Bolivia. Dentro de las figuras políticas que marcaron agenda en 2013 se encuentra la diputada electa por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, denominada como la “libre pensante”.
Desde que Delgado se atrevió a cuestionar una de las decenas de leyes enviadas desde el Ejecutivo al Legislativo con orden de “no se mueva ni una coma”, su relación con el oficialismo se quebró, llevándola a aliarse con los sectores indígenas campesinos que también fueron alejados del pacto gubernamental por su resistencia al modelo político – económico implantado desde 2010.
Antes de ser relegada del cargo como presidenta de Diputados en enero, Delgado dijo que la Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado debía modificarse en más del 60 por ciento, hecho que generó la protesta del ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien junto a otros abogados encaramados en el Ejecutivo y el asesoramiento de algunos diputados de alto rango constitucionalista son los encargados de diseñar todas las leyes del nuevo Estado plurinacional con carta abierta, pues su aprobación está garantizada sin mayor trámite en la Asamblea Legislativa.
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El propio presidente Evo Morales le bajó el pulgar al decir que “tuvimos muchos problemas con esa señora”. Indirectamente agregó “olvídense de las opiniones personales, no son libre pensantes”. Luego fue el vicepresidente Alvaro García quien reiteró con mayor contundencia esa advertencia al interior del partido azul, porque “una vez aceptadas las reglas, no es un grupo de amigos, ni somos libre pensantes, somos revolucionarios”, terminando por bautizar así a Delgado y otros legisladores que se sumaron a la autocrítica en el proceso de cambio.
Delgado fue reemplazada por Betty Tejada, exdiputada de Manfred Reyes Villa, mientras Gabriela Montaño fue ratificada en el Senado, en una suerte de “aplazo y premio” dentro de las filas azules.
Luego vino el caso de la red de extorsión descubierta en 2012, cuando la diputada cochabambina dijo que estos grupos no actúan solos y que “hay mayores responsabilidades”, en alusión a mandos altos que no habían sido convocados en la investigación. El hecho volvió a confrontarla con la cúpula del MAS.
La reelección de Evo Morales también fue parte de la agenda de la exconstituyente y exviceministra, pues tras el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, ella afirmó que se violó el magno documento, pero aún era cauta al hablar del Presidente a quien dijo “hay que cuidarle las espaldas”.
Luego, un quincenario de línea oficialista salió a la luz con un artículo sin fuente que aseguraba que Delgado actuaba de esa forma “irreverente” por tener una relación con un exasesor de Carlos Sánchez Berzaín, el funesto ministro de Defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada, hoy prófugo en Estados Unidos; esa fue la gota que rebalsó el vaso para la legisladora que se estrelló contra el impreso y el Vicepresidente a quien acusó de estar detrás de una campaña de desprestigio en su contra. García no volvió a mencionarla en conferencias de prensa.
Asimismo, fue tajante contra la jefa de bancada de Diputados, Flora Aguilar, quien acusó a Delgado por “tráfico de influencias” para beneficiar a uno de sus asesores. La cochabambina instauró una querella que devolvió al debate la inmunidad de algunos “padres de la Patria”, pese a la nueva CPE. El caso sigue archivado, pese a que se cumplieron los plazos procedimentales de apertura.
Con el Consejo Nacional de Markas y Allyus del Qullasuyu (Conamaq) y la facción “independiente” de la Confederación de Pueblos del Oriente Boliviano (Cidob) como base, Delgado pretende consolidar un proyecto político en 2014 que “retome los preceptos constitucionales” y aleje a esa “cúpula palaciega” después de dos mandatos al frente del Estado.
Sin embargo, esta alianza resulta algo paradójica en política pues Delgado fue quien firmó junto a Gabriela Montaño la Ley 222 de Consulta Previa que fue en contra de la Ley 180 de protección al Tipnis, que fuera resultado de la octava marcha indígena en 2011.
En el Legislativo junto a ella ya figuran como “libre pensantes” el diputado Samuel Pamuri y los senadores Carmen García, Manuel Limachi, así como los legisladores de la bancada indígena.
EL DIARIO