ENTRE $US 700 A 800 LA HORA
El aeropuerto Jorge Wilstermann el día de la nacionalización de los servicios aeroportuarios que estaban en manos de la española Abertis. – José Rocha Los Tiempos
El Estado boliviano gasta entre 700 y 800 dólares por hora para el pago de servicios legales en los casos de arbitraje, dijo ayer el procurador, Hugo Montero.
Entrevistado por Cadena A, explicó que el Estado tiene pendientes tres demandas formales por arbitraje por 1.728 millones de dólares.
Ese monto no incluye el pago de 28,9 millones a Rurelec, ordenado recientemente por un tribunal internacional.
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Montero explicó que (incluida Rurelec), hay ocho compañías extranjeras que piden compensación por la nacionalización de sus acciones.
“(…) Cuatro de ellas tienen demandas formales de arbitrajes que no excluye la posibilidad que paralelamente se vaya conversando sobre posibles montos de indemnización, uno de ellos es este tema de Rurelec, el otro es de PAE en el tema de hidrocarburos, Abertis sobre (la administración) de los aeropuertos y el otro es de Air BP por la distribución de gasolina de aviación en los aeropuertos”, explicó.
Detalló que PAE pide una indemnización de 1.496 millones de dólares por la nacionalización de sus acciones en la petrolera Chaco; Abertis Infraestructuras SA pide 86 millones por la expropiación de Servicios Aeroportuarios Bolivianos SA (SABSA) y Quibórax Non Metalic Minerals pide 146 millones.
En la rendición pública de cuentas 2013, presentada por la Procuraduría en diciembre de 2013, se informó que Pan American Energy (PAE), que fuera accionista mayoritaria de la petrolera Chaco, suspendió temporalmente el proceso de arbitraje con el Estado y las partes están en proceso de acercamiento para llegar a un acuerdo.
Montero añadió ayer que en los otros cuatro casos no hay demandas formales de arbitraje y puso como ejemplo la reversión de la concesión del yacimiento minero de Mallku Khota (que estaba a cargo de la canadiense South American Silver). Dijo también que estos casos se encuentran en la fase de acercamiento, algunos con notificaciones de demandas.
Mientras, las divergencias sobre el monto del fallo continúan. En su sitio web, la británica Rurelec publicó ayer que, después de la sentencia de La Haya por 35,5 millones de dólares (calcula esa cifra sumando los 28,9 millones del fallo más los intereses a una tasa de 5,6 por ciento) a la que añade 5,5 millones por los dividendos que no recibió antes de la nacionalización (los cuales afirma que Bolivia debe pagarle), espera tener un superávit de 16 millones de dólares que le quedará después de pagar el préstamo a la empresa Birdsong Overseas Limited, deuda adquirida para invertir en Guaracachi, según sus alegatos.
Montero insistió en que el cálculo de la cifra es erróneo, primero porque Rurelec olvida que el fallo fija un interés combinado, 5,6 por ciento por un año y posteriormente el 4 por ciento, y segundo porque incorpora el pago de dividendos de una gestión anterior de más o menos 5,5 millones de dólares.
Procesos caros
En noviembre de 2013, el procurador, Hugo Montero, dijo a radio Fides que el Estado gasta unos 3 millones de dólares en cada uno de los procesos de arbitraje, por lo que siempre se busca conciliar para no ir a juicio.
Añadió que por la naturaleza y especialidad de los casos, el Estado contaba con los servicios de copatrocinio del Consorcio Jurídico Internacional Dechert.
Fuente: lostiempos.com