Mediante un juicio impulsado desde la Procuraduría del Estado, el régimen de Evo Morales busca “matar dos pájaros de un tiro”.
Por una parte, se mostraría la “independencia” del diario La Razón del gobierno, procurando desmentir lo revelado por Raúl Peñaranda en el libro Control Remoto, donde se detalla la forma en que el oficialismo ha ido extendiendo su influencia sobre un creciente grupo de medios privados de comunicación.
Por otro lado, se envía una señal a toda la prensa, sobre nuevos límites impuestos a la libertad de expresión, claramente violatorios de la Ley de Imprenta, establecidos con la excusa de la protección de supuestos “secretos de Estado”.
Esto se veía venir desde que el Movimiento Al Socialismo presentó su proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, irónico nombre con el que se oculta la realidad contraria: una normativa destinada a restringir la libertad informativa sobre las actividades gubernamentales.
Hay que señalar que, en definitiva, esta maniobra es posible por la hegemonía institucional del partido de gobierno sobre instituciones que deberían ser independientes, como es el caso de la Procuraduría del Estado, a cuya cabeza se ha designado a un ex líder parlamentario del MAS…
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