El máximo responsable de régimen penitenciario reconoce falta de control en los penales. La violencia se desbordó en El Abra (Cochabamba) por pugnas de poder.
LOS TIEMPOS, Cochabamba
Más de 200 policías tomaron el control de la cárcel de El Abra al día siguiente de la matanza de los cuatro internos, el pasado 14 de septiembre, al finalizar una fiesta permitida por la representación distrital de Régimen Penitenciario y el gobernador. Foto Los Tiempos
La Dirección Nacional de Régimen Penitenciario atribuye los sucesos ocurridos en El Abra a las extorsiones, amenazas y tiranía.
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La matanza en la cárcel de El Abra fue el desenlace de extorsiones y amenazas que ya llegaban a la tiranía. Las historias de maltrato, violaciones y cobros son múltiples; sin embargo, bastó que una de las víctimas J.U. rompa el silencio para descubrir los nexos que los dirigentes de los internos tenían con funcionarios de Régimen Penitenciario y policías.
En repuesta a un cuestionario elaborado por Los Tiempos, el director Nacional de Régimen Penitenciario, Raúl Massud, explicó que la violencia en las cárceles tiene relación con problemas estructurales como la retardación de justicia.
“Nuestra política de régimen penitenciario busca resolver los problemas de fondo causados por la retardación de justicia y el hacinamiento. Esto hace imposible la clasificación de las personas privadas de libertad por delitos y gravedad”.
La autoridad reconoció que estos problemas no han permitido implementar programas reales y eficaces de rehabilitación, pero que ahora la educación, trabajo rentable y apoyo psicológico para los internos serán una prioridad.
Dijo que la política criminal en el país es “integral” y está relacionada con varios elementos de la tecnificación del delito, el fortalecimiento de la Policía, la legislación de seguridad, el control fronterizo y la incorporación del régimen penitenciario a la seguridad ciudadana.
Remarcó que uno de los problemas más graves es la retardación de justicia, provocada por una administración poco transparente de los procesos penales. “De los casi 15.000 privados de libertad, cerca del 85 por ciento son detenidos preventivos, sorprendentemente muchos de los cuales ya superan los diez años de detención preventiva sin contar aún con una sentencia”, dijo.
En el caso de la violencia que se desbordó en El Abra, Raúl Massud atribuyó lo ocurrido “a una mala gestión, tanto administrativa (descontrol sobre las actividades de los privados de libertad, especialmente de los dirigentes) como de seguridad, encontrándose incluso indicios consistentes sobre vínculos de corrupción entre el Director Departamental de Régimen Penitenciario y dirigentes de los privados de libertad”.
Añadió que los delegados “cometían una serie de excesos y abusos como extorsiones y amenazas, entre otros, que rayaban en la tiranía sin ningún control de los funcionarios que se encontraban en ese entonces a cargo de la administración penitenciaria”.
El encargado de Régimen Penitenciario dijo que ninguna sociedad, ningún pueblo, por más que se encuentre en prisión está dispuesto a aguantar permanentemente la tiranía. “Por eso es que se llegó a esta situación totalmente lamentable. Sin embargo, ya se está trabajando con equipos de inteligencia de la Policía Boliviana para evitar que se encarame un nuevo grupo de poder en El Abra”, agregó.
Después de la muerte del delegado de disciplina de El Abra, Ariel Tancara, que incluso fue despreciado a través de un ritual por el hampa, se cambió a todo el personal de la cárcel. Sin embargo, aún muchos de los internos son amedrentados para que no denuncien los cobros que realizaba el jefe de disciplina, según un expolicía que estaba preso por robo y secuestro.
La representación del Defensor del Pueblo en Cochabamba anunció que en diez días más emitirá un informe con recomendaciones sobre los sucesos ocurridos en El Abra.
La Dirección Nacional de Régimen dijo que después de lo ocurrido en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz y El Abra en Cochabamba se encaran proyectos inmediatos y a mediano plazo.
Manifestó que entre las acciones urgentes está mejorar la seguridad de los penales con la instalación y funcionamiento de cámaras. También, se reacondicionará una cárcel para que se constituya en un centro de máxima seguridad para los reos que no quieran rehabilitarse. Se proyectan talleres para producción industrial, producción de abono orgánico y agricultura.
Explicó que también se espera que el Ministerio Público esclarezca lo ocurrido en El Abra con celeridad y transparencia.
SEÑALES DE CRISIS
El abogado constitucionalista, José Antonio Rivera, expresó a través de un análisis denominado: “Régimen Penitenciario y los derechos humanos” que los sucesos ocurridos en El Abra, el 14 de septiembre, tienen una triple connotación.
Siguió: “De un lado, muestran la ausencia de una política criminal; de otro, se constituyen en una de las manifestaciones de un problema más profundo como es la crisis de Régimen Penitenciario en Bolivia; y, finalmente, demuestran la sistemática violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad” en los centros de detención bajo la protección de Estado.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió varias recomendaciones, según el texto citado de José Antonio Rivera, entre ellas: 1) reglas mínimas para el tratamiento de reclusos; 2) principios básicos para el tratamiento de reclusos; y 3) conjunto de principios para la protección de personas sometidas a cualquier forma de detención.
La violencia se desborda en El Abra por pugnas de poder
SEGURIDAD | La matanza acontecida en el penal de El Abra continúa en proceso de investigación; sin embargo, se conoce que pudo haber sido provocado por una pugna de poder entre los internos que estaban disconformes con el trato de “El Tancara”
Familiares de presos de El Abra afuera de la cárcel, después de la matanza. – José Rocha Los Tiempos
Cochabamba, LOS TIEMPOS.- El Abra ha dejado de ser la cárcel de máxima seguridad para convertirse en un lugar sin perdón, donde la mercantilización de la justicia ha llegado a su cúspide y todo tiene un precio. Los reos gobiernan a los reos y la Policía sirve de fachada para que los internos más peligrosos cometan atrocidades contra los internos de “la mancha”, como se llama a la población que no tiene privilegios y calla los vejámenes.
La matanza del pasado 14 de septiembre que puso fin a al imperio de Ariel Tancara Sandagorda alias “El Tancara” y al sueño de formar una mara en Bolivia de Sergio Arce Aranibar alias “El Lucifer” mostró los abusos que cientos de personas sufrían cada día sin que las instancias establecidas, como la Policía, intervengan.
Recién, fuentes cercanas al caso, revelan que el manejo de El Abra está relacionado con la administración de todas las cárceles y con un mercado importante de microtráfico de droga. Al punto que hay personas que afirman que la droga es más barata en la cárcel que en las calles.
También se sospecha de la existencia de una red de extorsión con ramificaciones en la Policía, juzgados y Régimen Penitenciario. Una evidencia de esto son las denominadas “salidas camufladas” que realizaban el delegado del penal Ariel Tancara y otros internos con complicidad policial.
“El Tancara” fue sorprendido en tres ocasiones fuera de la cárcel en actividades irregulares como paseando con sus custodios y en un local. En todas las oportunidades mostró un permiso judicial que establecía el motivo y horarios de su salida. Sin embargo, éste abusaba de los permisos. Pero, nunca fue procesado por esto.
Matanza
La violencia se desbordó en El Abra el pasado 14 de septiembre cuando una balacera cobró la vida de tres internos, entre ellos la del delegado de disciplina Ariel Tancara. En tanto que una cuarta víctima, Sergio Arce alias “El Lucifer, fue brutalmente apuñalado, acusado de asesinar a Tancara.
Algunos de los testigos que presenciaron el hecho contaron que las luces se apagaron y todo se tornó en oscuridad, situación aprovechada por cuatro encapuchados vestidos de negro quienes comenzaron a disparar hiriendo a 11 y matando a cuatro personas.
En la fiesta participaron esposas de los internos y sus hijos quienes permanecieron toda la noche y madrugada del día en el recinto; mientras, los cuerpos de Ariel Tancara alias “El Tancara”, Gustavo Tovar alias “El Pilas”, Humberto Gonzáles Olmedo alias “El Ch’ila Tigre” y Sergio Arce Aranibar alias “El Lucifer” estaban en el patio.
El cuerpo más golpeado fue el de Arce, a quien le destrozaron el cráneo con golpes de bates de béisbol y tenía varias heridas de arma blanca en la espalda. Entretanto, en dos cuerpos, uno de ellos de “El Tancara” se realizó un ritual. De acuerdo, con varias interpretaciones los internos llenaron la boca de las víctimas con galletas en señal de desprecio por los actos que cometían. En el caso de “El Tancara”, además, colocaron llaves en las heridas de las balas, aparentemente para que la víctima no puede acceder al cielo.
Según las creencias, de esta forma el hampa demostró su desprecio por “El Tancara”, quien había cumplido ya cuatro años de los cinco a los que fue condenado.
El conflicto habría surgido semanas antes de la balacera, cuando en una reunión de delegados, un grupo pidió que “El Tancara” comparta el 30 por ciento de las ganancias por el cobro del “derecho de vida”, “derecho de piso” y por las transacciones que se realizan por la venta de productos y por las visitas conyugales. Sin embargo, Tancara se habría negado.
Las víctimas de los disparos contaron que pidieron auxilio a los policías que estaban de turno ese día, pero “la Policía no quería abrir la puerta para auxiliar a las víctimas”. Los uniformados no lograron controlar la situación, se limitaron a vigilar el perímetro y el área de ingreso, ya que existía el riesgo de fuga de los internos.
Sin embargo, lo que llama la atención es cómo ingresaron las armas y otros objetos contundentes al recinto penitenciario. A ello se suma que durante la fiesta se consumió bebidas alcohólicas como chicha, cerveza, ron y droga en presencia de los uniformados que controlaban que no existan peleas, pero no prohibían el consumo de estos elementos.
Además, “El Tancara” contaba con un polígono para practicar.
LA “MEJOR” CÁRCEL DE COCHABAMBA
Según algunos de los familiares de los privados de libertad de la cárcel de El Abra, este recinto es el “mejor” de todos los que existen en el departamento por la comodidad y espacio que tiene. A ello se suman las diferentes actividades de las que pueden ser parte y generar recursos mediante las ocho terapias ocupacionales que se realizan en el interior.
Con el apoyo de Régimen Penitenciario y otras organizaciones sociales, se logró que de lunes a sábado durante ocho horas los internos inscritos en las áreas de Pelotería, Carpintería, Costura, Agricultura, Cerrajería, Artesanía, Pintura y Pirograbado puedan realizar trabajos que les permiten obtener perdón judicial de un día por cada dos de trabajo.
Asimismo, los privados de libertad pueden acceder a cursos de profesionalización. En el caso de quienes no lograron culminar su bachillerato, el Centro de Educación Alternativa Simón Rodríguez ofrece cursos en el nivel secundario, mientras que Alfa Lit brinda especializaciones a nivel técnico medio para quienes lo deseen y sin que ello afecte a sus horarios de trabajo.
En el campo deportivo, los reos de este penal de máxima seguridad como de otros cinco recintos: San Antonio, San Sebastián Varones, San Sebastián Mujeres, San Pablo de Quillacollo y San Pedro de Sacaba participan de un campeonato que dura dos días una vez al año.
Otro beneficio de encontrarse en esta cárcel a diferencia de San Sebastián Varones, indica una de la esposas de un interno son las conyugales, cuartos en los que existe una cama, su baño y, en otros casos televisores, donde a pedido del preso pueden pasar un día entero e incluso dormir allí.
VIOLENCIA DIARIA
La matanza de internos en El Abra, el pasado 14 de septiembre, reveló el fracaso de las políticas de rehabilitación y confirmó que los penales son depósitos humanos. Además, de una fuente de extorsión para los reclusos más peligrosos con nexos con la Policía, Régimen Penitenciario y jueces.
La violencia que se desencadenó en el penal de máxima seguridad, durante una fiesta en devoción a la Virgen de Urkupiña, visibilizó el cansancio de los internos frente a los abusos que cometía el jefe de disciplina, Ariel Tancara, aparentemente con el aval del delegado de la cárcel, Aníbal Camacho; los demás delegados y de los responsables de seguridad del recinto.
Hoy se conoce que los abusos, vejámenes y humillaciones eran cotidianos en la cárcel y que formaban parte de un mecanismo de extorsión que operaba dentro y fuera la cárcel.
Maltrato
Los internos recién llegados vivían una pesadilla al ser enviados a los bloques 3B y 3C, donde se encuentran los internos más conflictivos y con problemas de adicciones a las drogas, según fuentes que pidieron reserva de identidad.
En un principio no se les dejaba dormir. Si alguien intentaba cerrar los ojos, vencido por el cansancio, recibía golpes y se le quitaba o mojaba su frazada. Pero, la violencia se incrementaba si el interno no podía pagar el “seguro de vida” y “derecho de piso”. Pero, si los familiares se demoraban en pagar, el interno era electrocutado, además de vejado. En caso, de que el desembolso se demorara aún más, el interno era obligado a permanecer despierto y de pie toda la noche con los pies remojados en lavandina.
Pero, los castigos no terminaban con el pago del “seguro de vida”. Una vez en la población los internos continuaban siendo extorsionados a través de la exigencia de aportes para organizar fiestas, comprar disfraces y materiales para el mantenimiento de la cárcel.
Pero, si los reclusos hacían algo que molestaba al jefe de disciplina eran castigados de múltiples maneras. Uno de ellos consistía en ponerlos en el patio con los brazos extendidos, en los cuales se colgaba ropa para secar. Los internos no podían moverse hasta que las prendas estén secas. Sin embargo, si el delegado de disciplina seguía disgustado ordenaba que las personas continúen a la intemperie y disponía que la ropa se vuelva a mojar.
Nexos
Exreclusos de El Abra contaron que algunos internos podían salir de la prisión para realizar visitas a los familiares de los detenidos recién llegados para verificar si realmente no podían pagar el “derecho de vida”.