Víctor Hugo Cárdenas*
Por fin, después de más de tres años de un rosario de postergaciones, el Gobierno decidió publicar el contenido del estudio sobre el consumo de la coca financiada por la Unión Europea. Tal vez influyó, en los últimos días, la evidente molestia de los financiadores por la tardanza en la difusión de los resultados. O tal vez la decisión del Gobierno de encarar la industrialización y exportación de derivados de la coca a un supuesto mercado exterior.
Una vez publicadas, las cifras van y vienen. El aparato de propaganda gubernamental intenta, por diversos medios, posicionar la cifra mágica: 14.705 hectáreas como la necesaria para el consumo legal. O que los consumidores sean más de tres millones de bolivianos. Mientras los cocaleros de Chapare insisten en aumentar la superficie cultivada de coca, por lo menos, hasta las 20.000 hectáreas.
El dato sorprendente es la resignada aceptación de las cifras difundidas. A nadie se le ocurrió preguntarse de cuál estudio estamos hablando. ¿De los resultados del primer estudio financiado con más o menos un millón de dólares por la Unión Europea y que concluyó el 2010? ¿O del segundo estudio, financiado por el Gobierno boliviano con otro millón de dólares, iniciado el 2010 y concluido el 2013? Es evidente que hay dos etapas y dos equipos en el estudio realizado.
Sin plantear estas preguntas y sin las respuestas necesarias, ¿no suena sospechosa la publicitada satisfacción de los financiadores del primer estudio cuando su primera reacción fue afirmar que las 14.705 hectáreas era una conclusión política y no técnica? ¿No suena raro que el coordinador técnico del segundo estudio aparezca como el “ministro de informaciones” de todo el estudio del consumo de la coca pero que desconozca que entre el 95 al 98% de la coca del Chapare vaya al narcotráfico?
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Voceros de la oposición e incluso algunos dirigentes de los cocaleros de Chapare dijeron que el primer estudio concluyó que solamente se necesitaban 6.000 hectáreas de coca para el consumo legal. El Gobierno expresó su evidente contrariedad con esos resultados y proclamó la necesidad de complementar con otros estudios que tardaron más de tres años. Por lo visto, esos estudios complementarios incrementaron 8.705 hectáreas para concluir un total de 14.705 hectáreas.
En primer lugar, el Gobierno entregó los resultados del informe a los cocaleros pero no a los financiadores del primer estudio ni a los mandantes del Gobierno, la ciudadanía boliviana. No resulta convincente que después de tantos años de estudio, los resultados del mismo desconozcan que la coca consumida por la población es la de los Yungas y no la de Chapare.
¿Qué propósito tiene mostrar en el mundo la hoja de la coca de los Yungas de La Paz y ocultar la hoja de coca del Chapare? Según los datos del estudio ¿dónde va la producción excedentaria de alrededor de 13.000 hectáreas de coca que, según el estudio en cuestión, es la diferencia entre la superficie cultivada hoy, alrededor de 27.000 hectáreas menos la que se requiere para consumo legal (14.705 hectáreas)?
En fin, ¿qué hay detrás de la campaña oficial de exportar productos derivados de la coca cuando existen barreras legales internacionales? ¿Todos los países de la ALBA y del Unasur aceptaron la iniciativa del Gobierno de Bolivia? ¿Será la necesidad de exportación la que aumente una mayor extensión de cultivos de coca hasta por lo menos las añoradas 20.000 hectáreas?
*Ex vicepresidente de Bolivia
El Deber/Séptimo Día