadas a cabo respetando el debido proceso.
Asimismo, Escobar Gil pidió datos sobre los mecanismos de control judicial en Bolivia y si son o no efectivos.
Los peticionarios instaron a la CIDH a que visite “in loco” el país y “compruebe las denuncias” que plantean en sus informes.
Momentos tensos
La Fundación Nueva Democracia quiso hacer partícipe de la audiencia a un representante de la misión de Hungría en Washington DC para relatar el caso del húngaro Elöd Tóásó, encarcelado hace más de cuatro años en Bolivia acusado de terrorismo.
Sin embargo, ante la queja del Estado boliviano y la tensión creciente en la audiencia y, al no haber sido anunciada su intervención como parte de los testimonios, la Comisión consideró incluir sus declaraciones por escrito.
EXPOSICIONES ANTE LA CIDH
Carlos Romero. Ministro de Gobierno
No cuestiono de ninguna manera que ellos (la Fundación para la Democracía) hagan actividad en una ONG, en una fundación, por el contrario es saludable, pero que no se camuflen bajo la supuesta defensa de los derechos humanos para hacer política.
Nuestros interlocutores se restringen al concepto político de democracia que se ha transversalizado en lo económico y social.
Hoy día Bolivia experimenta profundas transformaciones estructurales que no solo han permitido incorporar en la representación política a sujetos que históricamente habían sido excluidos como los indígenas y las mujeres y también ha permitido la distribución del poder político hacia las regiones (…)
Nuestra democracia ya no se restringe a la representación política, además adquiere connotaciones económicas y sociales fundamentales, el pueblo boliviano está gozando el máximo nivel desarrollo democracia de toda su historia.
Gonzalo Hurtado. Presidente del Tribunal Supremo de Justicia
Soy el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y representante del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia. Es importante señalar que la Constitución Política del Estado, que fue aprobada con más del 64 por ciento de la población, determinó entre uno de los puntos principales que sean elegidas las máximas autoridades judiciales a través de la vía más idónea que se tiene, que se conoce en la democracia, el voto directo luego de una preselección de la cual salimos electos tanto autoridades del Tribunal Supremo de Justicia como del Tribunal Constitucional, el cual ya no forma parte del Órgano Judicial.
Dentro de ese marco que establece la Constitución Política está el marco de independencia, es decir ya no hay más sumisión de un órganos a otro órgano como era antes, de un poder hacia otro poder, es cierto pueden haber algunas imperfecciones, que son corregibles con el transcurso del tiempo, y desde luego no puede ser comparado con el anterior sistema y con toda seguridad es mejor que la anterior.
Silvia Salame. Expresidenta del Tribunal Constitucional
¿Qué pasa con el Tribunal Constitucional? evidentemente ha dictado fallos que honran su magistratura como el fallo que se dictó sobre el delito de desacato y declarar la inconstitucionalidad de la retroactividad de la norma, que se puso en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero lo que nosotros pedimos al Tribunal Constitucional de Bolivia, que las sentencias sean prontas y oportunas, pero además que sean sentencias claras porque en el caso Tipnis se hubiese dictado una sentencia clara no se habría tenido el problema que se dio en el país con los indígenas.
Entonces ese es el pedido que se hace al Tribunal Constitucional y desde luego pedir al Órgano Ejecutivo que no desacredite la actuación de este tribunal cuando emite algún fallo que no es de su agrado, pues uno de los parlamentarios del partido de gobierno, cuando solo admitió el Tribunal el caso relacionado con el conflicto de competencias entre la justicia originaria campesinas y la justicia ordinaria lo desacreditó indicando que ese tribunal no servía, no respondía.