Luis Christian Rivas Salazar
Cuando nos referimos al escándalo Watergate, estamos hablando de uno de los más grandes escándalos políticos que sucedido en Estados Unidos en 1972, el mismo que se refiere a la entrada ilegal de cinco personas al cuartel general del Partido Demócrata, aspecto que dilucidó la forma de espiar y hacer campaña de los consejeros del presidente Richard Nixon, quien después de ser descubierto, tuvo que dimitir a su cargo. Siendo la única dimisión presidencial en la historia del país norteamericano, cuyo sistema demostró su fortaleza en el afán de conocer la verdad.
En nuestro país, con el caso Ostreicher y el caso del fiscal Marcelo Sosa se ha develado una verdad de Perogrullo, el sistema de administración de justicia en Bolivia está podrido, los juicios se manejan por encargo, con benevolencia para los amigos y con la máxima rigidez, extorsión y ensañamiento contra los enemigos.
Ahora, el caso del policía Mario Fabricio Ormachea confirma esa verdad. El ex mayor representa el ejemplo de policía boliviano exitoso, en efecto, perteneció al grupo de élite policial y se acomodó en cargos jerárquicos de mucha influencia dentro de la institución verde olivo. Llegó a la cumbre profesional siendo el “zar anticorrupción” de la Policía. Ormachea se jactaba de tener un expediente limpio, nunca había sido procesado, incluso aseguraba que había sido felicitado por Evo Morales.
Pero detrás de semejante éxito profesional, encontramos basura que se esconde debajo de la alfombra, todavía se siente la fetidez, pero se hace como si no se sintiera nada, mientras se descubre internacionalmente parte del juego que jugaba exitosamente Ormachea, una red de extorsión que tiene raíces profundas y muy extendidas por todo el aparato estatal.
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Este asunto bien puede llamarse “Ormachea-gate”, como lo nombra Emilio Martínez, escándalo que tiene como base, los informes transcritos, videos y grabaciones del encuentro Ormachea – Roca donde el policía “canta” la verdad de lo que viene pasado en el sistema judicial boliviano, es decir, la dependencia política del Órgano Judicial, lo que otros llaman la judicialización de la política o politización de la justicia.
Ormachea describe métodos ilícitos como la compra de jueces ciudadanos con ofertas de becas de estudios internacionales y puestos laborales para sus hijos, pero los más importante, involucra la participación del presidente Morales, el vicepresidente García Linera, los ministros Quintana, Rubén Saavedra y al viceministro Jorge Pérez en distintos casos como el “Terrorismo I y II”, “Papelbol”, “Barcazas”, como en los dos juicios seguidos en contra de Roca.
También, menciona que Quintana está involucrado con la droga hasta el “coto” y enfatiza que: “El hermano de Álvaro García Linera –se refiere al ex guerrillero Raúl- tiene millones, millones, hace de todo, está metido en todo, licitaciones, contratos, picardías, huevadas, está en todo, en todo está. Y -el vicepresidente- sabe que su hermano está en todo”.
Obviamente, en un Estado de Derecho, los mecanismos investigativos judiciales, ya se hubieran activado para determinar la veracidad de estas declaraciones, es más, en un país donde prevalezca el “Imperio de la ley” ni siquiera se hubiera permitido este grado de degeneración y descomposición institucional a partir de un “zar anticorrupción” corrupto, recordemos también el caso del ex general René Sanabria, quien fue encontrado con las manos en la masa de cocaína en Panamá, que en su momento involucró a Farfán y Llorenti, pero hasta ahora no hemos visto ninguna reacción efectiva del sistema de administración de justicia, los asambleístas que supuestamente fiscalizan al Órgano Ejecutivo, ni de la mayoría de los anémicos ciudadanos, a quienes se les puede sembrar nabos en las espaldas parafraseando a Daniel Salamanca.