La presencia en la empresa estatal Papelbol de Carlos Núñez del Prado demuestra que los represores del régimen siguen siendo premiados con cargos de lujo, aún cuando sean separados de sus funciones en el Ministerio de Gobierno.
Sobre Núñez del Prado pesa la acusación de haber sido uno de los “cerebros” del sangriento operativo del Hotel Las Américas, que acabó con la vida de tres personas y que actualmente provoca las quejas del Parlamento Europeo.
Igualmente, se ha señalado su participación en la brutal represión policial de La Calancha, en Sucre, donde perdieron la vida tres estudiantes universitarios que protestaban contra la aprobación de la nueva Constitución en un cuartel militar.
El caso de Nuñez del Prado viene a sumarse a los de los ex ministros de gobierno Alicia Muñoz y Sacha Llorenti, la primera acusada de omisión de funciones en la crisis de Huanuni, que derivó en la muerte de más de 20 mineros; y el segundo con cuentas pendientes por la inaudita violencia estatal descargada contra los marchistas indígenas en Chaparina.
Muñoz, apodada “Malicia” por el escritor Juan Claudio Lechín, fue premiada con cargos diplomáticos en el exterior, estando al frente hoy en día de un consulado en España (donde bolivianos residentes acaban de denunciarla por malos tratos).
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Llorenti, como es sabido, recibió un exilio VIP como representante de Bolivia ante las Naciones Unidas.
Volviendo a Núñez del Prado, su caso es sintomático de la utilización de las empresas estatales como botín político, lo que también explicaría la supina ineficiencia de dichas entidades…