Alejandro Brown I.*
Se viene la Cumbre del G77+China en Santa Cruz, y con motivo de esta demagógica reunión de los países alineados al ‘régimen evista’, la Policía ha iniciado una cacería de brujas sin precedente alguno, sobre todo contra los extranjeros que viven legalmente en el país.
Si bien es aplaudible que el ‘verde olivo’ trabaje incansablemente, pues es su deber y obligación, no solo debería hacerlo en la antesala a la asamblea de presidentes sino los 365 días del año. Además, so pretexto de la Cumbre, las autoridades están barriendo abusivamente con moros y cristianos.
Un ejemplo de este atropello es lo acontecido con los pastilleros, refresqueros, revisteros y todo aquel trabajador que durante décadas ha vendido sus productos sobre las aceras de la ciudad, y bajo la excusa de la Cumbre, han sido desalojados por la fuerza. Estamos completamente de acuerdo que Santa Cruz necesita una reorganización, pero de ninguna manera que se coarte el derecho al trabajo de estas personas que día a día se sacrifican para llevar el pan de cada día a sus hogares. Los han desalojado hasta que pase el evento pero no los han reubicado, o sea que por más de 20 días no podrán ganarse el sustento para sus familias.
En peor situación están los ciudadanos extranjeros que viven en nuestro país legal y honorablemente. Desde que comenzó y antes del resonado ‘plan chachapumas’, los forasteros han sido objeto de extorsiones y atropellos a su dignidad humana por parte de los uniformados, bajo la cómplice mirada del Ministerio de Gobierno. Incluso el viceministro Jorge Pérez ha corroborado el abuso tratando de justificarlo con el argumento de ‘seguridad ciudadana’.
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Pero la injusticia contra los migrantes en nuestra región no es de recién. Se estima que unos 20.000 brasileños residen en Santa Cruz. La mayoría son universitarios y constantemente sufren extorsión policial, y otros, ocupación ilegal de tierras.
Ni qué decir de los ciudadanos colombianos, quienes están estigmatizados por la sombra del narcotráfico y el sicariato, y quienes trabajan honradamente tienen que pagar el ‘derecho de piso’ para no tener problemas con la policía.
En los días previos a esta multimillonaria Cumbre del G77, causa contrariedad ver los constantes spots publicitarios resaltando que ‘Santa Cruz es la tierra de la hospitalidad’, siendo que la policía se está dedicando a cazar a los foráneos.
Casi la mitad de los trámites de residencia de todo el país se dan en Santa Cruz (48%), siendo los brasileños la comunidad más numerosa, y por ello la más vapuleada por esta situación.
La historia resalta que la mayoría de los brasileños llegó al país atraída por un factor económico e invirtió en el sector agropecuario. Hasta hoy existe una importante influencia tecnológica de Brasil en ese sector, por ejemplo, las matrices genéticas del ganado boliviano son sobre todo brasileñas, también se invirtió capital y conocimientos en producción de soya. Sin embargo, todos estos capitalistas e inversionistas que creyeron y apostaron por el desarrollo del país han comenzado a desaparecer porque desde que el MAS subió al poder, sus tierras trabajadas han sido tomadas, avasalladas y lo que es peor destruidas por loteadores denominados ‘sin tierra’, embanderados con el poder indígena-cocalero.
Al verse este grupo desincentivado en los últimos años, sin protección del Estado y pagando caro el hecho de ser brasileños, ha decidido irse del país, pese a tener en regla sus haciendas y cumpliendo una función social.
Otro sector que es duramente golpeado por la corrupción estatal y la extorsión policial es el estudiantil. Durante la última década, un gran motivo de migración de brasileños a Bolivia ha sido la formación universitaria, sobre todo en Medicina, toda vez que es una carrera muy preciada en Brasil, por las grandes posibilidades de ascenso económico.
En el país vecino, la competencia por los cupos en las universidades estatales es muy alta y los exámenes de ingreso son difíciles, además que las privadas son caras, por lo que los estudiantes encontraron en Bolivia una mejor opción. Sin embargo, este grupo afronta un enorme problema: las extorsiones. El mismo Cónsul de Brasil señaló que sus compatriotas sufren menoscabos por parte de policías, que hasta les piden ‘vacunas’, siendo que no es un requisito para su residencia.
El clima similar y el bajo costo de vida son los principales motivos por los cuales los cariocas deciden radicar en Santa Cruz. Una metodología de vida que han adoptado los estudiantes de Medicina o Ingeniería Petrolera, la segunda carrera más tomada por los brasileños, es arrendar una casa completa porque les resulta más económico. En la capital oriental un chalet de cinco habitaciones, más dos baños, cocina y sala de estudio, llega a costar desde $us 500, dependiendo de su ubicación. Entonces los estudiantes forman grupos y alquilan la vivienda.
Desde que se reforzó el ‘plan chachapumas’, estas casas de futuros médicos o ingenieros son blanco de policías de Interpol y Felcc, quienes detienen a los estudiantes, los incomunican, los hacen presa de pánico, le sacan todo el dinero que tienen, y luego los dejan ir con la condición de que en un breve tiempo deben reportarse y aportar su coima. ¡Qué nivel de corrupción!, así difícilmente Santa Cruz pueda volver a ser la histórica ciudad donde la hospitalidad es ley.
Lo más lamentable es que ya hemos aprendido a convivir con nuestros males, y los jóvenes estudiantes brasileños, obligados por su necesidad, se ven forzados ‘contribuir’ con la extorsión. Los pocos que se han atrevido a denunciar, han tenido sortear las amenazas de las autoridades.
"Venimos a Bolivia a estudiar medicina porque es más barato, el estudio en Brasil es muy caro y no todos tienen la posibilidad de estudiar en nuestro país, pero aquí sufrimos extorsiones desde Migración hasta la policía en las calles", denunció un estudiante de la Ucebol a un medio de comunicación local, que tuvo que esconder su identidad porque temía las represalias de sus oficiales extorsivos.
Este ciudadano extranjero alertó otra situación muy grave. Como en las oficinas de Migración tienen todos los datos de los estudiantes brasileños legalmente registrados, desde allí envían brigadas extorsivas a las viviendas de los jóvenes, y las mismas se repiten cada dos o tres meses, fecha en la que tienen que pagar una cuota o derecho de permanencia en el país, sino, son detenidos y amenazados con deportación por cualquier excusa de trámite en complicidad con funcionarios de Migración y la misma Interpol.
La comunidad brasileña ya ha alertado esta situación pero está temerosa porque ninguna autoridad policial o judicial la escucha. Temen que todo esté en combinación con las autoridades del gobierno de Evo Morales, por ello han acudido al Cónsul, quien denuncia pero ésta cae en saco roto.
Los ciudadanos del hermano país se han cansado de transmitir la burocracia existente para hacer la documentación, los hacen esperar mucho tiempo para que salga el visado para la residencia, ocasión ideal para que sean ‘visitados’ por los policías.
Las autoridades nacionales no se dan cuenta que la comunidad estudiantil ayuda a mover la economía local porque hay muchos alquileres, esa gente consume aquí, se ve también muchos brasileños en los supermercados, en los locales, y eso ayuda a mover la economía de la ciudad. Además las universidades privadas subsisten gracias a las mensualidades que dejan los súbditos brasileños. Solo en la Udabol hay 5.000 estudiantes de Brasil.
Es imperante resolver la problemática que tienen los estudiantes brasileños en Bolivia, porque son un aporte importante a la economía de la región, y si esto no se soluciona pronto, veremos cómo poco a poco desaparecen, al igual que los inversionistas agricultores que se marcharon del país por falta de garantías.
No olvidemos que somos "Hombres Libres".
Por ello "Siempre libres cruceños seamos"…
*Perseguido político