Juan Carlos Urenda
La lectura del libro “El apagón moral” de Sergio Sinay, que muy oportunamente trata la falta de consideración con el “otro”, me ha provocado una reflexión sobre el grado de respeto a los principios democráticos en Bolivia, especialmente por parte de los que tienen poderes de decisión sobre aspectos relacionados con la cosa pública, los que de una u otra manera representan a otros y sus decisiones afectan en mayor o menor grado, directa o indirectamente, a otros.La democracia es, ante todo, un sistema basado en principios y valores, no en intereses personales o de grupo. Los principales principios rectores del sistema democrático liberal son el sometimiento a la ley, especialmente por parte de los gobernantes (estado de derecho), la independencia de poderes e instituciones, las libertades normadas y la igualdad de todos ante la ley. La autonomía como proceso descentralizador profundo es, ante todo, también un principio democrático en si mismo que hay que defender con principios y no con discursos.Se sabe que mientras más se apliquen principios y valores democráticos sobre la cosa pública, mayor el desarrollo económico y social de los países. Es lo que los expertos han denominado las condiciones no económicas del desarrollo económico. Las sociedades donde prevalecen los principios democráticos con relación a la cosa pública, marcan una diferencia notable en el desarrollo económico y social de los pueblos. Cada vez que se privilegia el interés de una persona o grupo de ellas, partido político o región por encima del principio general, se daña la democracia, y si ese daño es frecuente, como ocurre en Bolivia, la democracia se va dañando seriamente hasta afectar a cada uno de los ciudadanos de manera directa, incluidos los ocasionales beneficiarios de privilegios. El caso chino es una excepción de crecimiento económico sin democracia porque hay una dictadura que aplica un capitalismo salvaje, pero la población carece de libertades y derechos fundamentales.Los que tienen una especial obligación moral y constitucional de profesar, defender, aplicar y hacer aplicar esos principios por encima de los intereses particulares de sus representados por legítimos que estos fueran, son todos aquéllos que representan a otros, ya sea a través de órganos e instituciones del Estado o entidades de la sociedad civil, gremios de profesionales, empresarios, obreros, etc. Hacer lo contrario seguramente genere la cosecha fácil de aplausos de los beneficiados inmediatos, pero resulta miope y torpe con el correr del tiempo. Si se ejerce un cargo de representación con espíritu verazmente democrático, cada vez que se viola uno de esos principios, se debiera por lo menos protestar vehementemente, aunque sea para dejar registro histórico de testimonio de lucha.Se que no es fácil entender que es mejor defender principios que defender intereses económicos. La defensa de principios requiere a menudo sacrificios personales, en cambio, el trueque de principios por otros beneficios generalmente acarrea “beneficios” personales. Se entiende, pero ahí justamente radica el tamaño del liderazgo que se requiere para crecer en sociedad, el que detenta representación de otros debe tener la altura y la capacidad de mirar más allá de las billeteras. Desgraciadamente no es común en nuestro medio el liderazgo valioso basado en principios y sacrificio personal.Los valores son, en definitiva, aquellas cosas que valoramos. Los que de alguna manera representan a otras personas tienen la obligación moral y constitucional de valorar y luchar sin cálculos por los principios democráticos por encima de otros intereses. No hay otro camino. El que no crea en ello como un valor superior no debiera representar a otros.