La Democracia cuesta plata


 Juan Francisco Gonzales Urgel La participación libre e igualitaria en el quehacer político está consagrada como un de- recho humano de primera generación en el texto de la Carta Universal de los Derechos Humanos: Artículo 21, 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

En las democracias modernas, los partidos políticos se han constituido en canales de participación y representación, y garantes del pluralismo. Las condiciones de igualdad de su concurrencia en el escenario político tienen su génesis, entre otros factores, en la disposición de recursos y su financiamiento.

Para evitar el compromiso excesivo con algún grupo de poder cuyos aportes económicos le permitiría tener influencia en la selección de candidatos, y en general la toma de decisiones, los Estados han incluido en sus legislaciones y aún en sus Constituciones, sistemas de financiamiento sujetos a controles y fiscalización. Esto último tiene capital importancia en países como Bolivia, donde la presencia de fondos provenientes del narcotráfico constituye un peligro constante para la calidad de la democracia.



16 países de América tienen un sistema mixto de financiamiento. En Chile el financiamiento es únicamente público mediante el acceso a los medios de comunicación; en Perú la vigencia de la nueva Ley de Partidos Políticos incluye el financiamiento público, y En República Dominicana es únicamente privado. Distinta modalidad se aplica entre los miembros del ALBA y los autodenominados “socialistas del Siglo XXI” pues en Venezuela no existe el aporte estatal y en Bolivia fue desterrado de la legislación el año 2008 con el D.S.3925, a pesar de que en ambos casos, tal financiamiento equivalía a menos del 0.5% de los presupuestos del Estado incluyendo el costo total de las elecciones por ciudadano.

Sin embargo, el escenario de las Elecciones Presidenciales del 2014 pone en claro que el gobierno no actúa movido por preservar los recursos públicos del eventual dispendio político pues el partido de gobierno (MAS) los utiliza como si fueran propios. De acuerdo con reportes periodísticos (El Día. 27 agosto 2012) “Gobierno gasta $us.9 millones en propaganda… Al respecto, la Ministra de Comunicación informó que desde enero hasta octubre de 2012 se habían efectuado 483 trasmisiones (de los actos de entrega de obras) a un coste de 3,5 millones de dólares”. Costos que, en escenario de campaña, se han multiplicado ostensiblemente y sobrepasan largamente el monto que el Estado boliviano destinaba al financiamiento de los partidos políticos (Bs.40 millones).

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Entretanto, campesinos, indígenas y otros sectores de la sociedad no tienen otra opción que ir “colgados” al partido de gobierno y condicionados a obedecer las consignas cupulares; o como minorías simbólicas clientelares en otras organizaciones políticas. Curiosa manera de ejercer la “visibilización” de la que supuestamente fueran objeto con el “proceso de cambio”, peor aún cuando la democracia directa ha sido copada por el voto corporativo.

Rebeca Delgado, Adriana Gil, y varios otros “libre pensantes” son claros ejemplos de lo que Evo Morales, Presidente-Candidato declaró en Sacaba, Cochabamba, el 30 de marzo “Si no son masistas, son fascistas” (Erbol, Pagina Siete).

No hay duda que la Democracia tiene costos económicos. No afrontarlos puede costarnos la pérdida de la igualdad, la participación, la representación,  el pluralismo y el derecho a pensar y actuar con autonomía de criterio. Ni hablar de la inclusión, retórica discursiva que no tiene sentido sin la garantía del respeto a la disensión. Sin todo esto, ¿qué frenos tiene el poder y sus actores para no sucumbir ante el abuso y la corrupción? Bajo esta perspectiva, recordemos que las dictaduras nos han costado más plata que todo el período democrático.

Algunos hablan de los 120.000.000 de dólares que llevamos gastados para sustentar el actual intento totalitario populista. Llegará el momento de sacar cuentas.