En una democracia de verdad -los Estados Unidos en tiempos del Watergate, por ejemplo- Evo Morales habría sido destituido ipso facto por el Parlamento, junto con su vicepresidente.
Pero estamos ante la seudo-democracia erigida sobre la violencia de los “movimientos sociales” cocaleros, la cúpula militar cooptada por los bonos venezolanos y la casi absoluta dependencia de poderes.
Es así que el gobierno se da el lujo de “descartar” las declaraciones de su ex zar anticorrupción, Fabricio Ormachea, que en un video grabado por el FBI delata a varios de sus socios (¿en el poder? ¿en el crimen?), empezando por el vicepresidente Álvaro García Linera y terminando por el viceministro de gobierno Jorge Pérez, y pasando por los ministros Juan Ramón Quintana y Rubén Saavedra.
El pobre argumento recomendado por los -cada vez más fallidos- think tanks gubernamentales dice así: “No hacer caso a las declaraciones de delincuentes confesos”.
Pero sucede que, al momento de hacer sus afirmaciones, Ormachea no era ni procesado ni reo rematado -como lo es hoy-, sino jefe en funciones de la “Unidad Anticorrupción” del gobierno evista, irónico nombre que parece encubrir todo lo contrario.
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Así que, a pesar de todos los esfuerzos del Palacio Quemado, lo cierto es que su imagen interna y externa puede verse seriamente afectada por estas revelaciones.
Hasta qué punto esta debilidad relativa pueda tener un efecto sobre los resultados electorales de octubre tiene que ver con otra pregunta: ¿habrá una oposición capaz de capitalizar en votos el descontento por la hiper-corrupción gubernamental?