La analista de la Cepal alertó que el Gobierno de Evo Morales entra en una contradicción cuando impulsa una obra de infraestructura sin tener en cuenta los legítimos derechos de los indígenas en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis)
Fabiana Del Popolo resaltó que los Estados tienen que hacer más para respetar los territorios indígenas frente a programas de desarrollo. Foto: INTERNET
EL DEBER, La Paz
La Cepal estudió la situación de los pueblos indígenas en los últimos 10 años. La principal investigadora, Fabiana Del Popolo, habló con EL DEBER. Destacó la contradicción del Gobierno del presidente Evo Morales, que se considera parte de los pueblos indígenas, y las políticas de desarrollo que llevaron a la construcción de una carretera a través del Tipnis, que generó uno de los conflictos sociales más importantes de los últimos años.
¿Cuáles son los principales logros del informe Los Pueblos Indígenas en América Latina: avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos?
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Nosotros analizamos la situación de los pueblos indígenas en la última década y concluimos que han sido 10 años de ganancias para los originarios en América Latina.
Esto lo hemos constatado, no solo en términos de avances, el reconocimiento jurídico y legal, de una mayor institucionalidad, sino también con indicadores cuantitativos que nos muestran que, por ejemplo, hay importantes descensos en la mortalidad infantil, como así también un mayor acceso y permanencia en el sistema educativo. Pero junto con estos avances, seguimos constatando la enorme desigualdad que persiste en la región, en desmedro de los pueblos indígenas. Las inequidades no han desaparecido. También observamos que hay una brecha importante en la aplicación de los estándares internacionales sobre los pueblos indígenas.
Por ejemplo, si bien hay avances en el reconocimiento de los territorios indígenas, estos procesos se han limitado a la restitución de tierras, al reconocimiento de límites o con algún reconocimiento jurídico de las tierras. Sin embargo, poco se ha avanzado en el control de los recursos naturales. Por lo que quedan dimensiones importantes todavía sin resolver.
¿Cuáles son las causas de esta contradicción?
Siguen siendo poblaciones excluidas y marginadas, pero la información que sistematizamos nos da cuenta de que los Estados en América Latina han avanzado en la implementación de los derechos de los pueblos indígenas. En el campo de la salud, los 17 países de la región con pueblos indígenas tienen, por ejemplo, algún tipo de institucionalidad para la salud intercultural. Hace dos décadas atrás, eran muy pocos países los que contaban con estos mecanismos.
¿Hay un choque entre los derechos de los pueblos indígenas y las políticas de desarrollo económico que impulsan los Estados nacionales?
Ese es el meollo del asunto. El punto central de preocupación hoy tiene que ver con los derechos territoriales. El Relator de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas identificó 200 conflictos vinculados a las industrias extractivas de hidrocarburos y minería en territorios de los originarios, sin contar con los conflictos forestales asociados a la explotación de madera. Esto tiene que ver con este auge de desarrollo extractivista que se ha impuesto en América Latina. Con este auge primario exportador que tiene la región y cuando uno ve que las proyecciones del Banco Mundial hablan de que los precios por minería e hidrocarburos se van a mantener constantes, esto nos señala que la presión sobre los territorios indígenas va a seguir.
¿Cómo ven el caso del Tipnis?
El caso es muy complejo y plantea una paradoja. Nos preocupa en particular la forma cómo se abordó el caso Tipnis y porque así como este hay otros en Ecuador y otros países. Son las contradicciones de un mayor reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero por otra parte un aumento de la militarización de los territorios indígenas y de la criminalización por la defensa legítima de los derechos territoriales. Son conflictos de naturaleza muy diversa, pero básicamente, hemos observado varios problemas centrales. Por un lado, no hay un resguardo de los derechos jurídicos sobre los territorios indígenas. Tampoco se respetan los lugares sagrados de los indígenas. También hemos visto que hay una deficiente evaluación de los impactos ambientales, sociales y culturales de las obras públicas que no se hacen debidamente en estos proyectos extractivos. Y, finalmente, vemos un incumplimiento del deber estatal de consulta que apunta a garantizar el consentimiento libre, previo e informado, de forma tal que se sigue con las directrices que ya están establecidas en el sistema internacional. Todavía los mecanismos de consulta son muy imperfectos y débiles en la región. Esto tiene relación con la deficiente participación de los indígenas en los beneficios que se dan producto de la explotación de los recursos naturales. Es un mito pensar que los pueblos indígenas se niegan a todo.
Cuando se afecta un territorio, hay que ver cómo se da la mitigación de los impactos de los proyectos de desarrollo.
Evo Morales ha advertido recientemente que está dispuesto a revisar el estatus legal de los territorios indígenas. ¿Cómo ven esto?
Hay que examinar cada caso. No nos olvidemos que América Latina es la región más desigual del mundo. En Chile, también ha ocurrido. Comunidades indígenas logran la restitución de tierras y luego las arriendan. Creo que hay que mirar cuáles son las causas estructurales y cuáles las causas subyacentes para que los indígenas adopten estas decisiones. Antes de adoptar unas medidas, creo que se tendría que tener en cuenta estas situaciones. La legalización y la restitución de las tierras a los indígenas no son actos suficientes para el desarrollo de los originarios. Si esto no va acompañado con políticas de desarrollo productivo, de apoyo a la capacitación técnica, al empoderamiento de los actores sociales y al otorgamiento de créditos para acompañar esos procesos, de nada sirven las restituciones de tierras.
¿Cuáles son los riesgos y amenazas que enfrentan los pueblos indígenas?
No están exentos del proceso de urbanización que vive la región en las últimas décadas. Hay varios países de América Latina donde la mayoría de los pueblos indígenas ya viven en las ciudades. Puede ser una migración de larga data, donde hay una migración sistemática del campo a la ciudad y hoy nos encontramos con importantes asentamientos en los centros urbanos. En otros casos, son migraciones recientes, vinculados a los conflictos territoriales, la violencia, la criminalización de sus demandas.
Por lo que las brechas de desigualdad también se agrandan. Pero también hay casos, donde las ciudades se fundaron sobre territorios indígenas o la mancha urbana hizo que se incorporen sus territorios. Hay mucha diversidad. Esto tiene una cara negativa y otra positiva. En general, las condiciones de vida en las ciudades mejoran porque tienen un mayor acceso a los servicios del Estado. Pero, en algunas ciudades, la brecha entre los indígenas y los no indígenas es mayor, y sufren todo el peso de la discriminación, donde las mujeres indígenas y los jóvenes son los más afectados.