Ariel Alberto Hurtado Paz*
La Ministra de Justicia Cecilia Aylón ha sugerido eliminar la figura de los jueces ciudadanos establecido en el nuevo Código de Procedimiento Penal, debido a que supuestamente la experiencia en Bolivia resultó un fracaso porque aducen a ellos la lentitud de los procesos judiciales.
Esto es una falacia de grandes proporciones y la Ministra de Justicia lo sabe, porque los jueces ciudadanos tienen muy poco que ver o nada en la retardación de justicia. Eliminar a los jueces ciudadanos tiene otro propósito, que es el de poder manipular los procesos judiciales desde Palacio Quemado sin interferencias.
La retardación de justicia se debe únicamente a que los jueces técnicos que no hacen su trabajo, todos los días se suspenden audiencias por falta de notificación a las partes, inasistencia de los fiscales, los jueces asistiendo a cursos, etc. En un juzgado se agenda normalmente de 6 a 8 audiencias por día, y en promedio se realizan 2 a 3, el resto se suspende por diversos motivos y muchos de ellos ajenos al acusado, sin contar la etapa preparatoria donde los fiscales en muchos casos no acusan o sobreseen al imputado en los seis meses, pero el nudo gordiano aparece posteriormente a la acusación formal, entre la audiencia conclusiva y la instalación del juicio, suele pasar más tiempo que en la propia etapa preparatoria.
Para contar con una justicia imparcial y transparente más bien deberíamos exigir que se aumenten los jueces ciudadanos para que estos sean los que dicten las sentencias de forma colegiada y el juez técnico solo haga el trabajo de administrar el proceso, como un árbitro. De esta manera eliminaremos la corrupción del poder judicial y su dependencia del poder ejecutivo. Estos cambios en el sistema judicial sugeridos por el gobierno deben alertarnos.
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Lo único que buscan es establecer un régimen totalitario para poder perpetuarse en el poder como los hermanos Castro en Cuba. A la justicia boliviana le costó toda una vida republicana salir del sistema inquisidor al sistema acusatorio actual, y entregarle parte de la justicia al ciudadano, esto fue un avance que no nos podemos dar el lujo de echar por la borda.
Como ciudadanos debemos exigir que los cambios en el sistema judicial sean para garantizar la independencia de poderes y transparentar la justicia, no así para instrumentalizar la persecución política mediante la justicia, esa es hoy el arma de amedrentamiento y represión de los regímenes autoritarios modernos en Latinoamérica (Venezuela, Nicaragua, Ecuador y sus aliados del ALBA), otrora era el exilio, el confinamiento, la tortura y el asesinato de los que se oponían a los regímenes dictatoriales.
*Abogado