Roger Mario López Justiniano*El gobierno aprueba el Decreto 1754, que “permite ahora a los trabajadores ser los potenciales y principales compradores de las empresas que estén en proceso de cierre o que se declaren en quiebra” (El Deber, 8 de Octubre).Esta retórica a favor del trabajo que ensaña el gobierno desde que ejerció el poder representa una consigna política, de corto plazo además, que pretenden beneficiar a sectores determinados como a los sindicatos, en desmedro de los verdaderos trabajadores de escasos recursos que ni siquiera pueden optar por un empleo dadas las restricciones impuestas como los salarios mínimos y los mismos sindicatos, que regulan los puestos de trabajo para subir artificialmente los sueldos. Como resultado, precios relativos más elevados para el grueso de las familias.Las medidas gubernamentales para apoyar a los trabajadores parecen infundadas, ¿a qué precio se quiere dar trabajo?, las personas ocupadas en empresas quebradas –ineficientes- constituyen un costo social enorme ya que, los individuos que desempeñan funciones en dichas entidades improductivas están restringidos a los sectores de mayor utilidad –con este decreto por más tiempo- significando una pérdida neta de capital humano.A su vez, ¿qué incentivo tiene ahora un empresario de invertir en empresas que considera más riesgosas, sabiendo además que si pierde no va a poder recuperar ni siquiera parte de su capital?, lo que hace el gobierno es dificultar aun más el desarrollo empresarial y del país, creando aversión al riesgo y, por ende, no permitiendo que las fuerzas del mercado sean las que determinen qué industrias son las más rentables para que los trabajadores puedan desplegar ahí su potencialidad, resarciéndose del rendimiento de dicha industria.Con estas políticas primitivas el gobierno lo único que conseguirá es reducir el nivel de eficiencia y productividad, incentivando a las personas a ‘quebrar’ empresas, con la esperanza de que sus motivaciones económicas sean saldadas con el capital ajeno.*Estudiante de Economía