Las autoridades usan explosivos y excavadoras para la «limpieza», según la ONG internacional
Uno de los barrios demolidos. La zona blanca es la que ha quedado ya arrasada por las fuerzas de El Asad. / HRW
El régimen sirio arrasa a los barrios opositores. Entre julio de 2012 y 2013, el Gobierno demolió de forma «ilegal» y «deliberada» miles de edificios residenciales en Damasco y Hama, con el único objetivo de «castigar a las comunidades sospechosas de apoyar la rebelión», según un informe de Human Rights Watch (HRW), publicado este jueves en la página web de la ONG.
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Base del informe
El informe de 38 páginas se basa en un análisis detallado de imágenes satelitales de alta resolución, vídeos y fotografías. Así como entrevistas con 16 testigos de las demoliciones y propietarios de casas destruidas.
Además, Human Rights Watch examinó los informes de los medios de comunicación, decretos del Gobierno, y los vídeos de la destrucción y la posguerra publicado en YouTube.
La ONG internacional ha documentado demoliciones en siete barrios: Masha el Arbeen y Wadi el Juz en Hama; Qadun, Tadamun, Barzé, la base aérea Mezzé y Harran el Awamid en Damasco. El área total «arrasada», según HRW, es de al menos 140 hectáreas (equivalentes a otros tantos campos de fútbol). La mayoría de las estructuras derrumbadas eran bloques de apartamentos de varios pisos, por lo que «miles de personas han perdido sus hogares», indica el informe.
HRW entrevistó a varios testigos y víctimas de las demoliciones, quienes afirmaron que las fuerzas gubernamentales les avisaron con poco tiempo, si es que llegaron a advertir sobre lo que pretendían hacer, por lo que les fue imposible sacar sus pertenencias. Además, los propietarios de las viviendas dijeron no haber recibido ninguna compensación. La destrucción se realizó con explosivos y maquinaria pesada como excavadoras.
Los funcionarios gubernamentales y los medios de comunicación afines al Gobierno han afirmado —según el informe— que las demoliciones son parte de los esfuerzos de planificación urbana o la eliminación de los edificios construidos ilegalmente. Sin embargo, varios propietarios afirman que tenían todos los permisos y documentos necesarios para sus casas.
«Nadie debe engañarse por la afirmación del Gobierno de que está llevando a cabo la planificación urbana en el centro de un conflicto sangriento», asegura en el informe Ole Solvang, investigador de emergencias de Human Rights Watch. «Este fue un castigo colectivo de las comunidades sospechosas de apoyar a la rebelión», añade. El conflicto en Siria ya se ha cobrado más de 130.000 vidas.
Tamara Alrifai, portavoz de la ONG, explica por teléfono que las demoliciones también funcionan para intimidar a los ciudadanos. Varios testigos mostraron a los investigadores grabaciones donde se ve a militares amenazando a la población, y diciéndoles que si «sale fuego [misiles] de los barrios», estos serán destruidos
En el informe se lee que una mujer que vivía cerca de la zona de Wadi el Juz afirmó a HRW: «Después de la demolición en El Juz, el Ejército llegó a nuestro barrio con altavoces y nos dijeron que iban a destruir nuestro barrio si salía una sola bala».
Un propietario de un restaurante local del barrio Qadun de Damasco, dijo a Human Rights Watch que las fuerzas de seguridad llegaron una mañana sin avisar con excavadoras y le ordenaron salir de las instalaciones. «Cuando le pregunté porqué, el soldado dijo `no hay más preguntas´ o que de lo contrario sería detenido».
Aseguró que le negaron el permiso para sacar cualquier cosa del local y lo obligaron a irse a pie, dejando su motocicleta detrás. «Mientras caminaba miré hacia atrás y vi la excavadora demoliendo mi tienda» dijo. «Antes mis ojos, vi todo el duro trabajo de mi familia destruido en un segundo», concluyó.
Fuente: elpais.com