La Procuraduría General del Estado (PGE) busca una solución amistosa con la empresa eléctrica española Iberdrola antes de enfrentar un arbitraje internacional y desconoce la competencia de un tribunal de París en un litigio con Jindal, informó ayer el procurador Héctor Arce Zaconeta.
PGE busca una solución amistosa con Iberdrola
Nacionalización. Arce dice que se tienen avances.
El Alto. El procurador Héctor Arce dio ayer una conferencia de prensa. Procuraduría.
La Razón / La Paz
La Procuraduría General del Estado (PGE) busca una solución amistosa con la empresa eléctrica española Iberdrola antes de enfrentar un arbitraje internacional, informó el jueves el procurador Héctor Arce Zaconeta.
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“Hay que tener paciencia porque estamos hablando de los intereses del Estado y de cualquier manera una solución amistosa es mejor que un resultado arbitral. Incluso es más económico tanto para el Estado como para las propias empresas”, explicó la autoridad.
El 29 de diciembre de 2012, el Estado boliviano nacionalizó cuatro filiales de la española Iberdrola: Electricidad de La Paz (Electropaz), Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro (Elfeo), Compañía Administradora de Empresas Bolivia (Cadeb) y Empresa de Servicios (Edeser).
El Decreto 1448, con el que se nacionalizó las filiales de Iberdrola, dispone que se pagará por el 100% de las acciones de las cuatro empresas con base en un estudio elaborado por una firma independiente en un plazo de 180 días.
El martes, el embajador de España en Bolivia, Ángel Vásquez Díaz de Tuesta, afirmó que las negociaciones con el Ejecutivo para indemnizar a las compañías españolas nacionalizadas se alargan demasiado, considerando que la primera expropiación fue en mayo de 2012 y aún no hay ningún pago. Sobre las declaraciones de Vásquez, Arce dijo que “estamos avanzando en los procesos de diálogo y negociación para llegar a soluciones objetivas dentro del resguardo del interés nacional”.
Bolivia no valida a Corte de París en caso Jindal
El procurador general del Estado, Héctor Arce, dijo ayer que Bolivia no reconoce la jurisdicción y la competencia de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional CCI-París al que recurrió la empresa india Jindal.
El 18 de julio de 2007, JBS y la ESM firmaron un Contrato de Riesgo Compartido (CRC) por el que Jindal se comprometía a invertir $us 600 millones en los dos primeros años. La inversión total para todo el proyecto siderúrgico era de $us 2.100 millones. La JSB estaba a cargo del 50% del yacimiento del Mutún, en Santa Cruz.
Sin embargo, la compañía invirtió apenas $us 12 millones, razón por la que se ejecutó en 2012 dos boletas de garantía por 36 millones por incumplimiento de contrato. El procurador Héctor Arce aseguró que el arbitraje presentado por Jindal no será “reconocido jamás por Bolivia”.
El Procurador desconoce la competencia de un tribunal de París en un litigio con Jindal
El Alto, Oxígeno.- El procurador general del Estado, Héctor Arce, anuncio que Bolivia no reconoce la jurisdicción y la competencia de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional CCI-Paris al que recurrió la empresa India Jindal, que se adjudicó la explotación e industrialización del Mutún junto a la Empresa Siderúrgica Mutún, e incumplió su contrato.
“En una acción incomprensible, queriendo tal vez sorprender a las autoridades de la CCI-Paris, recientemente presentó un arbitraje en contra del Estado boliviano, siendo que la controversia se está resolviendo en la ciudad de santa Cruz de la Sierra en una arbitraje comercial bajo las normas y responsabilidad de la Empresa Siderúrgica el Mutún”, dijo a los periodistas.
Aseguró que este arbitraje presentado en Paris no tiene ninguna base legal, no puede ser admitido y no va a ser “reconocido jamás por Bolivia”, porque no existe ningún acuerdo bilateral entre India y Bolivia.
Aclaró que la Procuraduría General del Estado no realiza ninguna negociación con la empresa Jindal, y que esta Entidad sólo participa en las negociaciones que hacen los sectores de la economía política del país con las empresas que han sido nacionalizadas.
“Nosotros como Procuraduría no tenemos nada que negociar con las empresas que han actuado al margen de la ley y que pretenden a través de sistemas de protección a inversiones sorprender al Estado boliviano”.
El pasado lunes, el Procurador General del Estado junto al subprocurador Pablo Menacho y el embajador de Bolivia en Francia Jean Paul Guevara, hicieron conocer en Paris, el desconocimiento de la jurisdicción y la competencia de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional CCI-Paris.
Al mismo tiempo las autoridades bolivianas también pusieron de manifiesto que Bolivia nunca dio su consentimiento oral, ni escrito para someterse a arbitrajes administrados por la CCI-Paris ya que sin “consentimiento no hay jurisdicción”.
El pasado 19 de marzo el Estado boliviano recibió la notificación de la CCI sobre el arbitraje iniciado por Jindal en contra del Estado boliviano, la Empresa Siderúrgica del Mutún – ESM, y la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
En 2007 la compañía Jindal Steel and Power Limited (JSPL) de la India, se adjudicó el proyecto de explotación e industrialización del 50% del yacimiento de hierro de El Mutún situado en Puerto Suárez, Santa Cruz, con una inversión aproximada de 2.100 millones de dólares a ejecutarse en un plazo de seis años.
Se esperaba que la siderúrgica produzca hierro esponja entre 2008 y 2013, y acero en el período 2013-2021, pero desde la firma del contrato de riesgo compartido con la empresa Siderúrgica el Mutún (ESM), la compañía invirtió apenas 12 millones de dólares, razón por la cual se ejecutó en 2012 dos boletas de garantía por 36 millones de dólares por incumplimiento de contrato.