El Gobierno boliviano comenzó el control de actividades y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro, con la nueva Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas (Ley 351), vigente desde marzo de 2013 y que le otorga al Ejecutivo poder de decisión sobre el futuro de estas organizaciones.
La ministra de Autonomías, Claudia Peña, afirmó que el objetivo es regular las funciones de estas organizaciones y transparentar sus operaciones en el país, a fin de evitar situaciones irregulares.
Peña explicó que se revocará la personalidad jurídica a aquellas entidades que incumplan lo dispuesto por la ley y sus reglamentos. Además, se verificará que no realicen actividades distintas a las señaladas en sus estatutos.
Consideró que es un extremo pensar que el Gobierno pretenda inmiscuirse en las actividades de las ONG.
Pero eso no quiere decir que no ejerza un control, pues señaló que no se pueden permitir organismos desestabilizadores.
El propio presidente Evo Morales anunció la expulsión del país de todas las ONG que utilicen los recursos que les llegan del exterior para financiar acciones políticas destinadas a desestabilizar al Gobierno.
Con ese argumento es que se expulsó del país a la ONG danesa IBIS, acusada de dividir a los sectores sociales para ponerlos en contra de la actual administración gubernamental.
El primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lucio Marca, ratificó la necesidad de aprobar un mecanismo de regulación mínima de las actividades y del manejo económico de las ONG que trabajan en Bolivia.
El legislador se refirió al pedido del Presidente, planteando al Ministerio de Planificación del Desarrollo la elaboración de un proyecto de ley que regule el funcionamiento de esas instituciones.
“Hasta ahora, las ONG se han regido bajo un principio de libertinaje, falta de transparencia, falta de resultados y falta de evaluación objetiva, porque el país no cuenta con una instancia que regule su funcionamiento”, justificó.
Para los opositores, con la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas el Gobierno toma “el control total y direccionamiento de estas organizaciones para sus intereses, como sucedió con la expulsión de IBIS”. Además, criticaron las amenazas a otras entidades. Los opositores señalaron que una nueva ley para estas organizaciones será hecha para lograr “hegemonía”.
La diputada de la opositora Unidad Nacional (UN) Elizabeth Reyes afirmó que la ley está hecha “a la medida de los intereses políticos del oficialismo”.
HEGEMONÍA El Gobierno informó que redacta una nueva norma para regular y definir las áreas en las que las ONG ejecutarán sus proyectos y programas de apoyo.
La ministra de Planificación, Viviana Caro, confirmó el trabajo de este nuevo instrumento, pese a la ley vigente de marzo del año pasado.
En el Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguran que en Bolivia ya no es necesaria la presencia de entidades no gubernamentales.
Para el diputado del opositor Convergencia Nacional (CN) Franz Choque, la nueva ley pondrá más trabas a las ONG opositoras, y beneficiará a las que alientan el denominado “proceso de cambio”.
“No es de extrañar que el Gobierno busque alternativas para hacer desaparecer a los opositores, sean de organizaciones sociales como las de los indígenas, y ahora de las ONG. Lo que el MAS está ejecutado es su plan de hegemonía total de los órganos del Estado, y ahora de las instituciones independientes”, afirmó el opositor.
El analista político Marcelo Silva aseguró que con la nueva norma el Gobierno pretende “anular” y evitar que las ONG se conviertan en refugios de los intelectuales.
El senador del MAS Eugenio Rojas recordó que el año pasado se aprobó una ley para fiscalizar a estas organizaciones de cooperación y que, por la normativa, “están obligadas a presentar informes periódicos sobre sus actividades, pero no lo hacen”.
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“Hay una ley de fiscalización que se ha aprobado y debe ser aplicada por la Cancillería, y la ministra de Planificación, Viviana Caro, tendría que hacer un seguimiento”, dijo el legislador.
Sin mayores precisiones, Rojas afirmó que algunas ONG cumplieron el periodo de funcionamiento y están en proceso de regularización ante las autoridades.
Apuntes.
Personería
La personería jurídica es el reconocimiento jurídico que se da a una entidad civil sin fines de lucro para ser objeto de derechos y contraer obligaciones.
Plazo
Hasta el 19 de marzo, las personas colectivas que desarrollan sus actividades en más de un departamento, y que obtuvieron su personalidad jurídica con anterioridad a la publicación de la Ley No. 351, deberán adecuarse a lo dispuesto en la normativa vigente.
Modificaciones
La modificación de estatutos o reglamentos internos deberá ser tramitada ante el Ministerio de Autonomías para su respectiva actualización.
Revocación
Razones para la revocación de las personalidad jurídica son incumplir la ley, realizar actividades distintas o dedicarse a otro rubro que no sea el indicado en su estatuto (objeto, fines y alcance), y por transferencia o comercialización de la personalidad jurídica.
Autonomías define aval
El Ministerio de Autonomías se constituye en la instancia de control del Ejecutivo y la que define el aval de una ONG para su funcionamiento a través de la otorgación de la personería jurídica.
Así lo establece la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas, que le da al Gobierno potestad para controlar el financiamiento a estas entidades, lo que ha despertado críticas en la oposición.
“Las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro, cuyo ámbito de acción y operación sea mayor al de un departamento, deben tramitar su reconocimiento de personalidad jurídica ante la entidad competente del nivel central del Estado, en el Ministerio de Autonomías”, manifestó la ministra de Autonomías, Claudia Peña. El reconocimiento de la personalidad jurídica será otorgado a través de una resolución expresa, una vez valorada.
Las ONG y fundaciones constituidas en el extranjero deberán tramitar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores acuerdos de cooperación.
Perfilan nueva ley para regular las operaciones de las instituciones sin fines de lucro en el país
En el Gobierno se trabaja una nueva norma complementaria a la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas (Ley 351), que regule y defina los alcances específicos de las operaciones de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
“Se está discutiendo una norma. Lo solicitó el Presidente y, como Órgano Ejecutivo, estamos trabajando. Es una norma que establece el marco en el que funcionarán las ONG en el país”, explicó la ministra de Planificación, Viviana Caro.
De acuerdo con la autoridad, la redacción de una nueva regulación se debe a que varias ONG no operan conforme establecen las leyes, entre éstas está la que ordena a las ONG, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro adecuar sus estatutos para garantizar su permanencia en Bolivia.
El Ministerio de Autonomías informó que más de 2.000 ONG operan en Bolivia, de las cuales menos de un centenar iniciaron el trámite de adecuación de sus estatutos y reglamentos internos, conforme al Plan Nacional de Desarrollo y la Constitución Política del Estado.
El analista político Marcelo Silva consideró que con la nueva norma el Gobierno pretende “anular” y evitar que las ONG se conviertan en refugios “de los intelectuales y líderes de oposición que critican la gestión del presidente Evo Morales” y al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Las ONG eran el espacio primordial para establecer fuentes laborales y espacios interesantes para hacer críticas. Por esa razón, el Órgano Ejecutivo busca regular a las ONG”, señaló el analista Silva.
Según el analista, otra de las razones es evitar que las ONG se transformen en entidades supletorias del Estado boliviano.
Por su lado, el diputado del partido oficialista Lucio Marca respaldó la aprobación de una nueva norma de regulación mínima de las actividades y el manejo económico de las ONG que trabajan en Bolivia.
Plazo de readecuación se cumple el próximo 19 de marzo
De acuerdo a una explicación del Departamento Jurídico del Ministerio de Autonomías, la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas fue promulgada el 19 de marzo del 2013, y por tanto el plazo sigue vigente para que hasta el 19 de marzo de 2014 las organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro ejecuten la adecuación y registro de su personería jurídica.
Por otra parte, las organizaciones religiosas y espirituales, según la vigente Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas, deben adecuarse a homologación en el plazo de dos años.
La tercera disposición transitoria de Ley 351 señala: “Para fines de registro, las personas colectivas que desarrollan actividades en más de un Departamento y que obtuvieron su personería jurídica con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, deberán presentar, ante el Ministerio de Autonomías, una copia legalizada de su personería jurídica en el plazo de un año, a partir de la publicación de la presente Ley”.
Un informe de la Vicecancillería señala que al menos 2.175 ONG operan en el país, de las cuales 144 provienen de Estados Unidos, Canadá, Europa y otros países.
El Ministerio de Autonomías se constituye en la entidad competente para la otorgación y registro de la personalidad jurídica a las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, entidades religiosas y entidades civiles sin fines de lucro, cuyo ámbito de acción sea mayor a un departamento. Pero también tiene la potestad de rechazar los pedidos de trámites.
Según el diputado opositor Franz Choque, este procedimiento demuestra que el Gobierno “decide qué ONG opera en Bolivia y que esté a favor del partido oficialista”.
En tanto que el senador del MAS Eugenio Rojas justificó el accionar del Ejecutivo porque considera que no puede haber organismos que afecten la democracia y la estabilidad del país.
Fuente: Opinión