El teniente de policía boliviano ingresó ayer al vecino país, Juan José Laguna fue mano derecha del ex fiscal del caso Terrorismo, Marcelo Soza, también refugiado en Brasil.
Se refugia en Brasil porque teme por su vida
Caso extorsión. Se conoce que el policía investigador ingresó ayer al vecino país y consiguió un permiso de refugiado por un año calendario.
EL DÍA, Santa Cruz, Bolivia
Ref. Fotografia: Refugiados. Juan José Laguna (primero de la izq) en calidad de custodio de Soza.
Juan José Laguna, mano derecha del exfiscal Marcelo Soza, ingresó ayer al Brasil y consiguió refugio político con el argumento de que su vida corre peligro en Bolivia. El teniente de policía ingresó ayer al vecino país, según versiones extraoficiales.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El refugio que le concedió Brasil tienen vigencia de un año calendario a partir del 25 de septiembre de esta gestión. Se conoce incluso que Laguna debía asistir a una audiencia del caso contra Marcelo Soza, acusado de extorsión a familiares e imputados en el caso Rózsa. Laguna fue sindicado por la familia del excívico beniano, Alberto (Peri) Melgar, de ser el intermediario en el cobro de dinero exigido por Soza.
Escolta de los acusados. Por otro lado, el 7 de enero pasado, El Día publicó que Laguna era custodio de los detenidos del caso Rózsa.
En aquella oportunidad, el abogado Willam Vilar, de la actual candidata a senadora de Unidad Demócrata (UD), Carmen Eva Gonzales, quien sentó la denuncia contra Soza, criticó que el teniente Laguna haya sido designado como custodio de los detenidos.
Laguna fue citado posteriormente a declarar en calidad de testigo en el incidente de actividad procesal defectuoso, presentado por la defensa del general Gary Prado Salmón.
Declaró como testigo. El pasado 5 de agosto, Laguna dijo en calidad de testigo de descargo presentado por la defensa, que acompañó al exfiscal y extitular de la investigación del caso Rózsa, a una reunión en el Ministerio de Gobierno.
Aunque no especificó si era para sostener un encuentro con el ahora candidato a senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Carlos Romero. También en aquella oportunidad se contradijo cuando el abogado Gary Prado le preguntó si acompañó a Soza al Palacio de Gobierno.
Primero lo negó, pero después afirmó que ingresó por la parte posterior del edificio del Ejecutivo nacional a nombre de la Fiscalía General del Estado.
Laguna remarcó que todos los operativos de allanamiento en el caso Rózsa estaban a la cabeza de Luis Nolberto Clavijo. También lo acompañaba conduciendo el vehículo el extinto Carlos Núñez del Prado.
Sigue los pasos de Soza. En marzo de este año, Marcelo Soza pidió refugio a las autoridades brasileñas.
Desde allí, mediante una carta dirigida «Al Pueblo de Bolivia» y documentación entregada al Conare de Brasil, reveló el sembrado de pruebas, la compra de testigos y la injerencia gubernamental en el caso Rózsa. Enunció además que el operativo en el hotel Las Américas estaba plagado de irregularidades y señaló como ejemplo la ausencia de un fiscal durante la incursión policial en la que fueron abatidos tres ciudadano europeos.
Brasil da refugio a policía que protegía a fiscal Soza
CASO DE PRESUNTO TERRORISMO | La Comisión Nacional de Refugiados de Brasil otorgó un asilo temporal de un año a Juan José Laguna, quien, en días pasados, dijo temer por su seguridad y la de su familia
Los Tiempos
Oxígeno y ANF.- Juan José Laguna Saavedra, el oficial de policía que fue encargado de la seguridad de Marcelo Soza, cuando en su condición de fiscal estuvo a cargo del caso de presunto terrorismo, logró el refugio provisional en la vecina república de Brasil, según ha podido conocer ayer el periódico digital Oxígeno.bo.
Laguna Saavedra recibió en las últimas horas “el documento provisorio de identidad de extranjero”, que fue emitido por el Comité Nacional para Refugiados (Conare) de Brasil. El documento logrado tiene una vigencia de un año, hasta el 25 de septiembre de 2015.
De acuerdo con el documento, Laguna solicitó el refugio a las autoridades brasileñas de acuerdo con la Ley 9474, de 1997, que determina los mecanismos para la implementación del Estatuto del Refugiado de 1951.
Saavedra fue responsable de la seguridad del ahora exfiscal Soza, quien también se encuentra refugiado en Brasil, desde donde denunció que el caso de presunto terrorismo, que estalló el 16 de abril de 2009, fue manipulado para afectar a líderes de la oposición en Santa Cruz.
Durante la investigación de las denuncias de extorsión contra Soza, autoridades del Ministerio Público acusaron de delitos de concusión, extorsión, cohecho, uso indebido de influencias y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados al jefe de seguridad de Marcelo Soza, el capitán de policía Juan José Laguna Saavedra.
A principios de agosto, Laguna Saavedra dijo a un juez de Santa Cruz que temía por su vida y la de su familia. Admitió también que acompañó a Soza a algunas reuniones en el Ministerio de Gobierno, aunque no precisó los momentos en que se suscitaron esos encuentros, según una nota de El Deber.
El abogado de los acusados del caso terrorismo, Gary Prado, dijo ayer a la prensa que el oficial estaba citado por estos días a una audiencia de medidas cautelares en la que posiblemente se hubiera ordenado su detención.
El pasado 9 de septiembre, el Conare de Brasil determinó ampliar por un año el refugio temporal para Soza, quien se encuentra en el país vecino desde marzo de este año tras considerarse un perseguido político.
Renuncia de jueza haría perder dos años de juicio
Santa Cruz | Anf.- Ante la suspensión de la audiencia del caso de presunto terrorismo por la enfermedad de la jueza ciudadana Sonia Mamani el pasado viernes, que podría derivar en su renuncia al cargo y que también llevaría a reinstalar un nuevo tribunal, el abogado Gary Prado Araúz considera que este hecho podría hacer perder dos años de proceso judicial.
Prado, quien defiende en el proceso a su padre, Gary Prado Salmón, lamentó el perjuicio que podría causar la renuncia de la jueza, ya que nuevamente se tendría que iniciar con un nuevo tribunal y sortear nuevos jueces ciudadanos, recabar nuevamente las declaraciones de los más de 18 acusados presentes en el juicio.
“Hay que ver si es una baja temporal o si es una baja que no va a permitir continuar a la señora en el Tribunal y por lo tanto hay que anular el juicio y si ella ha presentado una carta renunciado al tribunal lo que corresponderá es anular el juicio (…) Se pierde dos años de juicio y volvemos a empezar la etapa de juicio oral”, dijo.