Maggy Talavera
Entre muchas tradiciones perversas que deberíamos romper en 2015 está una muy bien descrita por el abogado Juan Carlos Bravo Román: la de creer que los derechos son un enunciado formal, sin posibilidad de materializarse. Nada puede ser más perverso que quitarle contenido, sentido y peso a la justicia, porque, como argumenta Bravo, ese es el camino para perder de entrada cualquier causa o demanda que busca resarcir daños y frenar y castigar a quienes los provocan.Elijo esta batalla, conscientes de que no es la única importante a librar cada año, porque hoy estoy más convencida que nunca de que no hay mejora posible sin una administración correcta del Poder Judicial. Digo poder y no órgano, a sabiendas del cambio de nombre impuesto en Bolivia, convencida también de que es necesario devolver a la justicia todo su poder e independencia, arrebatados a lo largo de décadas de violaciones cometidas gracias a otra tradición perversa: el abuso del poder de los gobernantes de turno.La elijo además ahora, en víspera del reinicio del juicio abierto contra tres magistrados del Tribunal Constitucional, uno de varios impulsados con fines políticos desde el Gobierno central. Este lunes volverán los magistrados al estrado instalado en el Legislativo, llevarán a sus testigos para que respondan a una comisión de fiscales en la que el gran ausente será nada menos quien la presidía, ya que renunció a su función para habilitarse como el candidato del MAS a gobernador en Potosí.Destaco esa renuncia porque prueba el vínculo político de los acusadores con el Gobierno. Ninguna novedad, dirán muchos, pero es parte de la tradición perversa que estamos en la obligación de denunciar y romper. Este es un caso emblemático que deja en evidencia no solo la mala actuación de los que llevan adelante el juicio y la apatía de quienes miran de palco, sino la perversidad de quienes operan tras bambalinas. Que lo diga el magistrado Cusi, expuesto como “doblemente peligroso” nada menos que por el ministro de Salud.Ya sabemos que el ministro no actuó por motu proprio, sino que obedeció órdenes de sus superiores, y por eso no renunció ni fue echado del Gobierno. Otra tradición perversa a ser superada, meta que también es parte de la lucha por justicia que, insisto, debe ser la prioridad en 2015. No lo agradecerán solo los magistrados, privilegiados entre muchos, sino los cientos de miles de bolivianas y bolivianos que padecen hoy un calvario por culpa de esa tradición perversa que nos hace creer que luchar por justicia es una causa perdida.El Deber – Santa Cruz