Emilio J. Cárdenas*
Insólitamente el Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC) de las Naciones Unidas endosó unánimemente la candidatura de Venezuela como Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad. En función de ese equivocado endoso, que -una vez pronunciado- suele respetarse como si fuera sacrosanto, la Asamblea General de las Naciones Unidas eligió, hace muy pocos días, a la Venezuela “bolivariana” para ocupar uno de los asientos no-permanentes por el período 2015-2016. Esto sucedió pese a que era meridianamente claro que la Venezuela de hoy no comparte los propósitos y principios enunciados en el artículo primero, inciso tres de la Carta de las Naciones Unidas. Para nada.Transcurridas apenas algunas horas de la designación de Venezuela al Consejo de Seguridad, el ex conductor de ómnibus para transporte público, Nicolás Maduro Moros arremetió contra las Naciones Unidas.Lo hizo acusando nada menos que al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, de “insensato”. La horrenda falta de respeto tuvo origen en la petición de excarcelación formulada respecto del corajudo líder opositor, Leopoldo López.Maduro, un hombre sin formación alguna que ha llevado a Venezuela al abismo y que hoy sólo tiene el 29% de aprobación de su pueblo, acusó a Zeid de “haberse excedido en su mandato exhibiendo un total desconocimiento a los límites de su ámbito de actuación”. Agregando que Zeid es parte de una “manipulación mediática internacional, que ha sido denunciada por la alta dirigencia del Gobierno Bolivariano”.La verdad es muy otra. Venezuela ha abandonado el sistema de protección de derechos humanos y libertades esenciales de la Organización de Estados Americanos, con el obvio propósito de poder pisotearlas impunemente. Venezuela ha deformado las instituciones democráticas de su país, hasta hacerlas irreconocibles. Y, peor aún, la justicia de Venezuela no es independiente, ni imparcial.Es claramente un verdadero escándalo que un miembro recién electo al Consejo de Seguridad le falte abiertamente el respeto al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hecho que, sin embargo, no sorprende. Porque todo en derredor de Nicolás Maduro Moros es un escándalo.Cabe recordar que la detención de Leopoldo López, calificada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como “prolongada y arbitraria”, tiene que ver con las protestas callejeras de febrero de este año. Ellas dieron lugar a la detención de 3.300 personas; a 150 casos de malos tratos y a distintos episodios de tortura, que hasta ahora están absolutamente impunes, de los que es obviamente responsable directo el propio Nicolás Maduro Moros, que dispuso la represión y es el jefe del cuestionado gobierno bolivariano.Para Venezuela, la actuación del Alto Comisionado es “ingerencista, falsa e infundada” y ha “lesionado la dignidad y el decoro” de Venezuela. Según Maduro, Venezuela juzga a Leopoldo López en el “marco del estado del derecho”. Nuevamente, llama la atención que un futuro miembro del Consejo de Seguridad formule esas groseramente torcidas manifestaciones, que sólo son un adelanto de las continuas faltas de respeto que previsiblemente derivarán en la actuación de Venezuela en el organismo de las Naciones Unidas al que cabe, nada menos, que la responsabilidad primordial en el manejo de la delicada agenda que tiene que ver con la paz y seguridad del mundo.Para algunos, seguramente “habrá que alquilar balcones” para seguir de cerca la actuación de Venezuela en el Consejo de Seguridad. Que sea, como todo en el mundo bolivariano: cínica e hipócrita. Controvertida, dirán algunos. Inaceptable, para otros.Nos da una profunda pena contemplar como y hasta que punto se ha degradado el respeto hacia el derecho en nuestra región. Más aún, cuan poco importan la defensa de las libertades, de la verdad, y de los derechos humanos de todos los habitantes de América Latina.La equivocada elección de Venezuela al Consejo de Seguridad es apenas una demostración de la situación real del estado de derecho en América Latina y del enorme cinismo con el cual, parafraseando al presidente uruguayo José Mujica, “lo político es más importante que lo jurídico” en nuestra región. Frase absolutamente atroz que pasará a la historia como la mejor síntesis de lo que ocurre hoy en el funcionamiento de nuestros gobiernos y de nuestros organismos regionales.*Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones UnidasEl Diario Exterior – Madrid