(Entrevista) Boris Santos Gómez Úzqueda, consultor del sector privado y analista en temas de desarrollo económico y energía, propuso que los principales candidatos a la presidencia de Bolivia Juan del Granado, Evo Morales, Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina “se comprometan a llevar adelante un proceso serio de deliberación de una reforma energética, para dar el paso de la nacionalización a la definitiva industrialización”.
El experto propuso que los candidatos presidenciales se comprometan a dar prioridad a una reforma energética a través de una “agenda mínima” para diseñar y construir de inmediato una Nueva Política Energética (NPE) de largo plazo que traspase el término del período constitucional de cinco años.
Del mismo modo recordó que Bolivia tiene una Ley de Hidrocarburos y una Ley de Electricidad que datan de 2005 y de 1996, respectivamente, que regulan el sector gas, petróleo y electricidad por lo que requieren reformularse.
En este marco, planteó que los candidatos presidenciales rijan sus propuestas en base a un decálogo de temas pendientes en energía, al que denominó “Reforma Energética Integral”, que deben ser urgentemente tratados.
A continuación de transcribe textualmente el planteamiento del experto:
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1. Debatir y elaborar en el parlamento una Ley de Hidrocarburos: que sea moderna, global, y que permita el acceso de capitales privados bolivianos e internacionales a toda la cadena de hidrocarburos.
2. Estructurar una Ley de Electricidad: para motivar la inversión en este rubro (termoeléctricas/hidroeléctricas) con énfasis en estas últimas, de manera que se liberen volúmenes de gas de termoeléctricas para destinarlos a agregación de valor.
3. Autorizar la utilización/administración de las reservas internacionales netas (RIN), hasta el 45% (de los $us 14000 millones) de manera que el Estado sea socio en los PPP (public private projects) de proyectos de industrialización. Muchos Estados del mundo comprometen dinero en proyectos energéticos.
4. Arrancar la industrialización a escala siguiendo una planificación estratégica y de acuerdo a requerimiento de mercados demandantes de productos derivados del gas natural (por ejemplo, énfasis en diésel a partir del gas, productos plásticos, úrea y otros). Que sea el quinquenio de la agregación de valor, re-lanzamiento del complejo gas-químico, LNG, DME y otros productos de nueva tecnología de industrialización del metano y para mercados externos.
5. Fortalecer rol del Ministerio de Hidrocarburos y Energía e YPFB. Aquí se plantea que el titular de esta cartera de Estado sea al mismo tiempo presidente de la estatal petrolera para que tenga el mando y capacidad política-institucional única para ser cabeza de sector. Ahora parece que dos cabezas dirigen el mismo.
6. Crear y consolidar una Agencia Reguladora de Energía, como en Colombia y México que esté a cargo de regular y fiscalizar las operaciones petroleras, gasíferas y de toda la cadena de hidrocarburos, con competencias alejadas de los mandos político-partidarios.
7. Abrir el sector a capitales externos: con el fin de permitir que en operaciones de escala de exploración, producción e industrialización participen compañías multinacionales conjuntamente con el Estado boliviano en condiciones de libre mercado, para destrabar a Bolivia y consentir desarrollar esa gigantesca reserva gasífera que tenemos y reducir al mínimo la pobreza que aún azota al país.
8. Auditoría de ingresos percibidos por venta de gas. Debemos conocer lo que se hizo con el dinero utilizado por ingreso del gas desde 2006 hasta la fecha, tomando en cuenta todo el government take que administró el Estado boliviano (nacional, departamental, municipal). ¿Qué se hizo con tanto dinero? ¿Quién lo administró? ¿Hubo impacto directo en la reducción de la pobreza?
9. Incentivar a la exploración a escala en todo el territorio nacional, cabalmente con la previa atracción de capitales pero asegurando certidumbres y certezas.
10. Mejorar condiciones de producción de gas y petróleo, modernizando la industria, tecnología y recursos humanos, además de ordenar inmediatamente una nueva certificación de reservas.
Para Gómez Úzqueda “los resultados a lograrse en el quinquenio son: crecimiento de la economía boliviana, posibilitar condiciones de competitividad para atracción de capitales en upstream/downstream, generación de cientos de miles de nuevos emprendimientos, tanto en el sector energético, como en el resto de la economía”.
Asimismo considera que se debe buscar que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, tengan más energía y a menor precio para que sean más rentables, crezcan y contraten más personal, con lo que estas reformas lograrán nuevas bases para el desarrollo económico.
Consultado acerca de la conformación del nuevo Parlamento, afirmó que este Poder del Estado tiene una tarea urgente e inmediata que es el dar el marco general de lo que será la reforma energética boliviana, sin perder en cuenta -por ejemplo- el contrato de venta de gas a Brasil que concluye en 2019, por lo que se debe ajustar volúmenes, precios, proyectos compartidos y visiones de largo plazo.
“Otra tarea pendiente es el mercado interno ante el déficit y falta de gas/combustibles/electricidad que impiden el crecimiento de la industria. Esta situación debe permitir un cambio de paradigma: que Bolivia no se atenga únicamente a la renta hidrocarburífera, sino siente las bases para generar venta de productos vía negocios en industrialización y así lograr “rentabilidad”, remarcó.
Reporteenergia.com