En Bolivia, la figura política de oposición más descollante durante 2013, sin duda fue la senadora pandina Carmen Eva Gonzales. Sus permanentes denuncias contra el manejo del Ministerio Público fueron acompañadas de audios, que si bien sólo representan indicios de delitos, bajaron del cargo al exhombre fuerte de la Fiscalía, Marcelo Soza.
Los audios presentados en formato video a los medios de comunicación en el pequeño espacio de las conferencias de la Cámara de Senadores permitió que la población comience a observar la labor de los fiscales asignados a casos delicados para los intereses del Gobierno. Este proceso de fiscalización detonó en un enfrentamiento entre la senadora pandina y el otrora “súper-fiscal” del caso de supuesto terrorismo.
Audios donde una voz, supuestamente de Soza, habla de toda la tramoya que el Gobierno mandó ejecutar para casos como el de “terrorismo I”, dieron respiro a una oposición que no lograba ningún tipo de indicios frente a su hipótesis sobre la verdad en torno a la célula irregular de Eduardo Rózsa Flores, abatido en el hotel Las Américas de Santa Cruz junto a otros dos extranjeros Martin Dwyer y Árpád Magyarosi en abril de 2009.
El primer audio revelado en marzo se atribuye al supuesto fiscal emitiendo opiniones que involucran a gente del Ejecutivo con el caso “terrorismo I”, además de citar a los exasesores de los ministerios de Gobierno, Transparencia y Presidencia, que ahora se encuentran detenidos en el penal de Palmasola por el delito de extorsión; mientras que en el segundo soporte develado en abril, “Soza” afirma que muchos líderes de oposición fueron inculpados sin tener nada que ver en la investigación como el expresidente cívico y empresario del aceite, Branko Marinkovic, todo con el fin de neutralizarlos políticamente.
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“(…) a veces decían a fulano de tal o mengano de tal hay que empezar a joder, porque son opositores, como el caso del Branko, pero que no había nada”, dice en una de las partes en alusión al excívico, hoy asilado en Brasil.
Dos estudios, uno elevado a EEUU por el investigador y presentador cruceño Carlos Valverde y otro remitido desde Brasil a la senadora Gonzales confirman que se trata de la voz del ahora exfiscal, sin embargo, el Ministerio Público hasta la fecha tiene pendiente ese análisis pues ni el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) ni el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre (Iitcup) cuentan con equipos o peritos para evidenciar esos registros.
Tras el escándalo, Soza pidió vacación por un mes y a su retorno licencia indefinida, para derivar al final, en su renuncia al cargo.
Su abogado, Moisés Ponce asegura que todo es un montaje de la oposición para desprestigiar a su cliente. “Ella entrega una grabación de dudosa procedencia, no identifica quién es el autor de esa grabación, no dice cuándo le han entregado y quién le ha entregado, y lo más sobresaliente realmente se nota todas y cada una de las palabras que se escucha en esa grabación que es un montaje”.
En contraataque los abogados Ponce y Soza revelaron un video grabado por un exasesor de la senadora que trató de ser calificado como “extorsión”, pues la opositora pedía un monto de dinero, luego explicado como una contribución obligatoria a los funcionarios públicos de la bancada de Convergencia Nacional para favorecer a los denominados presos políticos como Leopoldo Fernández y otros detenidos por el caso Porvenir desde 2008 en el penal de San Pedro de La Paz, sin sentencia ni avance procesal.
Soza, por su lado, logró que el oficialismo la remita a la Comisión de Ética del Senado, aunque el caso quedó paralizado; mientras ella exige que se aprehenda al exfiscal por existir riesgo de fuga, caso contrario amenaza con incluir en su querella a las altas autoridades del Ministerio Público por las figuras de presunto incumplimiento de deberes e incluso encubrimiento en otros temas como la denominada red de extorsión.
Precisamente, antes de la fuga del norteamericano Jacob Ostreicher de Bolivia, este mes de diciembre, la senadora apuntaba a ligar a Soza con los exasesores jurídicos del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Transparencia, hoy recluidos en el penal de Palmasola de Santa Cruz.
EL DIARIO