Comisión legislativa visitó San José para comprobar ‘acarreo’ de gente


Los asambleístas anunciaron una minuciosa vigilancia y control del proceso de registro sobre la base de la cantidad de habitantes, personas habilitadas, equipos fijos y móviles y la capacidad logística y de personal del TSE

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Ref. Fotografia: Los legisladores de la oposición escuchan las denuncias de los pobladores de San José de Chiquitos. | FOTO: Twitter senador Germán Antelo (@germanantelov)



Una comitiva de la oposición que viajó al municipio de San José de Chiquitos en el departamento de Santa Cruz constató el traslado fraudulento de personas en esa población para el empadronamiento biométrico, por lo que exigió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) frenar estas acciones que promueven un futuro fraude electoral en los comicios presidenciales del 12 de octubre.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la comitiva estaba conformada por los senadores Germán Antelo (CN) y Centa Rek (CN), además de la diputada Maida Paz (CN) y el asambleista cruceño Jorge Santisteban. Los legisladores se reunieron con líderes del Comité Cívico, del Consejo de Vigilancia, de las Juntas Vecinales y el alcalde del municipio, Germaín Caballero.

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"Vamos a realizar una serie de gestiones para que el TSE de una buena vez tome cartas en el asunto y ponga freno a este ilegal traslado que promueve el fraude electoral", expresó Germán Antelo, tras recorrer las dos notarías de registro habilitadas.

Entre tanto, Rek y Paz anunciaron una minuciosa vigilancia y control del proceso de registro sobre la base de la cantidad de habitantes, personas habilitadas, equipos fijos y móviles y la capacidad logística y de personal del TSE.

"Nos llama mucho la atención que el TSE destine mayor número de equipos a áreas rurales, mientras en la capital las colas son interminables y los equipos insuficientes", dijo la diputada Maida Paz.

Luego de conocer la denuncia del alcalde Caballero sobre este ilegal traslado fraudulento de personas, el TSE determinó remitir este caso al Ministerio Público para que investigue quiénes son los responsables y determine las sanciones pertinentes.

Fuente: El Día