Bolivia. A cuadras de la plaza principal de la ciudad de Santa Cruz, en el mercado Los Pozos del Primer Anillo, no solamente se podía acceder a artículos para el hogar. Por las tardes y en una angosta calle también se ofrecían armas de fuego.
Un habitante del pueblo de Guanay, en el norte paceño, camina con su fusil por una calle.
Algo similar se halló en la avenida Mutualista y las ciudadelas Plan Tres Mil y Primero de Mayo, donde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) decomisó pertrechos y clausuró armerías.
“En 2013 secuestramos más de un centenar de armas y cerramos cuatro armerías que ofertaban el arreglo de armas, pero por debajo igual vendían armamento”, resume el director de la entidad en Santa Cruz, coronel Johnny Requena. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, no se anda con rodeos y afirma que “hay un mercado negro de armas en Santa Cruz, donde las armas llegarían a tener costos altos y eso seguramente tiene que ver con armas internadas del exterior”.
Peligro. La ola delincuencial es una explicación para esto. Por ejemplo, Romero presentó en enero del año pasado a cuatro malhechores que enviaban armamento a la organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC).
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Se incautaron 28 armas valuadas en $us 150.000 y las operaciones unían la distribución de este material con la producción de droga. En este mundo una pistola vale entre $us 100 y $us 300, y un fusil M16-A3 entre $us 1.500 y $us 3.000.
Foto: Armamento decomisado por el Ministerio de Gobierno en diciembre del año pasado, en la ciudad de Santa Cruz.
El experto en armamento y seguridad Juan José Lima, integrante del Centro de Estudios Sobre Justicia y Participación, comenta que hay delincuentes que pagan con pertrechos sus requerimientos. “Pueden cambiar un fusil AK-47 por un kilo de cocaína; son lógicas del mercado criminal”.
El también especialista en armamento y seguridad Samuel Montaño identifica a la frontera cruceña con Brasil como uno de los puntos neurálgicos del tráfico en el rubro, sobre todo a los pueblos de Boyuibe y Puerto Suárez.
La Razón / La Paz