Vidas paralelas: el vicepresidente argentino, Amado Boudou, ha sido convocado por la justicia de su país para declarar por supuesto tráfico de influencias, y previsiblemente su discurso defensivo ante los medios se basó en acusar a sectores económicos de promover una “campaña contra el gobierno”.
De igual forma, el segundo mandatario boliviano, Álvaro García Linera, ha sido cuestionado por tráfico de influencias en “emprendimientos” de familiares cercanos, como el catering de la aerolínea estatal BoA o una concesión minera, ante lo cual también ha hablado de una presunta conspiración oligárquica en contra del “proceso de cambio”.
En el caso de Boudou, la citación judicial se relaciona con una gestión realizada en el 2010 -cuando era Ministro de Economía- ante la agencia de recaudación fiscal, para evitar la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica, única imprenta de billetes y documentos oficiales.
La justicia argentina sospecha que el vice habría “adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica (…) a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial”.
En el caso de García Linera, las denuncias indican que hay indicios de un favorecimiento a sus familiares para el enriquecimiento ilícito.
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Lo cierto es que los vices de varios regímenes populistas parecen estar en la mira por hechos de corrupción, lo que tampoco exculpa a los presidentes de esos gobiernos, corresponsables por complicidad o por “hacer la vista gorda” ante las prácticas de sus acompañantes…